Cuando Hosni Mubarak fue expulsado del poder en febrero de 2011 en Egipto tras un levantamiento popular, los líderes militares que asumieron el control del país prometieron «proteger la revolución» y asegurar una transición pacífica a manos civiles en seis meses.
"El consejo militar nunca protegió la revolución. Solo se protegió a sí mismo", dijo el activista Ahmed Maher, uno de los arquitectos del levantamiento que terminó con el régimen de Mubarak.
El año pasado, los egipcios elogiaron al ejército por haberse negado a disparar contra los manifestantes en las protestas contra el régimen, que duraron 18 días, pero la popularidad de las Fuerzas Armadas cayó en picada en los últimos meses, mientras crece el malestar público por la continua represión y el lento ritmo de las reformas.
Muchos afirman que, desde la salida de Mubarak, los generales tomaron medidas para preservar los privilegios que la institución militar ha gozado desde que el ejército dio un golpe de Estado hace casi 60 años.
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El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, integrado por los altos mandos militares de la era Mubarak, fue objeto de duras críticas cuando pretendió elaborar una legislación que le daba autoridad sobre cualquier parlamento electo.
La propuesta fue descartada ante la fuerte oposición de activistas y movimientos políticos, que condenaron los esfuerzos de los militares por consolidarse en el poder político y sacar el presupuesto castrense del control civil.
Los generales gobernantes tienen importantes intereses económicos en juego, incluyendo el control de 30 por ciento de la economía egipcia, por unos 180.000 millones de dólares, y un estipendio anual de Washington por 1.500 millones de dólares a cambio de mantener la paz con Israel.
Altos mandos militares controlan los negocios y los balnearios turísticos, así como fábricas que producen todo, desde armas y vehículos hasta vestimentas y agua embotellada.
"Los militares controlan muchos sectores económicos, y ahora el gobierno, que regula esos sectores", dijo Ahmed Sakr Ashour, profesor de administración en la Universidad de Alejandría. "Puede ver por qué no quieren ceder", agregó.
El Consejo Supremo, liderado por quien fuera por mucho tiempo ministro de Defensa bajo la era Mubarak, Mohamed Husein Tantawi, prometió ceder el poder a un gobierno civil electo, pero sigue hallando excusas para prolongar su control. Los generales trazaron un camino para la transición política del país demasiado intrincado y oscuro.
La nueva cámara baja del parlamento egipcio se reunió el lunes 23, pero podría tomar otro mes para que se completen las elecciones de la cámara alta.
Los generales solo aceptaron acelerar las complejas elecciones, con varias rondas de votación, luego de que se produjeran mortales combates en noviembre, en medio de protestas para que se apresurara la transición.
El Consejo también adelantó los comicios presidenciales para junio, originalmente estaban previstos para inicios de 2013.
Los militares se han resistido a derribar las instituciones que apoyaban al represivo régimen de Mubarak. Una corte ordenó desmantelar al exgobernante Partido Nacional Democrático, y sus antiguos líderes fueron sometidos a juicio, pero las autoridades mostraron deferencia hacia el propio Mubarak y su círculo más íntimo.
Muchos egipcios expresaron su indignación ante imágenes de vídeo que mostraban a policías asignados a la seguridad de un tribunal saludando al exministro del Interior Habib El-Adly cuando ingresaba, sin esposas ni escolta, para ser juzgado por cargos de asesinato.
Los fiscales señalan que El-Adly ordenó a las fuerzas policiales bajo su comando abrir fuego contra manifestantes durante el levantamiento del año pasado.
Activistas sostienen que los jueces son indulgentes con oficiales de policía acusados de matar a cientos de manifestantes durante el levantamiento, y afirman que los cambios en el Ministerio del Interior son puramente cosméticos.
Muchos altos funcionarios implicados en abusos todavía no han sido despedidos ni responsabilizados.
Esa indulgencia contrasta con la actitud del gobierno castrense ante la población. Desde que fue derrocado Mubarak, personal de seguridad ha usado la fuerza para dispersar manifestaciones, particularmente las críticas a los militares.
En septiembre, el Consejo Supremo renovó y expandió las leyes de emergencia de la era Mubarak, que le dan a la policía el derecho a arrestar sin motivo ni orden judicial.
Más de 12.000 civiles, incluyendo manifestantes, han sido juzgados sin las debidas garantías en tribunales militares. Muchos se quejan de tortura y abusos en las prisiones, mientras algunas mujeres denunciaron haber sido sometidas a humillantes "pruebas de virginidad" estando bajo custodia.
"Los gobernantes militares de Egipto han fracasado por completo en el cumplimiento de sus promesas a los egipcios de mejorar los derechos humanos, y en cambio han sido responsables de una serie de abusos que en algunos casos exceden el historial de Hosni Mubarak", señaló la organización Amnistía Internacional.
La mano dura del Consejo Supremo para con el activismo callejero coincidió con una campaña de difamación contra varios grupos de derechos humanos.
Los generales utilizan el aparato de medios del Estado para desacreditar a los oponentes, mostrando a los manifestantes y a las organizaciones que supervisan las elecciones como agentes del exterior que buscan socavar la soberanía nacional.
Los militares repetidamente hablan de una "mano invisible" que incita enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, que dejaron más de 80 personas muertas y miles de heridos en los últimos tres meses.
"La mano invisible es el propio Consejo Supremo", dijo Negad El-Borai. "El ejército golpea a las personas, mata a manifestantes en las calles y no ha implementado ninguna de las demandas de la revolución, y esa es la razón de la violencia".
