Cuando la periodista británica Joanna Bailey* fue agredida sexualmente en la capital de Líbano donde trabajaba, de inmediato hizo la denuncia en una comisaría. Mientras declaraba, un oficial llevó arrastrando al presunto agresor y le dio una golpiza frente a ella.
"Uno de los oficiales se sacó el cinturón y le pegó durante unos 10 minutos", relató Bailey. Cuando ella les pidió que se detuvieran, "me dijeron que era la única forma de que aprendiera", dijo.
"Luego lo hicieron sacarse la ropa y lo estuvieron sacudiendo durante media hora", añadió. Bailey salió de allí perturbada por lo que le había ocurrido y afligida por el castigo infligido a su atacante.
Episodios de humillación, malos tratos y golpizas son comunes en Líbano. La falta de capacitación y conciencia sobre los derechos humanos de los oficiales de policía los hacen recurrir permanentemente a la violencia para obtener confesiones de los sospechosos.
Alrededor de 60 por ciento de los detenidos sufren torturas y malos tratos, según un estudio divulgado a principios de este año por el Centro de Derechos Humanos (CDH). Es una práctica habitual que dejó un muerto en 2010.
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Los sospechosos de espionaje, narcotráfico y extremismo religiosos tienen más probabilidades de sufrir violencia policial. Todo ocurre en una cultura de impunidad, señaló Wadih al-Asmar, secretario general del CDH. "Los policías no están bien capacitados ni se los acusa. En los poquísimos casos en que hubo investigaciones, las conclusiones fueron confidenciales", añadió.
En las cárceles la situación es tan lamentable como en las comisarías. Los presos permanecen encerrados durante años sin juicios y en condiciones de hacinamiento extremo y falta de higiene. No hay casi servicios de rehabilitación y los hombres se pasan los días en sus celdas, fumando, conversando y, cuando el ambiente se caldea, peleando.
En los últimos tres años, 400 personas fueron detenidas por cargos de seguridad y sometidas a duras condiciones de cautiverio, según el estudio del CDH.
"Es un desastre", señaló el legislador Ghassan Moukheiber, quien encabeza la Comisión Parlamentaria sobre Derechos Humanos y realizó un informe detallado sobre una reforma penitenciaria.
"La situación es desesperada. Califico a las cárceles según tres categorías, mala, muy mala e inhumana. Las propias condiciones de las prisiones son crueles, equivalen a la tortura y al tratamiento degradante", añadió.
Las 20 centros de detención de Líbano tienen una capacidad para 3.653 presos, pero en 2010 había 5.324, según un documento anterior del CDH.
Roumieh, la mayor prisión de hombres del país, fue construida para 1.500 presos, pero actualmente tiene 3.500. Salvo esa excepción, los edificios de los demás penales no fueron pensados con ese fin, indicó Moukheiber.
Líbano es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el Protocolo Opcional, pero todavía no creó un Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura.
También se le venció el plazo para enviar un informe al Comité contra la Tortura relatando las medidas que tomará para cumplir con el tratado.
Dos tercios de los presos de este país esperaban sentencia en 2009, según un informe presentado entonces al gobierno por el general Ashraf Rifi, jefe de las Fuerzas de Seguridad Internas (FSI), que supervisa la administración carcelaria.
Unos 250 presos extranjeros siguen detenidos tras completar su condena, por lo general por complicaciones con los trámites de deportación, indicó.
Muchos fueron detenidos por no tener los documentos en regla para permanecer en Líbano, entre ellos hay muchos refugiados y solicitantes de asilo.
El Estado no ofrece a los presos la posibilidad de rehabilitación ni los servicios de salud y educativos que necesitan para reintegrarse a la sociedad, dijo Moukheiber a IPS.
El especialista Omar Nashabe insistió en que hay pequeñas mejoras, pese al abrumador panorama. La cantidad de reclusos en Roumieh disminuyó, apuntó. "Es muy bueno porque permite a la administración carcelaria controlar mejor la prisión", añadió.
Pero los servicios básicos y la seguridad todavía son problemáticos. Los detenidos suelen realizar huelgas de hambre o tomar otras medidas extremas para obtener atención médica. También son comunes los intentos de evasión.
En abril se originó en Roumieh el mayor disturbio de la historia en una cárcel de Líbano. Los reclusos rompieron puertas y tomaron el control de la prisión y cuatro de ellos murieron.
El gobierno destinó cinco millones de dólares a la reconstrucción del recinto, pero Nashabe reconoció que el dinero no alcanzará ni para la reparación. "Algunas de las puertas siguen sin cerraduras y todavía hay problemas con la electricidad y el agua", añadió.
El motín hizo que la justicia fuera más flexible respecto del procesamiento con prisión. Además se elabora un plan para que dentro de cinco se años se transfiera la gestión carcelaria de las FSI a un órgano especializado dependiente del Ministerio de Justicia, informó.
"No es una panacea transferir la administración de un organismo a otro", dijo Moukheiber. La solución pasa por tomar varias medidas "como construir nuevas instalaciones, mejorar el acceso a la salud, ofrecer servicios de rehabilitación, asistencia legal y capacitación especializada al personal y a los jueces".
Para muchos reclusos, las escasas mejoras llegarán demasiado tarde.
Marwan, nombre ficticio de un joven de 22 años, hace dos que está en prisión por tráfico de drogas. "Es inaceptable que todavía no haya sentencia", dijo a IPS a través de un teléfono que logró obtener.
La policía "no tiene ninguna prueba en mi contra, solo testimonios de alguna gente", indicó Marwan, quien todavía no ha visto a un abogado. El joven prevé que, por lo menos, estará "otros tres años preso".
* El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la víctima.
