Un día después de los primeros comicios judiciales en Bolivia, los analistas debaten sobre la legitimidad de los elegidos, que según las encuestas a boca de urna acumularon menos votos que la cantidad de anulados y en blanco. El resultado es interpretado como una señal de rechazo al rumbo del gobierno.
El conteo oficial de votos comenzó este lunes, pero aún no se informó de una fecha exacta para la entrega de los resultados finales.
El presidente izquierdista de Evo Morales confiaba en un respaldo masivo a los candidatos seleccionados por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el alto caudal de votos sin destino y un ausentismo de 20 por ciento, acorde a los sondeos de la empresa Ipsos Apoyo, dibujaron un escenario adverso al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Un total de 118 candidatos a cargos titulares y suplencias terciaron el domingo a la espera de obtener la confianza de los 5,2 millones de electores habilitados para ocupar una plaza en los tribunales Constitucional Plurinacional y Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.
Pero tanto Morales como el vicepresidente Álvaro García coincidieron en afirmar que la falta de información sobre los postulantes desinteresó a los ciudadanos por apostar a favor de alguno de los aspirantes.
El Tribunal Supremo Electoral, con el respaldo de la mayoritaria bancada afín al gobierno, aplicó restricciones al trabajo del periodismo.
A diferencia de las anteriores elecciones en que los candidatos trabajaban libremente, la norma exigía ahora que se entrevistara a la totalidad de los aspirantes a los órganos judiciales, previa invitación pública con 48 horas de anticipación y con la prohibición de emitir comentarios a favor o en contra de ellos.
Del mismo modo, los medios de comunicación no fueron autorizados a publicar encuestas preelectorales, bajo advertencia de sanciones consistentes en la suspensión para emitir propaganda en los siguientes dos procesos electorales que se organicen en el país.
En opinión del profesor de economía política Julio Alvarado, los resultados del domingo reflejaron por primera vez en la historia democrática boliviana que la suma de votos en blanco y anulados superó 50 por ciento.
"Es una derrota para el gobierno de Morales, que apostaba a obtener 60 por ciento de votos válidos" a favor de los candidatos, señaló a IPS.
Morales impulsó las elecciones judiciales con el propósito de cambiar una estructura institucional que, en su opinión, está afectada por la corrupción y la discrecionalidad. Sin embargo, una serie de hechos, como la represión a una marcha de protesta indígena en un lejano pueblo de la amazonía el 25 de septiembre, incidieron en las preferencias electorales.
Aunque el gobierno negó que los candidatos pertenezcan o guarden afinidad con el MAS, los partidos de oposición denunciaron un intento del gobernante por alcanzar dominio sobre el poder judicial. Morales, además de controlar el ejecutivo, posee una mayoría arrolladora en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Alvarado afirmó que, tras los resultados de las elecciones del domingo, se genera un ambiente de incertidumbre, porque los candidatos elegidos con cantidades pequeñas de respaldo popular meditarán antes de asumir una función.
"Tienen legalidad, pero su legitimidad es cuestionable", señaló. Este punto de vista se extendió entre sectores que promovieron el voto nulo, con una campaña sostenida y didáctica para emplear un marcador de tinta y cubrir con una línea sobre la totalidad de casillas.
El industrial del cemento y jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, reclamó a Morales la anulación de las elecciones porque, en su opinión, no se puede posesionar a jueces "sin legitimidad".
"Ningún juez puede asumir", sentenció, a su vez, el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), el exalcalde de La Paz Juan del Granado, quien propuso un debate nacional para mejorar la administración de justicia.
Pero Alvarado pidió a la oposición que no se arrogue el caudal de votos nulos y en blanco, y aseguró que esa demostración en las urnas es la expresión de descontento porque en cinco años de gobierno de Morales no se generó empleo y oportunidades para sectores empobrecidos.
Morales es el candidato con mayores niveles de respaldo popular en la historia democrática boliviana. Fue elegido por primera vez en diciembre de 2005 con 54 por ciento de los votos y luego ratificado en su cargo en un referéndum revocatorio, en agosto de 2008, con 67 por ciento de los sufragios. En 2009, finalmente obtuvo la reelección presidencial con 64 por ciento.
El analista anticipó la renuncia de la dirección del Tribunal Supremo Electoral que, a pesar de contar con un presupuesto de 14 millones de dólares para tareas de difusión, no respondió a las expectativas de la población.
Por su parte, el catedrático de ciencias políticas Franklin Pareja también calificó los votos anulados y en blanco como una "expresión de insatisfacción del votante. Es un mensaje claro y explícito de rechazo a los candidatos del gobierno", expresó a IPS.
Empero, Pareja se inclinó por el cumplimiento de la norma electoral que otorga el derecho a la posesión de las nuevas autoridades judiciales, con más de 130 votos válidos.
"El proceso es legal, aunque carece de legitimidad", expresó en coincidencia con Alvarado.
"La actual justicia corrupta y prebendalista, no se cambiará con jueces que carecerán de legitimidad", y las nuevas autoridades deben demostrar transparencia y "no ser funcionales al gobierno y persecutoria", comentó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, acusó a la oposición de intentar dañar a Morales y asociar los votos en blanco y anulados con una desaprobación al mandatario. "Es una falacia decir que son candidatos del MAS, es una de las grandes mentiras", afirmó.
