Pese a los graves problemas económicos que sufre, Egipto decidió dar la espalda a las instituciones multilaterales de crédito que siempre apoyaron al régimen de Hosni Mubarak. Pero la aceptación de la abundante ayuda ofrecida por las naciones petroleras del Golfo genera especulaciones sobre las verdaderas intenciones de ambas partes.
Funcionarios egipcios estimaron en mayo que este país necesitaría entre 10.000 millones y 12.000 millones de dólares para hacer frente a la deuda generada tras el levantamiento popular de febrero que depuso a Mubarak y generó graves problemas económicos. Las revueltas causaron enormes pérdidas en el sector turístico, los mercados de capitales y la producción.
El Cairo sorprendió en junio al rechazar un préstamo de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tenía asegurado y otro de 4.500 millones de dólares del Banco Mundial. Las autoridades informaron entonces que recortarían el gasto y recurrirían a las monarquías del Golfo.
"Tiene sentido desde el punto de vista económico pedir prestado a nuestros vecinos árabes", señaló Alia El-Mahdi, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Económica, de la Universidad de El Cairo. "Pero son países que se opusieron a la revolución de Egipto, así que tenemos que sospechar de su benevolencia", apuntó.
El endeudamiento público está estimado en 190.000 millones de dólares, lo que equivale a 90 por ciento del producto interno bruto, según datos del Banco Central.
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"Hay un gran malestar con la idea de pedir prestado afuera", indicó Amr Hassanein, presidente de Meris, socia regional de la calificadora de riesgo Moody. "Antes de la (primera) Guerra del Golfo (en 1991), Egipto llegó a estar tan endeudado que no podía manejar solo la situación y debió pagar un alto precio político", apuntó.
La decisión de rechazar los préstamos de los organismos multilaterales de crédito "obedeció más a fines políticos que económicos", explicó El-Mahdi. "El gobierno no tiene una posición fuerte y está bajo una intensa presión de la opinión pública para no aceptar asistencia del FMI ni del Banco Mundial, sin importar cuáles sean las condiciones", añadió.
Muchos egipcios desconfían enormemente de ambos organismos, a los que responsabilizan de las políticas económicas neoliberales que dejaron un gran desempleo y disparidad de ingresos.
Los manifestantes que se siguen reuniendo en la plaza Tahrir de El Cairo se oponen a todo préstamo que ate a Egipto a cualquier modelo económico en particular antes de que haya un gobierno elegido por la ciudadanía. Muchos reclaman una economía de "justicia social" y énfasis en políticas de subsidios, seguridad laboral y programas de bienestar social.
En cambio, la posibilidad de recibir asistencia de los países del Golfo parece ser mejor aceptada por la gente que protesta en la calle. Casi dos millones de egipcios trabajan en los vecinos estados islámicos, con los que este país comparte lazos culturales comunes.
Las naciones árabes del Golfo ofrecieron unos 17.000 millones de dólares en préstamos, subvenciones y nuevas inversione, incluyendo 4.000 millones de dólares de Arabia Saudita, 3.000 millones de Emiratos Árabes Unidos y el compromiso de Qatar de invertir 10.000 millones de dólares en proyectos nacionales, además de una ayuda de 500 millones de dólares.
Los países del Golfo entienden que la asistencia es una forma de invertir en la estabilidad de la región y proteger sus capitales en Egipto, especuló Hassanein. Quizá también esperen conseguir apoyo para varios fines políticos, entre ellos la oposición a Irán.
Pero El-Mahdi sospecha que hay motivos más oscuros. Le resulta por lo menos extraño que las monarquías del Golfo, que reprimieron los reclamos democráticos en sus propios países, sean tan generosas con Egipto, que intenta instalar un sistema democrático.
"No les interesa que triunfe la revolución en este país, los monarcas absolutos temen que el disenso se propague a sus países", indicó la decana.
Arabia Saudita, en especial, mostró un férreo apoyo a los atribulados regímenes árabes, por ejemplo enviando soldados al vecino Bahrein para reprimir las protestas contra el gobierno.
También ofreció asilo político al expresidente tunecino Zine al-Abdine Ben Ali cuando fue derrocado por las revueltas populares de enero y, al parecer, hizo lo mismo con Mubarak.
Algunos analistas sospechan que los gobernantes de esos países árabes ofrecen dinero a elementos del régimen de Mubarak para desestabilizar Egipto y socavar la revolución.
"Parece que hubiera un esfuerzo organizado por crear conflicto, y mucha gente sospecha que hay fondos de los países del Golfo que quieren que fracase nuestra revolución", dijo El-Mahdi a IPS.
En los últimos meses, hombres armados atacaron a manifestantes que reclamaban reformas más rápidas y el procesamiento de funcionarios del régimen de Mubarak. Además, los salafistas, quienes profesan una creencia radical del Islam, fueron acusados de lanzar ataques contra iglesias y monasterios de la minoría cristiana, amenazando con avivar tensiones religiosas.
La duda inquietante es si el gobierno militar de Egipto, que acaba de reformar el gabinete buscando aplacar crecientes protestas populares, busca ayuda de las monarquías árabes tradicionales para evitar las estrictas condiciones de las instituciones occidentales o para socavar la transición democrática y proteger los intereses del régimen anterior.
Activistas desilusionados que participaron en los 18 días de protesta contra Mubarak consideran al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) como un obstáculo para el cambio. Algunos sostienen que el ejército, encabezado por el otrora aliado del expresidente, Hussein Tantawi, es corrupto y no está dispuesto a realizar reformas, sólo ciertas concesiones para mitigar el malestar popular.
"El CSFA es parte del antiguo régimen", remarcó Gamal el-Sayed, dueño de un café. "Trata de protegerlo movilizando gente contra la revolución para desacreditarla", aseguró.
En este contexto, la decisión de aprovechar la asistencia financiera de los estados del Golfo sería una forma de evitar las demandas de mayor transparencia que suelen acompañar a los fondos del FMI y del Banco Mundial.
Ambos organismos ya pidieron una ley sobre libertad de información, revelación de bienes ocultos y transparencia sobre fondos secretos del presupuesto nacional, según organizaciones de derechos humanos.
Pero el especialista en administración pública Ahmed Sakr Ashour no cree que haya un doble discurso de los gobernantes militares, sino sólo mejores políticas económicas.
Las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno para evitar el préstamo de FMI son, según él, un indicador de su intención de racionalizar el gasto y romper el círculo de endeudamiento.
"Creo que el gobierno es muy consciente de los riesgos políticos de aceptar ayuda del Golfo y espero que cualquier préstamo sea de corto plazo hasta que la economía pueda recuperarse", indicó.
Egipto parece preparado para liquidar los préstamos a la vez que defiende su soberanía económica. Pero para ello deberá poner fin al derroche presupuestal que caracterizó al régimen de Mubarak, añadió Ashour.
