El Senado de Brasil aprobó un nuevo Código Forestal en medio de críticas ecologistas y elogios de sectores vinculados a la gran agricultura. El proyecto debe volver a la cámara baja y ser sancionado por la presidenta Dilma Rousseff para convertirse en ley.
La reforma, aprobada el martes 6 por 59 votos a favor y siete en contra, reglamenta la preservación de los bosques en relación a las actividades económicas que utilizan el suelo y los recursos naturales.
Se modifica así el Código Forestal vigente desde 1965, convirtiéndolo no en una "ley ambiental, sino en una ley más de uso agropecuario del suelo", lamentó en un comunicado la organización Greenpeace.
El texto "tiene tres problemas: estimula la deforestación, amnistía delitos del pasado y disminuye la protección de las selvas todavía en pie", resumió para IPS el coordinador de la campaña de Amazonia de Greenpeace Brasil, Márcio Astrini.
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El punto más polémico es el que amnistía a los propietarios que hayan deforestado las áreas de preservación permanente (APP) hasta 2008, si bien para evitar las multas el responsable tendrá que recuperar parte de lo talado y registrar su propiedad para futuras fiscalizaciones. En Brasil hay unos cinco millones de propiedades rurales.
Según al actual Código Forestal, las APP son aquellas que, "cubiertas o no por vegetación nativa, (tienen la) función de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas". Por ejemplo, las márgenes y nacientes de ríos y las cumbres y laderas de cerros.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la superficie de las APP sujetas a indulto suma 79 millones de hectáreas, equivalentes a los territorios combinados de Alemania, Austria e Italia.
"Será una tragedia para Brasil y para el mundo si ahora el país da la espalda a más de una década de conquista y vuelve al tiempo de las tinieblas de la deforestación catastrófica", advirtió WWF en un comunicado.
El nuevo texto mantiene porcentajes de protección de la reserva legal, una zona "ubicada dentro de una propiedad o posesión rural, con excepción de la APP, necesaria para el uso sustentable de los recursos naturales", según el código vigente.
En la Amazonia legal delimitación política que incluye los estados parcial o totalmente cubiertos por ese bioma la proporción de reserva legal en los predios agrarios en zonas selváticas es de 80 por ciento.
Si la propiedad se encuentra en zonas de sabana tropical de la Amazonia legal, la reserva es de 35 por ciento, y de 20 por ciento en el resto del país.
El proyecto, que debe volver a la cámara baja y después ser sancionado por Rousseff, exime de la reforestación a todos los predios de entre 20 y 400 hectáreas, según la región.
Si la propiedad se encuentra en estados amazónicos con más de 65 por ciento de su territorio ocupado por tierras indígenas o por unidades de conservación parques naturales, áreas protegidas, etcétera la superficie que debe preservar el productor disminuye de 80 a 50 por ciento.
"La legislación ambiental de Brasil era considerada como una de las más avanzadas. Esta alteración del Código Forestal destruye totalmente esta noción", dijo a IPS la abogada ambientalista Rachel Biderman, consultora senior en Brasil del World Resources Institute.
"Este momento en que Brasil vive un gran crecimiento económico es acompañado por la banalización y debilitamiento de la legislación ambiental", añadió.
El gobierno, que intentó mejorar algunos puntos aprobados previamente en la cámara baja, considera que el proyecto no es ideal pero es "el mejor posible".
El senador Jorge Viana, del gobernante Partido de los Trabajadores y relator del proyecto, estimó que se cumple la misión de dar tranquilidad a los brasileños que necesitan tanto de alimento como de preservación ambiental.
"No conozco actividad como la agrícola que necesite más del ambiente para crear y producir. Así que no tiene sentido este enfrentamiento entre ruralistas y ambientalistas", opinó.
Las autoridades creen que con controles más estrictos, ya en marcha, se conseguirán restaurar 24 millones de hectáreas deforestadas en reservas legales o APP.
Adriana Ramos, secretaria ejecutiva adjunta del Instituto Socioambiental, sostuvo que la ley "permite actividades agropecuarias en áreas críticas que en cambio tendrían que ser recuperadas". Se trata de un "mal proyecto" que "refuerza la cultura de la impunidad", dijo a IPS.
Brasil es uno de los principales productores de alimentos, y es el primer exportador mundial de carne vacuna, café y jugo de naranjas. También es un gran productor de soja y maíz.
Para los representantes del agronegocio, como la senadora Katia Abreu del Partido Social Democrático, empresaria ganadera y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria, se "pone fin a años de dictadura ambiental".
El lunes 5, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) reveló que la deforestación amazónica sigue cayendo. La registrada entre agosto de 2010 y julio de 2011 fue de 6.238 kilómetros cuadrados, 11 por ciento menor a la del período 2009-2010.
Es, además, la menor tala registrada desde que el INPE inició estos controles satelitales, en 1988. Por entonces, la deforestación era de 29.000 kilómetros cuadrados por año.
Por eso Abreu insistió en que es posible compatibilizar la producción de alimentos con la preservación de la selva.
Pero esto no convence a los ambientalistas.
"Brasil pierde la oportunidad" de construir "un código de desarrollo sostenible" basado en prácticas modernas "como el pago por servicios ambientales y promoción de sistemas agroforestales sostenibles, con apoyo y desarrollo de comunidades locales", opinó Biderman.
Astrini apuntó que el país podría incumplir tratados ambientales internacionales y socavar los esfuerzos para frenar el cambio climático.
Las organizaciones que integran el Comité de la Floresta se movilizarán para exigir un veto de la presidenta Rousseff. "Le cobraremos el compromiso que hizo por escrito de que no aceptaría un texto que tuviese amnistía y promoviera más deforestación", recordó Astrini.
Este país adoptó la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 36 y 39 por ciento para 2020, dependiendo del crecimiento del producto interno bruto, para lo cual necesita disminuir en 80 por ciento la deforestación amazónica respecto del período 1996-2005.
Brasil es el sexto mayor emisor de gases invernadero en el mundo. Y la principal fuente es la pérdida de su selva tropical, causada en gran medida por la expansión agropecuaria.
