El ministro de Justicia y Asuntos Legales de Zimbabwe, Patrick Chinamasa, intenta desesperadamente impedir que se investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen del presidente Robert Mugabe desde la independencia de este país en 1980.
La Comisión fue creada en marzo de 2010 pero no ha podido funcionar debido a la falta de una ley que especifique su jurisdicción. A fines del año pasado, Chinamasa introdujo un proyecto en el parlamento para que el órgano comenzara a trabajar. De ser aprobado por la cámara baja, el texto será elevado al Senado, y necesitará la firma de Mugabe para convertirse en ley.
El proyecto es criticado por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, que señalan muchas brechas para que la Comisión trabaje efectivamente en este país de África austral.
Esas brechas se refieren a las funciones y al poder de la Comisión para asegurar que las víctimas de los abusos reciban compensaciones o reparaciones, así como para juzgar a los responsables.
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Si no se llenan esas lagunas, alerta la sociedad civil, Chinamasa podría abusar de sus poderes ministeriales y dictar qué y qué no se podría investigar.
El presidente de la Comisión, Reginald Austin, dijo a IPS tener temores por el aparente intento del ministro de controlar sus actividades.
"Nuestra preocupación con el actual proyecto de ley es que, aunque somos definidos como una Comisión independiente, hay disposiciones que comprometen severamente nuestro trabajo y autonomía", indicó.
Austin explicó que Chinamasa había incluido una cláusula en el proyecto de ley que obliga a la Comisión presentarle informes periódicos para su aprobación. El ministro tendría así el poder para decidir sobre los fondos del órgano o con quién se reuniría.
"Somos de la opinión que nuestros fondos y presupuestos, así como los informes de nuestras actividades, no deben estar sometidos al ministro sino al parlamento, ya que fuimos creados por una ley del parlamento", añadió.
Austin dijo también que la Comisión temía la pérdida de transparencia.
El ministro, según el proyecto, podría calificar de "secreta" toda información que considere delicada y así impedir que se haga pública.
"Lo que hace esa disposiciones es impedirnos revelar ciertos detalles al público, a pesar del hecho de que el público tiene derecho a esa información. Eso de por sí equivale a una interferencia innecesaria del ministro", añadió.
Chinamasa, en respuesta, dijo que el parlamento podría tomar su decisión final sobre el proyecto de ley pronto.
"El proyecto está en el parlamento. No veo razones por la cual hacer un escándalo antes" de que se convierta en ley, dijo a IPS.
"No hay necesidad de accionar los botones de pánico en este momento", añadió.
El ministro se negó a hablar sobre las acusaciones en su contra. "No voy a comentar esos temas. Soy el ministro de Justicia, no un dictador. Simplemente cumplo las disposiciones de la ley, y si son aprobadas por el parlamento, se convertirán en norma. Yo no dicto", añadió Chinamasa.
El grupo Abogados de Zimbabwe para los Derechos Humanos, señaló que el proyecto de ley, en su estado actual, podría hacer inefectiva a la Comisión, pues la haría dependiente del ministro para todas sus operaciones.
"Debe tenerse presente que el actual fundamento de la Comisión es débil y problemático, y no facilita la creación de una institución independiente", señaló la organización.
Grupos de derechos humanos temen que Chinamasa impida investigar las violaciones cometidas por la ZANU-PF en los años 80 y en cambio presione a la Comisión para que se enfoque en los abusos perpetrados luego de las disputadas elecciones de 2008.
La ZANU-PF señala que tras esos comicios se produjeron hechos de violencia y asesinatos en los que también participaron miembros del rival Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), liderado por Morgan Tsvangirai. El partido de Mugabe también cree que, si se investigan los hechos de 2008, varias organizaciones no gubernamentales podrían ser cuestionadas por haber apoyado con alimentos a seguidores del MDC y negárselos a los partidarios del ZANU-PF.
Austin señaló que la jurisdicción de la Comisión quedará determinada por lo que establezca la nueva ley.
"Los legisladores son los que pueden establecer cuáles abusos podrá investigar la Comisión, y si recibirá el poder para analizar las violaciones cometidas en la era previa a la independencia y en la posterior", señaló.
Dhewa Mavhinga, coordinador de la Coalición por la Crisis en Zimbabwe, con sede en Sudáfrica, dijo que las organizaciones de la sociedad civil estaban profundamente preocupadas por la posibilidad de que Chinamasa coartara las potestades de la Comisión promoviendo disposiciones en la ley.
"Lo que el ministro intenta hacer es crear un tigre de papel", dijo Mavhinga.
"Intenta pasar de contrabando a la ley disposiciones que le darían total control sobre lo que la Comisión podría y no podría hacer", alertó.
"Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil trabajando en la crisis zimbabwense, creemos firmemente que el ministro no debería guiar a la Comisión en su trabajo y debería hacerla lo más independiente posible", agregó.
