Los empedrados muros exteriores de la mezquita construida en el siglo XII por la dinastía Ayyubid, en el centro de la parte israelí de esta ciudad, ostentan las cicatrices de un intento de incendio. A modo de firma, figura el grafiti «el precio que hay que pagar».
Los ataques que se atribuyen esa autoría son perpetrados por colonos judíos contra palestinos y sus propiedades. Implican no solo pintadas e incendio de mezquitas, libros de rezos y automóviles, sino también la extracción de raíz de los olivos de la zona y la destrucción de cultivos.
Pero en estos días, además, los colonos también dieron rienda suelta a su ira contra soldados y bases militares de su propio país.
El lunes 12, una decena de colonos ingresaron en un área militar cerrada en la frontera entre Israel y Jordania, atrincherándose en iglesias vacías ubicadas cerca de un sitio bautismal cristiano sobre el río Jordán.
Se trató de una acción dirigida a la oposición del rey Abdulla, de Jordania, al planeado desmantelamiento de un pasaje conocido como el puente Mughrabi, por temor a que este colapsara.
[related_articles]
Ese puente permite que turistas judíos y policías israelíes accedan a pie al complejo sagrado ubicado dentro de la amurallada Ciudad Vieja de Jerusalén. Los judíos conocen al lugar como Monte del Templo y los musulmanes lo llaman Noble Santuario.
El plan inicial era destruir la estructura de madera y reemplazarla por una más segura. Sin embargo, tras reiteradas peticiones del rey jordano por temor a que esto inflamara los ánimos musulmanes, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó suspender el plan. Entonces el puente se clausuró.
Finalmente los colonos fueron evacuados de las iglesias y 15 de ellos fueron detenidos. Pero el cierre del puente se revocó, decidiéndose reforzar su estructura actual.
Durante la misma noche de la toma de las iglesias, decenas de colonos invadieron, arrojando piedras, una base militar israelí clave, ubicada en la ocupada Cisjordania. Quemaron neumáticos, destrozaron vehículos e hirieron levemente al comandante de la base.
Los colonos reaccionaron así a los rumores sobre una orden de demolición contra viviendas de sus asentamientos construidas en tierras palestinas y que la Suprema Corte falló son "ilegales".
Las habituales condenas por parte de Netanyahu, de oficiales del ejército e incluso de los dirigentes de los colonos, pusieron de relieve la conmoción que causó el ataque a la base, así como la impotencia de las autoridades civiles, judiciales y militares. Un exministro de Defensa sugirió que el ejército domine al fantasma de una insurgencia de colonos disparándoles a sus agresores judíos.
El actual titular de esa cartera, Ehud Barak, invocó la necesidad de aprobar "legislación de emergencia", "expulsiones" de elementos radicales de los asentamientos y "detenciones administrativas". Esto último es un procedimiento extrajudicial que implica arrestar sin cargos o juicio de por medio y que se impone a palestinos que plantean un "riesgo a la seguridad".
"No hay dudas de que esto es comportamiento terrorista", declaró Barak a la radio del ejército, preguntándose en voz alta: "¿Es esto una organización, individuos? ¿Cómo se los puede definir colectivamente?".
Horas después, un grupo organizado de colonos radicales "expulsados" que había sido "reubicado" en Jerusalén y del que se sospechaba perpetró el ataque incendiario contra la histórica mezquita, se enfrentó con fuerzas policiales que llegaron para arrestar a sus integrantes.
Al persistir e intensificarse los ataques firmados "el precio que hay que pagar", que desataron reacciones impulsivas dentro del sistema político israelí, Netanyahu finalmente aprobó el miércoles 14 la emisión de órdenes de detención administrativa contra colonos radicales y juicios en tribunales militares que permitan sentencias rápidas y castigos más severos.
Pero rechazó la recomendación de la izquierda en cuanto a que estos atacantes sean oficialmente calificados como "organización terrorista". Esa medida habría permitido la aplicación de legislación antiterrorista contra colonos extremistas, lo que es todo un anatema para la mayoría de los israelíes, acostumbrados a llamar "terroristas" a los palestinos que arrojan piedras.
El viernes 9, durante un enfrentamiento entre soldados israelíes y manifestantes palestinos cerca de la aldea cisjordana de Nabi Saleh, el activista desarmado Mustafa Tamimi fue herido en la cabeza cuando un soldado le disparó de cerca una lata de gas lacrimógeno. Tamimi falleció a raíz de su herida.
Aunque no tiene relación con los hechos de la mezquita, este incidente mostró la flagrante desigualdad en la respuesta a los disturbios.
A menudo, los colonos que arrojan piedras a soldados y a palestinos enfrentan arrestos e interrogatorios antes de ser enviados a sus casas con una reprimenda o forzados al "exilio" dentro del propio Israel. En cambio, es posible que los palestinos que arrojan piedras a colonos o soldados israelíes vayan a la cárcel o mueran.
Como el ejército no es responsable de hacer que los ciudadanos israelíes cumplan la ley eso es tarea de la policía, junto con los servicios generales de seguridad conocidos por sus iniciales hebreas, Shin Bet-, los disturbios causados por colonos continúan incólumes.
Pero Netanyahu decidió dar al ejército la potestad de arrestar a colonos radicales.
Además, la policía israelí en Cisjordania da señales de impotencia, e incluso de "negligencia" e "incompetencia", según una investigación publicada en el diario liberal Haaretz.
El informe concluyó que, a menudo, los cargos contra los colonos (e incluso contra los palestinos) a menudo se cierran sin que haya un juicio, o son desacreditados en tribunales, debido a que la policía no lleva a cabo investigaciones adecuadas.
Netanyahu también decidió ampliar los equipos que investigan los ataques cometidos por colonos, y que se les asignen más recursos.
De todos modos, persiste el origen del problema. El sistema de la justicia militar de Israel rige sobre los palestinos de Cisjordania desde 1967. Particularmente el futuro de los asentamientos creados por los colonos sin una aprobación formal del gobierno es un tema urticante desde sus inicios, en los años 90.
En 2005, la extitular del Departamento Penal de la Fiscalía del Estado Talia Sasson publicó un informe histórico sobre este asunto. Encargado por el entonces primer ministro Ariel Sharon, la investigación concluyó que el gobierno israelí era culpable de violar institucionalmente la ley y de robar tierras palestinas para establecerse de modo encubierto sobre un centenar de "ilegales puestos de avanzada".
La ironía es que esos puestos fueron una iniciativa que tomó en 1997 el propio Sharon, quien en aquel momento era el ministro de Relaciones Exteriores de Netanyahu y había urgido a los colonos a apoderarse de las cimas para impedir el establecimiento de un Estado palestino.
El informe recomendó una investigación penal contra quienes presuntamente habían participado en esa estrategia, pero luego se archivó. Reiteradas órdenes judiciales presionaron desde entonces a los sucesivos gobiernos para que abordaran esta cuestión.
Netanyahu, nuevamente en el poder, tiene hasta marzo de 2012 para desmantelar el "puesto ilegal" de Migron. Construido sobre tierra palestina, este creció con el tiempo hasta llegar al tamaño de un asentamiento "autorizado".
