La comparecencia del ex presidente egipcio Hosni Mubarak ante la justicia parece haberle dado garantía a millones de egipcios de que su lucha revolucionaria no fue en vano. No obstante, mientras el mundo observa, aún no está claro si el ex mandatario podrá participar de todo el proceso.
No es inusual que un acusado se presente en una corte en camilla, imagen que puede beneficiarle o no. Ya que el público egipcio dudaba del compromiso del tribunal con la causa, la presencia de Mubarak pudo haber sido parte de una estrategia del gobierno de transición para infundir confianza.
Los juicios sobre crímenes de pasados regímenes en sociedades en transición casi siempre afrontan importantes desafíos, especialmente cuando la transformación política aún está en marcha y la reconstrucción de las instituciones del Estado todavía no ha sido concluida, como el caso de Egipto.
El deseo de buscar justicia es entendible, dada la gravedad de los supuestos crímenes. Sin embargo, el apuro para celebrar los juicios podría tener resultados indeseables.
Desafíos judiciales
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Organizaciones de derechos humanos, abogados, jueces y familias de las víctimas han expresado su recelo sobre las investigaciones realizadas por el fiscal general desde el derrocamiento de Mubarak. Esto puede atribuirse a varios factores, empezando por el hecho de que el propio ex presidente designó al fiscal antes de abandonar el poder.
Bajo el régimen de Mubarak, la oficina del fiscal general era habitualmente acusada de ser una herramienta para silenciar a la oposición. Según activistas de derechos humanos, la fiscalía fue cómplice de una política de impunidad.
Las investigaciones también se ven afectadas por el continuado abuso de poder por parte de la policía, que todavía no ha sido sometida a un serio proceso de reestructura, a pesar de las últimas medidas del Ministerio del Interior para cambiar esa imagen.
Organizaciones de derechos humanos documentaron numerosos casos de testigos y familiares de las víctimas que fueron presionados por policías acusados de matar a manifestantes para que cambiaran su declaración o impedir que presentaran denuncias.
La sociedad egipcia sufre de un creciente discurso de venganza política y una fuerte presión popular sobre los jueces para agilizar los procesos. La exigencia del público es comprensible dada la gravedad de los abusos, la falta de transparencia en la investigación y los obstáculos para la participación de las víctimas.
Pero la urgencia no tiene en consideración las garantías que deben tener los acusados ni lo complicado que es investigar tal magnitud de crímenes políticos y económicos. Es difícil imaginar una completa investigación profesional sobre esos graves abusos en estas circunstancias.
El sistema judicial debe ser capaz de trabajar con prudencia para asegurar un proceso sano, y hacer justicia no es venganza. La justicia y el imperio de la ley estaban en el corazón de la revolución egipcia.
Si los egipcios quieren romper con el pasado, deben impulsar un proceso judicial justo.
Además, esos juicios constituirán un documento histórico del periodo de transición. Por tanto, un proceso justo y prudente está entre los intereses de las generaciones presente y futura.
El sistema judicial egipcio no está acostumbrado a comunicarse con el público y los medios. Los intentos por conocer detalles de los procedimientos, por tanto, alimentan la especulación y los rumores.
A pesar de la importancia de algunos pasos recientemente dados por el Consejo Supremo Judicial para hacer que los procesos sean públicos y para garantizar la participación de las víctimas, se necesitan otras medidas para salvar la brecha de confianza con la población.
La ausencia de estrategia
El juicio a Mubarak no puede ser visto como parte de una completa estrategia para encarar las violaciones del régimen. Las reformas más importantes hechas por el gobierno interino han sido en respuesta a la presión pública, y no basadas en una clara política que atienda a los varios desafíos del proceso de transición.
Por lo tanto, las investigaciones y las acusaciones de abusos a los derechos humanos contra miembros del antiguo régimen no han ido más allá de los cometidos durante los 18 días de la revolución egipcia. No ha habido ningún esfuerzo para encarar las décadas de represión ni los derechos de los perseguidos en el pasado.
Organizaciones locales e internacionales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas han documentado numerosas violaciones a los derechos humanos en Egipto, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, largas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Hasta ahora parece que no hay voluntad política para investigar esos crímenes y responsabilizar a los culpables, a pesar de los llamados de la sociedad civil.
Procurar justicia ha ayudado a unificar a sociedades divididas por conflictos y autoritarismo. No es una panacea para todos los males de la sociedad, pero puede ayudar a que ésta exprese los dolores de su pasado y vuelva a generar la confianza en las instituciones públicas, dos pasos necesarios para caminar hacia una sociedad más abierta.
El momento político en Egipto podrá construirse sobre el fortalecimiento del imperio de la ley y los derechos humanos. Los juicios a los símbolos del antiguo régimen, con Mubarak a la cabeza, podrían dar ímpetu hacia esa dirección.
No obstante, si no se encaran los desafíos que amenazan la integridad de esos procesos judiciales, se podría socavar seriamente la transición, así como la confianza de la población en el sistema.
* Moataz El Fegiery es vicedirector del Programa para Medio Oriente y Norte de África del Centro Internacional para Justicia Transicional. Publicado en acuerdo con Al Jazeera. Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor.
