Assadullah, de 55 años, está desde hace casi una década en medio de una querella por una pequeña parcela de tierra. Casos como los de este campesino son cada vez más comunes en Afganistán.
Al volver, una nueva casa había sido construida por un empresario sobre la pequeña parcela de 450 metros cuadrados que Assadullah le había comprado al gobierno antes de partir.
Tras mudar a su familia a una vieja vivienda al borde del terreno, Assadullah le mostró al empresario la escritura que lo reconocía como propietario de la tierra.
Pero el empresario, con mucho dinero ganado en el negocio de la madera y con poderosos amigos en la política, le presentó una escritura supuestamente falsa.
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Desde entonces mantienen una fuerte disputa por la tierra, cuyo valor ha aumentado a lo largo de los años. Ahora ambos quieren que la justicia decida.
Luego de dos intentos fallidos de solucionar el diferendo a través de una Jirga (organismo tradicional comunitario para resolución de disputas), Assadullah llevó el caso ante una corte gubernamental, que falló a su favor. Pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia.
El caso de Assadullah ahora espera en la Corte Suprema de Justicia un veredicto final. "No estoy seguro de que el tribunal decida pronto", dijo. "No creo en el gobierno. El sistema es complicado y las cortes son corruptas".
Nangarhar es el principal centro agrícola del este afgano. Sus ricos recursos naturales y sus importantes rutas de transporte conectando a Kabul con Pakistán atraen a muchos exiliados que ahora están regresando a su país, así como a los que emigran de las provincias cercanas, más volátiles, y a las tribus nómades que buscan tierras de pastoreo.
La gran llegada de personas ha transformado a esta provincia de mayoría pashtún en uno de los rincones más poblados del país, y ha disparado el valor de la tierra.
Casi 90 por ciento del territorio de este país de Asia central, en su mayoría agrícola, pertenece al gobierno. Las concesiones de fincas son clasificadas y documentadas bajo una ley de 2008 y administradas por la Autoridad de Tierras.
Desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, la amenaza de la violencia por disputas de tierras se ha incrementado drásticamente. La apropiación de terrenos por funcionarios de gobierno corruptos y señores de la guerra es endémica en todo el país.
Las tierras abandonadas son por lo general revendidas u ocupadas, sin el conocimiento del dueño original.
El verano boreal pasado, el alcalde de la sureña ciudad de Kandahar, Ghulam Haider Hamidi, fue asesinado en supuesta represalia por demoler estructuras ilegales construidas en tierras del gobierno.
"Es parte de nuestra cultura que la gente se mate entre sí por dos temas" principales, explicó Rafiullah Bidar, gerente de programas en Jalalabad para la gubernamental Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. "Uno es la tierra, y el otro son las mujeres".
"El precio de la tierra está creciendo, y hay mucha corrupción", señaló.
Las disputas por tierras son las más comunes entre individuos, incluyendo reclamos por herencias familiares. Otros enfrentan al gobierno con ciudadanos o tribus, o a tribus entre sí.
La mayoría de los propietarios de tierras prefieren resolver las disputas a través de mecanismos tradicionales y comunitarios, que por lo general toman menos tiempo. Los procesos en los tribunales del Estado son vistos como engorrosos y caros, y el sistema judicial es considerado corrupto.
La Liaison Office, organización no gubernamental afgana que ha investigado el tema, señaló que alrededor de 30 por ciento de los títulos de propiedad de tierras están registrados en el este y casi 85 por ciento en el sur, aunque esta documentación está desactualizada.
Asesores legales locales del no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados, en Nangarhar, viajaron al fértil distrito norteño de Kus Kunar, fronterizo con la volátil provincia de Kunar. Los expertos consultaron sobre la formación de una Jirga que decidirá el caso de la herencia de una mujer.
El padre de la mujer murió, dejando a sus tres hijos varones partes del terreno, pero no a las hijas. Por ley, ella tiene derecho a una porción.
Representantes del pueblo, llamados Maliks, aprobados por el juez de distrito y la Jirga, tomarán una decisión luego de haber escuchado a todas las partes. El fallo será redactado en un documento y enviado a un tribunal local.
El jefe de justicia ese tribunal, Arhamullah Nafi, explicó que la Jirga facilitaba su trabajo. "Tenemos muchos problemas", se justificó. "No contamos con transporte ni electricidad. La seguridad es el mayor problema. La policía está aquí, pero dice que no está bajo nuestro mando".
La más polémica y violenta disputa por tierras en Nangarhar este año ocurrió entre dos tribus del sureño distrito de Achin.
Las tribus sepai y alisherkhel luchan por una franja de tierra desértica de 15 kilómetros cuadrados. Aunque no vale nada desde el punto de vista agrícola, es ideal para la construcción.
Hace dos años, los sepai fueron armados por Estados Unidos como parte de un programa para mantener la estabilidad en la zona. Ese arsenal es utilizado desde entonces en violentos enfrentamientos contra los alisherkhel.
