Las fuerzas de seguridad de Bahrein torturaron e hicieron «uso excesivo de la fuerza» contra opositores a comienzos de este año, concluyó una comisión independiente.
El propio rey Hamad bin Isa Al Khalifa había ordenado la creación de la comisión para investigar las denuncias de abusos cometidos por sus fuerzas contra opositores, en su mayoría chiitas, que desde febrero realizan protestas exigiendo reformas democráticas en esta monarquía sunita.
Respondiendo al informe presentado este miércoles 23, un portavoz del gobierno bahreiní aceptó las críticas.
«El gobierno recibe las conclusiones de la comisión independiente y reconoce sus críticas», señaló en una declaración.
«Nosotros tomamos la iniciativa de pedir una investigación detallada para saber la verdad, y la aceptamos», añadió.
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La comisión no encontró pruebas del supuesto vínculo de los manifestantes con Irán, como habían señalado líderes del Golfo.
«La evidencia presentada a la comisión no demostró un claro vínculo entre los acontecimientos en Bahrein e Irán», dijo el jefe investigador, el juez egipcio Mahmoud Cherif Bassiouni. El rey Hamad había prometido que los funcionarios involucrados serían responsabilizados y removidos de sus cargos.
«Tenemos que reformar nuestras leyes para ponerlas en línea con los estándares internacionales», añadió.
Horas antes de publicarse el informe, la policía se enfrentó nuevamente con manifestantes, lanzando gases lacrimógenos y realizando una redada contra una clínica.
Los enfrentamientos se produjeron en Aali, unos 30 kilómetros al sur de Manama, la capital.
Gregg Carlstrom, corresponsal de Al Jazeera, señaló que la policía había usado gases lacrimógenos y bombas de estruendo contra los manifestantes.
Las protestas habrían comenzado luego de que la policía obligó a un automóvil a salir de la carretera, haciendo que éste se estrellara contra una casa y su conductor muriera, informó Carlstrom.
El corresponsal también indicó que la policía realizó una redada en una clínica y arrestó a varias personas.
El gobierno de Bahrein ya había admitido haberse excedido en el uso de la fuerza aun antes de que se divulgara el informe este miércoles, lo que analistas interpretaron como un intento de controlar las críticas.
Líderes de la oposición convocaron a nuevas protestas para que coincidieran con la presentación del informe.
Para muchos, el trabajo de la comisión no permitirá la reconciliación nacional a menos que se acuse claramente a los altos funcionarios involucrados y el gobierno adopte una amnistía general para los detenidos.
A menos 35 personas han muerto en este país desde que comenzaron las manifestaciones prodemocráticas en febrero, y cientos más están heridas o detenidas.
El gobierno espera capitalizar el informe para mejorar su imagen. Periodistas extranjeros han podido regresar al país luego de meses de restricciones, y el gobierno anunció el lunes que todas las formas de tortura serían consideradas ilegales y se aplicarían severas penas a los perpetradores.
El presidente del Centro Bahreiní por los Derechos Humanos, Nabeel Rajab, elogió la decisión del gobierno de prohibir la tortura, pero señaló que el informe se había limitado a un puñado de casos menores.
Críticos señalan que muchos bahreiníes no confían en el informe oficial por las declaraciones previas hechas por el presidente de la comisión, Bassiouni.
Este había dicho en agosto que no existían evidencias de torturas sistemáticas en Bahrein, pero se retractó a comienzos de este mes, cuando le dijo al diario egipcio Al Masry Al Youm que, efectivamente, había una «política sistemática» de abusos contra opositores.
«No confían en el informe. Es una comisión designada por el rey», dijo el activista por los derechos humanos Yousif al-Muhafdah. «El pueblo de Bahrein está desilusionado con Bassiouni y su comisión».
* Publicado en acuerdo con Al Jazeera.
