El 19 de junio, el campesino Angelo al Sir, de la pequeña aldea de Kadugli, en Sudán del Sur, vio a cómo morían su esposa embarazada, dos de sus 10 hijos, su sobrino y otro familiar durante un ataque aéreo a plena luz del día.
Al Sir dijo a investigadores internacionales que su esposa estaba plantando en los campos de la familia cuando un avión Antonov comenzó a sobrevolar la zona.
Momentos después, bombas comenzaron a llover sobre el sencillo hogar de Al Sir, matando a su esposa y sus hijos, que cocinaban juntos en la cocina.
La familia de Al Sir habitaba las montañas Nuba, región donde hay muchos integrantes del Movimiento por la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), objeto de intensos ataques de las Fuerzas Armadas de Sudán del norte.
Luego de semanas de investigaciones y entrevistas con civiles en la zona, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) divulgaron un informe el martes con evidencia irrefutable de bombardeos indiscriminados sobre áreas civiles por parte de Jartum.
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"La implacable campaña de bombardeos está matando y mutilando a hombres, mujeres y niños, desplazando a decenas de miles, poniéndolos en desesperada necesidad de ayuda e impidiendo que comunidades enteras planten cultivos y alimenten a sus hijos", dijo el director para África de HRW, Daniel Bekele.
Por su parte, Donatella Rovera, asesora de Amnistía internacional en respuestas a crisis, añadió: "El gobierno sudanés está literalmente saliéndose con la suya con los homicidios e impidiendo que el mundo lo descubra".
"La comunidad internacional, y particularmente el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), debe dejar de mirar para otro lado y actuar para encarar la situación", añadió.
A pesar de que organizaciones e investigadores independientes han recolectado evidencia de una campaña de limpieza étnica en la provincia de Kordofan del Sur desde comienzos de junio, Jartum sigue negando vehementemente informes de acciones ilegales.
El gobierno en el norte afirma que sus ataques son legítimos pues todavía existe la amenaza de grupos armados en Kordofan del Sur.
Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, señaló el martes que Washington estaba "profundamente preocupado por los informes de constantes bombardeos de las fuerzas aéreas sudanesas en áreas civiles de Kordofan del Sur".
"Estados Unidos llama al gobierno de Sudán a que respete los compromisos y llama a las dos partes a permitir un acceso humanitario sin restricciones a las poblaciones del estado", añadió.
Desde el 9 de julio, los medios han destacado la independencia de Sudán del Sur luego de una sangrienta guerra civil, que dejó más de dos millones de muertos por los combates y el hambre.
Pero mientras el mundo saludaba la "división pacífica" de Sudán, la batalla continuaba en la fronteriza provincia de Kordofan del Sur, cuya población indígena ha simpatizado con las aspiraciones políticas y económicas de los rebeldes del sur en su lucha contra el presidente del norte, Omar al Bashir.
Cuando se hizo inminente la independencia de Sudán del Sur, donde se encuentran tres cuartas partes de los campos petroleros sudaneses, Jartum ordenó a la población de Kordofan del Sur que se desarmara.
Pero, según el investigador independiente Eric Reeves, uno de los primeros en documentar extensamente evidencia de limpieza étnica y ataques a civiles en la provincia, los miembros de la población Nuba "nunca han sido tratados como seres humanos por parte de Jartum".
"Cuando (visité) las montañas Nuba hablé con varios altos oficiales militares y líderes de la sociedad civil", había dicho en junio Reeves a IPS. "Y me dejaron en claro que no tenían salida, no tenían otra opción que luchar, y luchar hasta morir".
Amnistía y HRW llamaron a Jartum a permitir investigaciones independientes, que podrían derivar en cargos por crímenes de guerra.
Al menos 150.000 personas habrían abandonado sus hogares en la zona y se habrían refugiado con vecinos o construido tiendas.
Ninguno de los investigadores encontró evidencia de objetivos militares cerca de los lugares atacados, mientras que infinidad de testigos afirmaron que aviones de alta velocidad bombardeaban continuamente campos abiertos y escuelas.
Expertos en armas han afirmado que las municiones han sido lanzadas en forma manual desde aviones de carga, lo que no permite un ataque preciso.
"El uso de armas en un área civil que no pueden ser dirigidas con precisión contra un objetivo militar constituye un ataque indiscriminado, en violación al derecho internacional humanitario", indicaron los grupos el martes.
Los desplazados también carecen de medicamentos básicos, saneamiento y refugio de las fuertes lluvias. Muchos de los entrevistados estaban al borde del hambre y habían recurrido a alimentar a sus hijos con hojas debido a la falta de comida.
Valerie Amos, subsecretaria general de la ONU para asuntos humanitarios, divulgó el martes un comunicado señalando: "La crisis en Kordofan del Sur ha alcanzado un punto crítico. El gobierno de Sudán ha negado permiso a las agencias internacionales de ayuda para que vuelvan a llenar sus reservas y envíen personal por seis semanas".
"Suministros esenciales se han acabado por completo en muchas partes de Kordofan del Sur, dejando a muchas personas en una situación que amenaza su vida, sin ninguna posibilidad de alivio", añadió.
"A menos que se detengan de inmediato los combates y a las organizaciones humanitarias se les conceda un acceso inmediato e irrestricto a Kordofan del Sur, los habitantes afrontarán catastróficos niveles de desnutrición y mortalidad", alertó.
