Casi seis meses después de la revuelta popular que llevó a la renuncia del presidente de Egipto, Hosni Mubarak, parece haber llegado a su fin la luna de miel entre esos manifestantes y el gobierno interino del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), al principio considerado «defensor de la revolución».
Desde el 8 de este mes, los manifestantes regresaron en masa a la icónica plaza. Cientos de miles se concentraron algunos días para protestar por la incapacidad del Consejo gobernante para implementar reclamos clave de revolución.
"Si no pueden cumplir las demandas deben renunciar", dijo la Coalición Juvenil Revolucionaria, integrada por varias organizaciones que desempeñaron un papel importante en la revuelta de principios de año.
"El pueblo egipcio representa la única fuente de autoridad, la imparte y la puede retirar", añadió.
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El CSFA gobierna el país desde la partida de Mubarak en febrero tras 18 días de protestas.
Los manifestantes reclaman un inmediato cese del uso de la fuerza para dispersar actividades callejeras. Cientos de personas resultaron heridas el mes pasado, cuando la policía disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos para disolver una protesta en El Cairo, realizada por familiares de las personas muertas a principio de año.
"La alevosa agresión, como no se veía desde los días de la revolución, enfureció a la población", indicó Abu Zeid.
Los manifestantes también quieren un rápido procesamiento de funcionarios del régimen anterior, en especial de Mubarak y sus aliados más cercanos, así como de los integrantes de las fuerzas de seguridad implicadas en los asesinatos de civiles.
"Nadie ha visto a Mubarak desde hace semanas. Ni siquiera sabemos si está en prisión", señaló Sherif Mekawi, uno de los líderes del liberal Partido al-Ghad. "También dijeron que procesaron al exministro del Interior, pero nadie no la ha visto en los últimos tiempos", dijo a IPS.
Un tribunal egipcio dictaminó a principios de este mes que tres exministros del régimen anterior, y muy cercanos a Mubarak, eran inocentes de cargos de corrupción. Al día siguiente, un juzgado penal de la ciudad de Suez permitió el pago de fianza para siete policías acusados de participar en la muerte de manifestantes.
"Los fallos judiciales avivaron el malestar de la opinión pública y llevó a la gente de nuevo a la plaza Tahrir, donde expresaron su creciente descontento", indicó Mekawi.
Otro reclamo de los manifestantes es que se deje de juzgar civiles en tribunales militares, una práctica común bajo el régimen de Mubarak. Desde la revolución, cientos de jóvenes recibieron penas de prisión, algunos hasta de cinco años.
"Los únicos procesados en tribunales militares son manifestantes, cuando los exfuncionarios del régimen son los que deberían ser enjuiciados", se lamentó Mekawi.
En plena revolución, las Fuerzas Armadas de Egipto fueron elogiadas por la población pues claramente se pusieron del lado de los manifestantes. El eslogan "el pueblo y el ejército son uno" fue repetido muchas veces en las manifestaciones.
Pero ante el no cumplimiento de los principales reclamos, el sentimiento de camaradería se enfrió.
"La gente no siente un cambio verdadero", dijo Jaled Mohammad, estudiante universitario de 26 años, quien tuvo un papel activo en las manifestaciones de la plaza Tahrir. "Sentimos que cambiamos un Mubarak por 18 Mubaraks", dijo a IPS, refiriéndose a la cantidad de integrantes del CSFA.
Ahora los eslóganes que se escuchan son "abajo el mariscal de campo" en alusión al presidente del CSFA, Mohammad Tantawi, durante años fue ministro Defensa.
"Antes la gente veía a Tantawi como protector de la revolución", señaló Mohammad. "Pero seis meses después parece gobernar el país con la misma característica autocrática de Mubarak", añadió.
Los manifestantes ahora reclaman que el Consejo militar sea reemplazado por uno civil, que se elimine a los gobernantes del régimen de Mubarak y que se "purgue" la justicia y los medios de remanentes del periodo anterior.
"Si el CSFA quiere recuperar la confianza de la población, debe cumplir con los reclamos", remarcó Abu Zeid.
El Consejo divulgó el 12 de este mes un duro comunicado, poco común por su tono, en el que subrayó su rechazo cualquier intento de "toma" de poder. También declaró que no renunciara a su papel de gobernante hasta que se realicen las elecciones parlamentarias a fines de este año y advirtió a los manifestantes de no interferir con el funcionamiento del Estado y de sus instituciones.
"El Consejo amenazó de forma tácita con dispersar las protestas recurriendo a la fuerza", indicó Abu Zeid. "Fue inesperado y totalmente inaceptable para los manifestantes", añadió.
El primer ministro Essam Sharaf anunció algunas medidas para tratar de aplacar el malestar popular.
El 13 de este mes destituyó a más de 500 policías acusados de participar en la muerte de manifestantes a principios de este año. También prometió realizar algunos cambios en el gabinete, remover a todos los gobernadores de la época de Mubarak y transmitir por televisión los juicios a ex funcionarios del régimen.
Ese mismo día, Sharaf aceptó la renuncia de primer ministro adjunto Yehia al-Gamal. El lunes 18, el canciller Mohammad al-Orabi, designado por el CSFA, también presentó su dimisión.
Pero las medidas no conformaron a los manifestantes.
"Son acciones cosméticas", sostuvo Abu Zeid. "Sharaf estuvo cuatro meses para tomar medidas sencillas y bajo presión popular. Perdió toda credibilidad", añadió.
"Respetamos a las Fuerzas Armadas de Egipto en tanto que institución", remarcó Abu Zeid. "Y también al CSFA, pero sólo si accede a los reclamos populares", apuntó.
Organizaciones sociales llaman a otra manifestación del millón de hombres, como la de febrero en la plaza Tahrir, para este viernes en reclamo de sus demandas.
