Miles de mujeres y niños han sido secuestrados y más de 1.000 personas han muerto este año en las cruentas guerras que libran comunidades de Sudán del Sur por su bien más preciado: el ganado.
Para los sudaneses del sur, poseer mucho ganado es signo de riqueza. En los últimos tiempos, los robos de animales han sido más frecuentes y mortales.
Crecen los llamados al gobierno de Sudán del Sur para que atienda las raíces del problema. Muchos temen que, a menos que se resuelvan esos asuntos, la violencia seguirá afectando la estabilidad y el desarrollo del nuevo estado.
El conflicto es alimentado por la fácil obtención de armas por parte de la población, y por las normas culturales que valoran la propiedad de ganado como una señal de éxito.
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Al finalizar la guerra civil sudanesa de 21 años en 2005, el valor del ganado creció rápidamente pues muchos hombres decidieron casarse para iniciar una nueva vida. Es común que se pague con animales la dote de la novia.
James Amuor, un joven del estado de Jonglei, dijo a IPS que una dote podía costar hasta 100 cabezas de ganado.
"Algunos jóvenes están involucrados en robos porque quieren casarse y no tienen animales suficientes. Deben ir y asaltar para poder presentar una dote", explicó Amour.
En la comunidad de Dinka, cuanta mayor estatura tiene una joven, más alto es el precio de la dote. Lo mismo se aplica al nivel de educación que tenga la novia.
En el último ataque, ocurrido el 18 de agosto en el condado de Uror, en el estado de Jonglei, 640 personas fueron asesinadas y 761 resultaron heridas, 258 niñas y niños fueron secuestrados, 38.000 cabezas de ganado fueron robadas y 8.924 casas fueron incendiadas.
Todo el condado, equivalente a un distrito en otros países, fue víctima de la ofensiva.
El comisionado de Uror, Tut Puok Nyang, dijo que los atacantes serían entre 2.000 y 2.500 jóvenes posiblemente del vecino condado de Pibor. Otros estiman que los responsables serían entre 3.000 y 5.000, "armados como un ejército regular".
Un trabajador de la Organización de las Naciones Unidas que habló con IPS a condición de mantener el anonimato señaló que los atacantes portaban varios tipos de armas, incluyendo ametralladoras, rifles de asalto Kalashnikov, escudos antiaéreos y granadas.
El ataque fue en represalia a otro perpetrado en junio por la comunidad de Lou Nuer, en el condado de Uror, contra la comunidad de Murle, en el condado Pibor.
En esa ofensiva, más de 400 personas murieron, decenas de mujeres y niños fueron capturados y cientos de cabezas de ganado fueron robadas.
Las mujeres raptadas son tomadas como "esposas" y los niños se convierten en sus "hijos", obligados a aceptar la nueva cultura de sus secuestradores.
En los mismos incidentes, la Misión de la ONU en Sudán, con el mandato de proteger a los civiles, y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA), ahora fuerza armada regular del país, no intervino arguyendo falta de capacidad.
Hay crecientes llamados al gobierno para que despliegue fuerzas de seguridad con el fin de impedir una repetición de la violencia.
Pero el ministro de Aplicación de la Ley del estado de Jonglei, Gabriel Duop Lam, dijo que era difícil impedir los ataques "porque civiles con armas superan a los agentes del orden".
En tanto, el ministro de Asuntos Internos de Sudán del Sur, Gier Chuang Alung, apuntó que la pobre infraestructura del país dificultaba la vigilancia.
"La policía y el SPLA no tienen la capacidad para responder rápidamente a esos incidentes de violencia entre comunidades. Debido a la falta de carreteras, a un ejército le podría tomar 72 horas arribar a un lugar donde hay inseguridad. Para cuando llegue, sería demasiado tarde para detener a los atacantes", indicó Aluong.
El ministro acusó a los "enemigos" de Sudán del Sur de proveer armamento a civiles para desestabilizar el país. Durante la guerra contra el norte, muchas personas adquirieron armas.
Informes indican que ladrones de ganado habrían obtenido nuevos pertrechos, y el gobierno de Sudán del Sur cree que habrían sido aportados por Jartum.
El gobierno afirma tener evidencia de que Jartum proveyó armas a milicias para desestabilizar a Sudán del Sur antes y después del referendo en que se decidió su independencia.
El nuevo país del sur se quedó con 85 por ciento de las reservas de petróleo del territorio que antes conformaba un solo Sudán.
"Nuestra gente no fabrica armas. Esto significa que alguien deliberadamente está dándoles armamento y estimulándolos a matarse entre sí", afirmó Aluong.
Mientras, muchos atribuyen la inseguridad al fracaso del gobierno del sur para desarmar a los civiles. Nyang dijo creer que un completo desarme civil era la única solución para poner fin a los ataques en el estado de Jonglei en particular y en Sudán del Sur en general.
Ahmed Thurbil perdió a sus familiares en el ataque del 18 de agosto y criticó al gobierno por no haber desarmado a los civiles luego de que terminó la guerra civil. "Todo el gobierno sabía que muchos civiles estaban armados, pero no se encargó de desarmarlos en todos esos seis años. ¿Qué esperan que hagan esos jóvenes ociosos? Es obvio que estarán tentados a ir y robar ganado", indicó.
Thurbil señaló que la violencia entre comunidades había sido minimizada tanto por el gobierno del estado de Jonglei como por el gobierno central de Sudán del Sur.
Moses Opio, de la Campaña por un Mundo Mejor, de la ONU, dijo a IPS que, de no desarmar a los civiles, los combates continuarían y seguirían cobrando vidas inocentes.
"Debe haber un desarme sistemático. Cualquiera que no esté autorizado a llevar un arma debería ser desarmado", indicó. Teóricamente, la población de Sudán del Sur necesita licencia para tener un arma. Sin embargo, es fácil comprar una sin los papeles requeridos.
