Los gobiernos tienen una gran cuota de responsabilidad en los pocos avances a celebrar este jueves, cuando se cumpla el primer aniversario de la histórica resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoció que el acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano básico.
"Los estados miembro reaccionaron con lentitud", se quejó Maude Barlow, presidenta nacional de The Council of Canadians, una de las mayores organizaciones no gubernamentales de Canadá que promueve la justicia social y económica.
"Sé que mi propio gobierno todavía no la aprobó y que todavía dice incorrectamenteque la resolución ( ) no es vinculante", dijo Barlow a IPS.
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de 192 miembros, adoptó la histórica resolución y, dos meses después, la aprobó el Consejo de Derechos Humanos, de 47 miembros y cuya sede está en Ginebra.
"El avance más significativo fue la adopción de una segunda resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos", dijo Barlow, ex consejera de la ONU en materia de agua y actual presidenta de Food & Water Watch, con sede en Washington.
[related_articles]
Esa segunda resolución no solamente sentó las responsabilidades de los gobiernos para llevar a la práctica este derecho, sino que también dejó en claro que ahora es vinculante, agregó.
De todos modos, la medida generó divisiones políticas: 122 países votaron a favor y 41 se abstuvieron, pero no hubo votos negativos.
Entre las abstenciones figuraron las de Estados Unidos y otros países industrializados. Pero también se abstuvieron varias naciones en desarrollo: Botswana, Etiopía, Guyana, Kenia, Lesotho, Trinidad y Tobago y Zambia.
Fleur Anderson, coordinadora de campañas internacionales en la organización End Water Poverty, con sede en Londres, dijo a IPS que pese a la resolución de la ONU, la crisis del agua y el saneamiento continuó todo el año.
"Y el problema no es la escasez hídrica o el cambio climático, sino las elecciones que hacen los gobiernos de no financiar el suministro de agua y saneamiento para cada comunidad", sostuvo.
Según ella, todavía falta un largo trecho para cumplir el Objetivo de Desarrollo de la ONU para el Milenio que, para 2015, se propone reducir 50 por ciento la cantidad de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado.
Si los gobiernos no aumentan a uno por ciento del producto interno bruto (PIB) el gasto en saneamiento, este derecho no significatá nada para los padres de los 4.000 niños y niñas que mueren cada día a causa de diarrea, dijo Anderson. Esa enfermedad es causada por la falta de saneamiento y la mala calidad del agua.
La campaña "Sanitation and Water For All" (saneamiento y agua para todos) tiene el potencial de poner a prueba el liderazgo de gobiernos y sociedad civil a la hora de brindar un mayor financiamiento, coordinación y planificación, pero los estados miembro tienen que apostar a este desafío, sostuvo.
Si se sigue haciendo las cosas como de costumbre, "el Objetivo del Milenio en materia de saneamiento no se cumplirá por otros 200 años", agregó.
John Sauer, de Water for People, dijo a IPS que, desde el punto de vista de Estados Unidos, se ha avanzado al designar a un coordinador mundial del agua: Christian Holmes.
Y también dio otro paso importante al firmar un Memorando de Entendimiento con el Banco Mundial sobre el Día Mundial del Agua, señaló.
Otros países también han progresado. Liberia, por ejemplo, hizo un relevamiento de todas sus fuentes hídricas en zonas rurales, lo que ayudó a alimentar un plan nacional que ahora está a estudio de la presidenta Ellen Johnson Sirleaf.
"Esencialmente estamos trabajando para crear un plan interno de acción en la mayor cantidad posible de países, y la mayoría incluirá presionar a sus gobiernos para que elaboren un plan de acción a presentar ante el Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU" y para que el mismo detalle cómo se hará para cumplir con las obligaciones de respetar y proteger el derecho al agua, dijo Barlow.
The Council of Canadians proyecta una campaña para que los gobiernos adopten el derecho al agua y el saneamiento en sus constituciones.
