«El pueblo reclama justicia social», gritaban unas 10.000 personas en marcha por el centro de Jerusalén. Las manifestaciones se repitieron en otras partes de Israel hasta sumar unas 150.000 personas en contra del alto costo de la vida, en general, y de la vivienda, en particular.
"Nos echaron de casas alquiladas porque no podíamos pagar", explicó Maya Zigov, madre soltera con cuatro hijos, quien vive en una tienda de campaña en el Parque de la Independencia de Jerusalén desde hace dos semanas junto a una creciente cantidad de familias en su misma situación.
Miembro de la históricamente marginada comunidad mizrahi, judíos- árabes, Zigov señaló que el gobierno israelí le retiró el subsidio hipotecario y los beneficios como madre soltera. No le quedó más opción que unirse al asentamiento de tiendas de campaña para tratar de recuperar sus derechos.
"Hoy trabajé. Gano entre 2000 y 2500 shekels (entre 580 y 730 dólares) al mes y no me alcanza para nada. En la actualidad debes pagar 3.200 shekels (930 dólares) por un apartamento de tres habitaciones. Tengo que alimentar a mis cuatro hijos, darles lo mínimo, un pedazo de pan en la mañana, una mochila y útiles escolares", protestó Zigov.
"Hay cientos de personas en nuestra situación. Tienen que venir y no tener vergüenza. Luchamos por todos", añadió.
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Las protestas contra el alto costo de la vivienda comenzaron a mediados de julio cuando jóvenes israelíes montaron un campamento en el centro de Tel Aviv. La movilización estuvo encabezada en gran parte por judíos israelíes de clase media que desde entonces armaron unas decenas de tiendas de campaña y, miles de personas, madres y padres solteros, familias jóvenes y estudiantes, salieron a la calle.
Pero la crisis de vivienda no apareció de la noche a la mañana.
Los fondos del Ministerio de Vivienda disminuyeron de forma significativa en la pasada década, de 4,5 por ciento del presupuesto nacional, en 1999, a 1,6 por ciento, en 2008, según investigaciones realizadas por la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ADCI).
También menguó la contribución del gobierno para compradores de casas o apartamentos, disminuyó la cantidad de viviendas disponibles y se construyeron muy pocas nuevas.
Además, 75 por ciento de los trabajadores israelíes ganan menos de 6.000 shekels (equivalente a 1.700 dólares) al mes. La clase media se achica y la disparidad de ingresos entre ricos y pobres aumenta.
De hecho, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Israel es el tercer país de la OCDE con mayor disparidad de ingresos, detrás de México y Estados Unidos.
Los problemas económicos, y en particular la burbuja inmobiliaria, se viene gestando desde hace años por varios factores, incluido el gran gasto del gobierno en asentamientos judíos en el territorio palestino de Cisjordania y una planificación demográfica destinada a sacar tierras de los ciudadanos palestinos, señaló el economista israelí Shir Hever.
"Se instalaron pequeñas comunidades para crear hechos en el terreno en el desierto del Néguev y Galilea, pero sin justificación económica y ahora están plagadas de desempleo, pobreza y delincuencia", dijo Hever al ser consultado por IPS vía correo electrónico.
"Eso hace que los jóvenes estén presionado para mudarse al centro (Tel Aviv y sus inmediaciones), el único lugar donde se puede encontrar trabajo, una cultura cosmopolita y un alto nivel educativo. Las familias están dispuestas a pagar casi cualquier precio para poder vivir allí, pues la única alternativa sería la periferia menos desarrollada", explicó.
El martes 26 de julio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, trató de calmar el creciente malestar anunciando la construcción de 50.000 unidades habitacionales accesibles en los próximos dos años, principalmente para estudiantes, parejas jóvenes, familias extensas y exsoldados, y otras 10.000 residencias estudiantiles.
Pero los manifestantes rechazaron rápidamente la propuesta de Netanyahu porque no cumplía sus reclamos de reformas reales en todos los sectores sociales.
"El gobierno tiene que entender el mensaje principal, no se trata de una lucha de un sector u otro, sino de una amplia demanda social", señaló el fiscal Gil Gan-Mor, coordinador del Proyecto Derecho a la Vivienda de la ADCI.
"El acceso a la vivienda es un derecho universal y es responsabilidad del Estado que sea realidad para todos los ciudadanos", añadió en un comunicado divulgado tras el anuncio del plan de Netanyahu.
Se dice que se está formando un amplio movimiento social, pero los manifestantes fueron cuestionados por ignorar las sistemáticas desigualdades sufridas por ciudadanos palestinos de Israel, como la incapacidad de conseguir permisos para sus casas y sus tierras, y no mencionar el tema de la ocupación israelí.
Hay hechos que indican que el movimiento puede propagarse a la comunidad palestina de Israel, porque los que están en la localidad israelí de Jaffa y en el norteño pueblo de Baqa al-Gharbiyye erigieron sus propios asentamientos de tiendas de campaña y los beduinos de la aldea "no reconocida" de Al Araqib, demolida por las autoridades israelíes casi 30 veces el año pasado, se unieron a la de Beer Sheva.
Los manifestantes deben atender la discriminación y las desigualdades en el corazón mismo de la sociedad israelí si aspiran a realizar cambios duraderos, sostuvo Shir Hever.
"Las desigualdades de Israel están profundamente enraizadas en la discriminación de minorías con tendencia a pasar de la marginación de un grupo, los palestinos, a otros, mujeres, religiosos ultra- ortodoxos, mizrahi y nuevos inmigrantes. Solo una protesta basada sobre la incorporación en vez de la inclusión de todas ellas tiene posibilidades de lograr un cambio social sostenible", opinó Hever.
"Hay señales de que algunos sectores minoritarios se unen a las protestas, pero los manifestantes que reclaman justicia social se cuidan de no mencionar las desigualdades étnicas como base del sistema israelí para evitar divisiones internas", añadió.
