La ejecución de un palestino y de su hijo por las fuerzas de seguridad de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica), que controla Gaza, revela una marcada diferencia entre la aplicación de la pena de muerte en ese territorio y en Cisjordania, donde rige una moratoria de hecho.
La presión de organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales para derogar el máximo castigo no logró salvar la vida de los dos hombres.
"En Cisjordania se ejecutan pocas sentencias porque el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, no firma las órdenes, pero el sistema judicial no ha mejorado", señaló Jaber Wishah, del Centro Palestino de Derechos Humanos.
Un tribunal civil condenó en noviembre de 2004 a un hombre de 60 años y a su hijo de 29, por traición y asesinato.
El Ministerio del Interior aseguró que se aplicó el máximo castigo a los imputados después de que el Tribunal de Apelaciones rechazara el recurso presentado por los dos hombres y confirmara la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
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La ejecución se hizo efectiva en julio.
Funcionarios de Hamás sostienen que los imputados confesaron entregar información a las fuerzas israelíes que sirvieron para ubicar a combatientes de la resistencia, incluido el dirigente Aziz Rantisi, fallecido en 2004 en un ataque contra su automóvil lanzado desde el aire.
El Centro Palestino de Derechos Humanos crítico las condenas con el argumento de que fueron ejecutadas sin la ratificación de Abbas.
El Código de Procedimiento Penal palestino, de 2001, establece que el presidente de la ANP debe ratificar todas las condenas a muerte. En los últimos casos, Abbas se ha negado a dar su consentimiento y se terminó imponiendo una moratoria de hecho en Cisjordania, donde todavía gobierna.
El enfrentamiento entre líderes de Hamás, en Gaza, y de la ANP, dirigida por el partido secular Fatah en Cisjordania, tras la guerra civil de 2007,dividió el sistema legal palestino, que ahora es distinto en cada territorio.
El Código Penal palestino vigente en Cisjordania prevé la pena de muerte para 17 delitos y, el de la franja de Gaza, para 15. Normalmente, las sentencias son dictadas por tribunales civiles.
La ANP también dicta la pena capital de conformidad con el Código Penal Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de 1979.
El Código Penal Revolucionario prevé el castigo extremo para 42 delitos y es aplicado por tribunales especiales militares y de seguridad estatal y son ellos los responsables de la gran mayoría de las condenas a muerte dictadas por la ANP.
La situación legal ha sido criticada por jueces civiles de la Autoridad Judicial de Cisjordania.
Thuraya Alwazir, una de las pocas juezas de la Autoridad Judicial, cuestionó que la actividad de los tribunales militares se extendiera a la jurisdicción de los civiles.
"No nos agrada esto y creemos que solo los tribunales civiles deberían tener la autoridad para imponer la pena de muerte. El presidente está al tanto de nuestra preocupación y el asunto está a estudio. Pero está pendiente por la actual situación política", dijo Thuraya a IPS.
Al dictar condenas a muerte, el sistema judicial palestino contraviene el derecho internacional de varias formas, según la organización de derechos humanos israelí Btselem.
Las faltas van desde la cantidad de delitos pasible de recibir el máximo castigo hasta la forma en que los tribunales especiales privan a los imputados del debido proceso. Tienen pocas posibilidades de defenderse y no hay un procedimiento jurídico para apelar las decisiones de los tribunales militares y de seguridad estatal.
Cinco gazatíes fueron ejecutados por las autoridades de Hamás en lo que va de 2011.
Ochenta y nueve palestinos fueron condenados a muerte entre 1995-2010, de los cuales 18 fueron ejecutados, indicó Btselem.
Dos de las sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua. Ocho convictos fueron asesinados en custodia de la ANP. Otros tres fueron asesinados tras escapar de prisión durante el ataque lanzado por Israel contra Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Otros 11 fueron liberados de prisión o lograron escapar y dos más están desaparecidos. El resto permanece en el pabellón de la muerte.
Haider Ghanem, de la sureña ciudad gazatí de Rafah, estuvo varios años preso, acusado de suministrar información a Israel utilizada para matar a varios combatientes de la resistencia palestina.
Ghanem logró escapar durante la Operación Plomo Fundido, de tres semanas, pero fue secuestrado por Hamás de la casa de su hermana la segunda noche después de su huida.
"Hombres de Hamás fuertemente armados entraron a la fuerza en nuestra casa y se llevaron a Haider", dijo a IPS su hermana Ighlas Ghanem. "Varios días después nos dijeron donde ir a retirar su cuerpo. Lo habían golpeado y le dispararon varias veces en las piernas y los brazos antes de ejecutarlo", añadió.
