La eliminación del tráfico de armas a los países en los que se atenta contra los derechos humanos o hay violencia política es posible siempre y cuando haya voluntad de los gobiernos y de la sociedad civil de los países exportadores, por lo general del Norte y con sistemas democráticos.
Así lo aseguró a IPS la diputada española en el Parlamento Europeo Francisca Sauquillo, fundadora y presidenta desde 1984 del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Voluntad que parece estar ausente en el gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que en junio suspendió la venta de armas a Libia, pero ahora se dispone a recibir la próxima semana a representantes de las fuerzas rebeldes que combaten contra el régimen de Muammar Gadafi.
La canciller Trinidad Jiménez organizó la reunión tras viajar en junio a la nororiental ciudad de Bengasi, bastión de los rebeldes agrupados en el Consejo Nacional de Transición Libio (CNTL), que para Madrid es el representante legítimo de la ciudadanía de ese país.
El asunto cobró notoriedad este viernes al finalizar la Tercera Reunión del Comité Preparatorio encargado de negociar un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), tras dos días de sesiones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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El objetivo a alcanzar en el acuerdo, que se espera sea firmado en 2012, es establecer un marco regulatorio efectivo del comercio de armas, que contribuya a evitar el tráfico hacia países en conflicto bélico y a organizaciones criminales.
La anulación en España de dos licencias de venta de armas acordadas en 2010 para Libia afecta a una parte de lo resuelto, pues ya se enviaron dos partidas, aunque no se divulgó el importe de las mismas.
Pero en el informe enviado en el primer semestre del año al Congreso de Diputados se indica que se autorizaba una exportación por 7,8 millones de euros (11 millones de dólares), además de otros 6,9 millones (9,8 millones de dólares) ya exportados.
El director de la Fundación por la Paz, Jordi Armadans, acusó al gobierno de Zapatero de haber vulnerado los acuerdos de control de venta de armas. Este mismo año, además de la reunión de la semana próxima, se exportaron armas a Arabia Saudita y a Egipto.
"Lo que se debe hacer es prevenir y no como en el caso de Libia darse cuenta tarde del daño que se está haciendo", dijo a IPS el responsable de esta organización no gubernamental con sede en Barcelona.
En todo caso, no se trata de suprimir la exportación de armas, sino de regularla, ya que no es lo mismo venderlas a un país democrático que a una dictadura, añadió, para luego indicar que "alguna reformas habrá que afrontar, pero no afectarán a las empresas".
Un problema que está presente, prosiguió, es la crisis, pues ante ella es posible que se intente vender más todavía, para tener ingresos.
A propósito, la Fundación por la Paz, Greenpeace e Intermón Oxfam señalaron en un comunicado que les preocupa la información publicada en el diario madrileño El País, según la cual el gobierno español negocia la venta de carros de combate a Arabia Saudita por valor de 3.000 millones de euros.
"Esta posible operación incumple claramente la ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que estipula que se denegarán operaciones de ventas de armas a países con vulneración de derechos humanos", añadieron las organizaciones no gubernamentales.
Mientras, la revocación por parte del gobierno, por primera vez, de dos licencias de exportación ya concedidas puede desatar un fuerte enfrentamiento con las empresas perjudicadas, que tienen el camino de recurrir a la justicia en busca de indemnización.
En la reunión preparatoria del ATT del jueves y este viernes en Nueva York, el coordinador del secretariado de la organización no gubernamental Armas Bajo Control, Jeff Abramson, exigió que los gobiernos apliquen medidas para regular el comercio de armas.
"No puedes venir a una reunión (como ésta) a alabar un proceso para lograr un acuerdo mundial para regular las armas y, al mismo tiempo, estar comprometido en transferencias irresponsables de tales armas", cuestionó.
Las principales críticas de las 140 organizaciones de la sociedad civil procedentes de50 países, presentes en la sede de la ONU, fueron dirigidas a la venta de armas e incluso al entrenamiento militar para Bahreim, Libia y Arabia Saudita.
Refiriéndose a la necesidad de desarrollar una legislación más amplia y sobre todo su aplicación, Abramson manifestó que "los vendedores han sido unos maestros en el uso de los vacíos legales existentes en el comercio internacional de armas y municiones".
"Debemos acabar con estos vacíos, para lo cual los países deben comprometerse a desarrollar legislaciones fuertes que regulen al comercio de armas", indicó.
El tratamiento de este tema en la ONU comenzó en 2006, cuando se aprobó una resolución pidiendo que los países expresaran su opinión sobre el comercio de armas en 2007. Más de un centenar de gobiernos lo hicieron, a lo que siguió un informe elaborado al año siguiente por un grupo de expertos.
Ese grupo celebró dos reuniones en 2009, a cuyo término la Asamblea General de la ONU resolvió convocar para 2012 una Conferencia por el Tratado sobre Comercio de Armas, con el objetivo de elaborar un instrumento legalmente vinculante con los estándares internacionales comunes más altos posibles para controlar ese tema.
