Una delegación de Amnistía Internacional (AI) concluyó esta semana que los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para combatir la violencia sexual contra niñas y mujeres, así como para respetar los derechos de organizaciones políticas y civiles, son «limitados e insuficientes».
Tras una visita de una semana, en la que se reunió con autoridades, candidatos para las elecciones generales de noviembre y representantes de la sociedad civil, la misión brindó una conferencia de prensa en Managua, en la que advirtió que los abusos y violencia de género constituían "un gravísimo problema".
AI criticó la respuesta del Estado a los casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, y la calificó de "limitada" y "descorazonadora".
Del mismo modo, la delegación exigió la restitución de la figura del aborto terapéutico en la legislación nacional.
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible gracias a la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Partido Liberal Constitucionalista, liderado por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001).
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La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la Presidencia al ex guerrillero Daniel Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
"Hemos constando que la violencia sexual a niñas y a mujeres es un gravísimo problema de derechos humanos en este país", expresó el director de AI España, Esteban Beltrán. "No hay ningún síntoma de que esas alarmantes cifras de violencia sexual se reduzcan".
Según datos oficiales recopilados por AI, en 2010 hubo 3.778 denuncias de delitos sexuales, y 39 mujeres y niñas fueron asesinadas en Nicaragua.
Mientras, datos de AI publicados en 2010 indican que, entre 1998 y 2008, las autoridades nicaragüenses registraron 14.377 casos de violación y abuso sexual, de los cuales 9.695 fueron cometidos contra menores de 17 años.
"Cuando vemos la falta de justicia para muchas mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en Nicaragua, lo que observamos es una respuesta limitada y a veces descorazonada del Estado", señaló Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de AI y jefa de la misión.
Marengo lamentó la negativa de Ortega, candidato a la reelección presidencial por el partido de gobierno FSLN, a recibir a la delegación.
La misión se entrevistó con la ministra de Salud, Sonia Castro, quien a puertas cerradas de los medios de comunicación expuso los avances en materia de sanitaria y los programas gubernamentales dirigidos a la niñez, la adolescencia y la mujer.
De igual modo, la delegación se reunió con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, quien expuso el trabajo de la institución en la lucha y prevención del delito y el trabajo realizado por las 59 comisarías de las mujeres instaladas en todo el país.
Pero la información oficial no satisfizo a la misión.
Marengo dijo en conferencia de prensa que los funcionarios, en representación de la Presidencia, no se comprometieron a "extender una invitación abierta y permanente en materia de derechos humanos".
"En esta reunión tampoco se nos respondió formalmente al pedido de incluir en la agenda electoral un plan de acción de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas", informó la jefa de la delegación.
Quienes sí se comprometieron fueron los cuatro candidatos presidenciales, destacó AI.
Beltrán dijo que querían reunirse con Ortega para entregarle un documento con 210.000 firmas, recogidas por AI en 115 países, en el que se exige al mandatario "tomar acciones para combatir la lacra de violencia sexual a mujeres y niñas" en Nicaragua.
"Pareciera que el escrutinio internacional y nacional de los derechos humanos incomoda de cierta manera a las autoridades", señaló.
"Prueba de ello es que hay un único candidato presidencial que no se ha reunido con Amnistía", dijo, calificando además de "retroceso" el hecho que Nicaragua se encuentre entre el dos por ciento de países en los que no se permite el aborto terapéutico.
La visita de AI coincidió con una jornada callejera de protestas de organizaciones de derechos humanos y grupos feministas contra la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo que liberó a un acusado de violación en contra de Fátima Hernández, una joven ex trabajadora del Estado que recurrió a huelgas de hambre y otras formas de protesta para exigir justicia.
AI calificó de "aberrante" la sentencia. "Es un sistema que se suponía que le haría justicia a Fátima, pero más bien ha contribuido a dificultar su tarea", señaló Patricia Kaatee, directora de AI de Noruega.
"No nos vamos tranquilos. Sigue siendo muy seria la situación" de los derechos humanos en este país, dijo por su parte Beltrán.
La visita de AI y sus propuestas en torno al aborto y la justicia nicaragüense generó protestas de un sector de la Iglesia Católica y del Poder Judicial.
Gerardo Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, dijo que la organización internacional cometió un "error de apreciación" sobre las leyes nicaragüenses, al enfocarse en un único fallo.
"Ellos sesgan este caso y a partir de allí lo universalizan sin profundizar más en los esfuerzos del Poder Judicial por brindar seguridad jurídica a nuestras mujeres", se quejó.
En tanto, miembros de la Iglesia Católica, como monseñor Eddy Montenegro y el párroco de la Catedral Mayor de Managua, Bismarck Conde, criticaron de "injerencista" a la delegación y expresaron sus deseos por que la propuesta de AI no fuesen consideradas en serio por la clase política.
"La Iglesia siempre va a decir no al aborto, sí a la vida, y ese discurso no lo cambiará por nada del mundo", subrayó Conde.
