Parlamentarios de la oposición en Burkina Faso exigieron a Francia que abriera sus archivos en busca de evidencia de la participación de sus servicios secretos en la muerte en 1987 de Thomas Sankara, conocido como «el Ché Guevara africano».
Se trata del último esfuerzo en una larga lucha para abrir una abierta y completa investigación sobre el asesinato del líder panafricanista y ex presidente burkinés en un golpe de Estado liderado por el actual mandatario, Blaise Compaoré.
"La evidencia presentada en otros países indica que Francia estuvo involucrada en la muerte de Thomas Sankara", dijo el parlamentario y abogado Stanislas Benewindé Sankara sin parentesco con el líder revolucionario—, en una conferencia de prensa a fines de julio en Ouagadougou, la capital burkinesa.
Los legisladores también exigieron que se investigara la profanación constatada el mes pasado de la tumba del ex presidente.
Benewindé Sankara y otros 11 legisladores de oposición escribieron en abril una carta a la Asamblea Nacional francesa para pedir una investigación completa sobre el crimen, citando "la cooperación entre los dos países" y los "valores democráticos de Francia".
La misiva se basó en una petición en el mismo sentido hecha en diciembre de 2009 por un colectivo internacional de abogados, con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales.
Estos abogados esperaban que los archivos franceses echaran luz sobre acciones encubiertas en el marco de "La Françafrique", como se conoce a una denunciada política de intrigas de París en el continente africano.
Thomas Sankara es un ícono panafricanista. Llegó al poder mediante un golpe en 1983, con apenas 33 años, e inició un proceso revolucionario. Pero el 15 de octubre de 1987 fue asesinado por miembros de su propio gabinete y Compaoré, quien lo acusó de traicionar a la nación.
Conforme se acerca la prescripción del crimen que denuncian, los familiares de Sankara están apelando a los sistemas judiciales de otros países.
Pero no han logrado establecer aún la competencia en un caso que ocurrió entre soldados y en una base militar.
En 2006, el colectivo de abogados acudió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar una investigación, pero éste decidió dos años después cerrar el caso sin realizar investigación alguna.
En efecto, el Consejo se declaró satisfecho con las respuestas del gobierno burkinés y sus recomendaciones, en particular la identificación de la tumba de Sankara y el pago de una compensación a su familia, aunque ésta fue rechazada.
Según un abogado burkinés que siguió el caso de Sankara desde los comienzos y que habló con IPS a condición de mantener el anonimato, el gobierno de Burkina Faso se sentirá fortalecido si, después de la decisión del Consejo de Derechos Humanos, ningún otro organismo considera el caso.
"Esto es algo que ha ocurrido en Burkina Faso, involucrando a los burkineses. Así que nadie puede obligar al gobierno a que acepte abrir una investigación", señaló el abogado.
Pero según el colectivo de abogados, el llamado para la apertura de los archivos franceses fue apoyado por 6.600 personas, y ya había sido respaldado por personalidades y asociaciones de varios países.
Mientras, 20 parlamentarios franceses han también dado su respaldo a la resolución para la creación de una comisión investigadora sobre el caso en Francia. Para que se concrete se necesita el apoyo de otros 10.
Esos legisladores, como sus pares en Burkina Faso, están convencidos por evidencia que apunta a un intento de desestabilizar el país africano liderado por los servicios secretos franceses.
Los parlamentarios creen que es su obligación "hacer todo lo posible para echar luz sobre la hipótesis de que los servicios secretos franceses trabajaron juntos con elementos de las fuerzas armadas burkinesas".
En julio, Simon Compaoré, secretario general del gobernante Congreso para la Democracia y el Progreso, condenó la determinación de los legisladores opositores en reabrir el caso Sankara, calificándola de "pérdida de tiempo".
Para el ex primer ministro Ablassé Ouédraogo, la integridad del sistema judicial burkinés está en juego, sobre todo luego de las protestas que sacudieron al país este año.
En febrero, violentas manifestaciones se produjeron luego de la muerte del estudiante Justin Zongo. Las autoridades inicialmente afirmaban que el joven había muerto de meningitis, pero debieron rectificarse ante la fuerte presión popular. Luego, cinco policías fueron acusados de haber matado al estudiante a golpes.
"No hay justicia en Burkina. La gente no confía en el sistema judicial", dijo Ouédraogo.
Arba Diallo, parlamentario opositor que fue canciller de Sankara, dijo que el caso de 1987 era sumamente relevante hoy frente a los problemas que atraviesa el país. "Si estamos en crisis, la razón más importante es el fracaso de nuestro sistema judicial. ¿Está capacitado para desempeñar su papel?", se preguntó.
"El día en que esto ocurra será el fin de la impunidad, la principal enfermedad" del país hoy, añadió.
