El Congreso de Estados Unidos deberá expedirse en las próximas semanas sobre un proyecto de ley que implica recortar 50 por ciento de su aporte a la ONU y que, en caso de prosperar, dejará a este país fuera del Consejo de Derechos Humanos.
El proyecto de ley Reforma, Transparencia y Responsabilidad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) también prevé retirar su contribución a cualquier programa o agencia del foro mundial que mejore el actual estatus de "observador" de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y a la agencia que asiste desde 1949 a los refugiados de ese pueblo.
Todavía no se sabe cuándo se votará en la Cámara de Representantes, donde los legisladores del opositor Partido Republicano son mayoría. Pero, aun si fuera aprobado en ese ámbito, es poco probable que corra la misma suerte en el Senado, donde el gobernante Partido Demócrata tiene mayoría.
Pero incluso si llegara a recibir luz verde en ambas cámaras, la secretaria de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton, declaró que insistirá al presidente Barack Obama para que lo vete.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó esta iniciativa, con 23 votos a favor y 15 en contra, para el caso de que no se impulsen grandes reformas en la ONU. La decisión se tomó el jueves 13, al día siguiente de que se publicara el resultado de una encuesta de opinión que concluyó que el foro mundial concentra gran apoyo de la población estadounidense.
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"El proyecto de ley requiere acciones que limitarán seriamente la participación de Estados Unidos en la ONU, perjudicando compromisos de larga data, así como los intereses nacionales de este país, de nuestros aliados y la seguridad de los nacionales en el país y en el extranjero", señaló Clinton.
La secretaria de Estado envió una carta a la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores e impulsora del proyecto de ley, Ileana Ros-Lehtinen, representante del estado de Florida, y al demócrata Howard Berman, representante de California.
Numerosos analistas sostienen que hay que prestarle atención a la iniciativa, pese a su futuro incierto. "Si bien es poco probable que sea aprobado este año, hay que tomarlo en serio porque fija la agenda de los republicanos", advirtió Don Kraus, director de la organización Citizens for Global Solutions (ciudadanos por una solución global).
"Puede reaparecer (el proyecto) en 2013, cuando el control del Congreso y de la Casa Blanca cambie y tenga más posibilidades de ser aprobado", apuntó.
El proyecto es una de las estrategias de una campaña de los republicanos contra la ONU y sus agencias especializadas.
El Comité de Asuntos Exteriores, por ejemplo, aprobó la semana pasada una medida para poner fin a la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas el año próximo, al que los republicanos acusan de promover el aborto y estrictas políticas de control de la natalidad en China.
Pero la prohibición deberá ajustarse a los 40 millones de dólares aprobados por el Senado para la agencia en el marco de un proyecto de ley de asignación general.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, encabezado por los republicanos, recortó en agosto 600 millones de los 3.500 millones de dólares solicitados por el gobierno para darle a la ONU y sus operaciones de paz en 2012. También eliminó el aporte de este país a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Además, legisladores republicanos presionan al gobierno de Obama para que se oponga al plan de la ONU de construir una nueva oficina en Nueva York.
Estados Unidos ha sido el mayor contribuyente de la ONU desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Aporta 22 por ciento del presupuesto regular del foro y 27 por ciento del de las misiones de paz.
El presupuesto de este año de la ONU ascendió a 22.300 millones de dólares, 6.400 millones de los cuales fueron otorgados por Estados Unidos.
Nueve de cada 10 entrevistados para el estudio, divulgado el miércoles por Better World Campaign, dijeron que era importante que Estados Unidos mantuviera un papel activo dentro de la ONU.
"La encuesta mostró una vez más que los estadounidenses no quieren endeudarse con la organización", señaló Timothy Wirth, exsenador y actual presidente de la Fundación de la ONU.
"Una ley equivocada en el Congreso hará que Estados Unidos pierda el liderazgo en la ONU, cuando vemos una y otra vez que la mayoría de los votantes de todo el espectro político cree que el país debe tener un papel activo dentro del foro mundial", añadió, refiriéndose a los 900 consultados para la encuesta de opinión.
Treinta oficiales militares, exdiplomáticos y legisladores republicanos y demócratas publicaron una carta de apoyo a la ONU, en la que hay una velada oposición al proyecto de ley del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
"Sin duda, las contribuciones a la ONU deben ser prudentes y sensatas, debemos exigir responsabilidad, transparencia y efectividad como a cualquier organización", reza la misiva, suscrita por numerosas figuras destacadas del Partido Republicano, incluido George Shultz, exsecretario de Estado, William Cohen, exsecretario de Defensa, y media docena de exsenadores de ese partido.
"Al mismo tiempo, nuestra capacidad de compartir con otras naciones ayuda a repartir el peso de la financiación, promover la estabilidad y reforzar el impacto de nuestros recursos. Recortar recursos debilitará nuestra influencia y el apoyo a nuestras prioridades nacionales, al tiempo que se fortalecerán nuestros adversarios", alerta.
Ros-Lehtinen presentó el proyecto de ley con una letanía de quejas sobre los presupuestos de la ONU, su presunta postura contra Israel y la falta de transparencia.
"No lograremos reformas duraderas si seguimos pagando todo lo que nos pide la ONU, sin consecuencias cuando fracasa", declaró, y añadió que el primer objetivo del proyecto de ley es obligar al foro mundial a abandonar su sistema de financiación obligatoria por uno de contribuciones voluntarias dentro de dos años.
De no cumplir con el plazo, según el texto del proyecto, Estados Unidos retirará la mitad de su contribución anual y seguirá así hasta llegar a 80 por ciento.
La iniciativa también apunta a imponer nuevos requisitos de rendición de cuentas a la ONU para asegurarse, entre otras cosas, que la contribución de Estados Unidos se usa para "fines específicos fijados por el Congreso".
