La pena de muerte persiste aún porque en algunos países se le hace propaganda como un freno a la criminalidad, lo cual no es cierto, dijo Federico Mayor Zaragoza, presidente de un cuerpo internacional de expertos contra el castigo capital que este lunes inauguró su sede en esta ciudad suiza.
Así ocurre actualmente en un país centroamericano, donde uno de los candidatos a las elecciones presidenciales dice que, si es elegido, pondrá "los puntos sobre las íes", señaló Mayor Zaragoza a IPS durante el acto de instalación en Ginebra de la independiente Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM).
Mayor Zaragoza, director general entre 1987 y 1999 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se refirió así al candidato derechista a la Presidencia de Guatemala, Otto Pérez Molina, un general retirado del ejército que, "por la situación de violencia" y "la angustia que vive el país", afirmó que aplicará la pena de muerte.
La suerte de Guatemala se definirá el 6 de noviembre, cuando Pérez Molina y el más moderado Manuel Baldizón diriman la contienda en la segunda vuelta electoral.
Mayor Zaragoza estimó que reacciones como la del militar guatemalteco pueden ser comprensibles "porque son lugares donde, sobre todo por el narcotráfico, se viven situaciones en extremo difíciles". También pasa ahora en México, citó. A veces se originan por movimientos paramilitares, pero también por el tráfico de drogas, insistió.
[related_articles]
Sin embargo, la pena de muerte carece de todo efecto disuasivo y esa conclusión es lo que debemos saber, recalcó. Igual pasa con el precio de la droga pues su incremento no reduce el consumo, sostuvo.
La CIPM se concentra precisamente esta semana en el examen de la aplicación de la pena capital a los delitos relacionados con las leyes sobre estupefacientes, indicó otro miembro del organismo Ruth Dreifuss, que fue presidenta de Suiza en 1999.
La situación en África, donde se esboza un movimiento favorable a la creación de un espacio libre de pena de muerte, es otro tema de debate de la Comisión.
Europa y América del Sur ya han sido declaradas áreas libres de la pena capital. En las dos regiones los países se sostienen unos a otros en su voluntad de ver desaparecer a la pena de muerte, dijo Dreifuss.
La Comisión analizará igualmente el caso de China, donde se espera que el primer paso sea divulgar información sobre la pena de muerte en el país.
La cifra de ejecuciones en China permanece sin saberse al extremo de que la organización humanitaria Amnistía Internacional ha renunciado en su último informe a consignar números sobre los ajusticiamientos porque "esa información no existe", dijo Dreifuss.
La exmandataria suiza explicó que su país acoge la secretaría de la CIPM por su condición de país militante por la abolición de la pena de muerte. Esos estados la consideran un tratamiento cruel, inhumano y degradante que viola los derechos humanos.
En el plano internacional subsiste una contradicción, porque esos tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el caso de la tortura, están prohibidos por tratados vigentes. En cambio, la pena de muerte, la exaltación de esos abusos, perdura todavía en 58 países, observó.
Hasta ahora 104 estados han abolido la pena de muerte de sus sistemas legales, precisó Mayor Zaragoza. Otros 35 mantienen el máximo castigo, pero se abstienen de aplicarlo. En total son 139 países sin ejecuciones, eso es una buena noticia, se entusiasmo el presidente de la CIPM.
El objetivo central de la Comisión, como el de otras instituciones que se ocupan de la pena de muerte, es conseguir su abolición, dijo Dreifuss.
Sin embargo, la CIPM se ha fijado una meta más inmediata como es el establecimiento de una moratoria global para 2015. Muchos países dieron el primer paso de suspender las ejecuciones para luego convertirse en abolicionistas.
Dreifuss admitió que la moratoria universal sobre la pena de muerte progresa cada ano en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "pero aún está lejos de ser reconocida por todos".
La moratoria se debe extender también a las condenas de pena de muerte, no solo a las ejecuciones, advirtió.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, coincidió con ese enfoque en una declaración alusiva al Día Mundial contra la Pena de muerte, celebrado este lunes.
Pillay dijo que la abolición de la pena capital demanda a muchos países un largo proceso, que a menudo solo culmina tras un periodo de dificultades y aun de un enconado debate nacional.
Hasta llegar a esa fase, instó a los estados que todavía aplican la sentencia máxima a dictar una moratoria sobre su empleo con miras a, en ultima instancia, desechar totalmente el castigo en todas partes del mundo, agregó Pillay.
La Alta Comisionada expuso también sus puntos de vista a los miembros de la CIPM que la visitaron en su sede del Palacio Wilson, en las orillas del lago de Ginebra o lago Leman.
Uno de los objetivos del desplazamiento de la secretaria de su emplazamiento inicial, en Madrid, había sido precisamente la intención de aumentar la visibilidad del organismo en las agencias de la ONU y en las organizaciones no gubernamentales establecidas en esta ciudad.
Además de Mayor Zaragoza y Dreifuss, la CIPM está integrada por Giuliano Amato, ex primer ministro italiano, la canadiense Louise Arbour, quien fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Robert Badinter, exministro de justicia de Francia, Mohammed Bedjaoui, excanciller de Argelia, y Michele Duvivier Pierre-Louis, ex primer ministro de Haití.
Otros miembros son la jefa del departamento de Filosofia y Derechos Humanos de la Unesco, la turca Ioanna Kuçuradi, la expresidenta filipina Gloria Macapagal-Arroyo, el exsubsecretario de Derechos Humanos de Argentina Rodolfo Mattarollo y el gobernador del estado estadounidense de Nuevo Mexico, Bill Richardson.
