Los marroquíes concurren este viernes a las urnas para decidir sobre una propuesta de reforma constitucional que le otorga más poder al parlamento, pero que críticos aseguran es un cambio meramente cosmético en un intento por evitar nuevas protestas callejeras.
A fin de evitar que se arraigue en Marruecos la ola de reclamos democráticos que recorren el mundo árabe, el rey Mohammad VI designó en marzo una comisión para redactar una nueva Constitución, tras la mayor manifestación que haya visto el país en décadas.
Uno de los cambios anunciados a principios de junio fue que el parlamento será responsable de supervisar asuntos vinculados con la nacionalidad, la redacción y el planteo de leyes, así como la designación de representantes en el Ministerio del Interior.
El presidente, del partido que obtenga la mayoría legislativa, encabezará el gobierno y tendrá la autoridad de disolver la cámara baja, un derecho hasta ahora reservado al rey.
El proyecto también se concentra en la igualdad de género, más libertades personales, un sistema judicial independiente y la posibilidad de investigar a funcionarios corruptos.
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"Estoy muy impresionado con las reformas porque el régimen de Marruecos es muy diferente al de Túnez y Egipto, cuyos gobernantes se vieron obligados a renunciar, o el de Libia, Yemen y Siria, que resisten ferozmente", señaló Abdallah Schleifer, periodista y profesor emérito de la Universidad Americana de El Cairo.
"La reforma convertirá a Marruecos en una monarquía constitucional con un parlamento que será elegido por la ciudadanía y tendrá más poderes, así como una ley fundamental similar a la de las democracias europeas", indicó Schleifer.
"Este país es único en la región porque las reformas proceden del centro mismo del poder, en cambio en países como Egipto, un levantamiento popular obligó al ejército a tomar cartas en el asunto y promover un disimulado golpe de Estado".
Las grandes fuerzas políticas como la Unión Socialista de Fuerzas Populares, el conservador Istiqlal y el islamista Partido de Justicia y Desarrollo, urgieron a sus seguidores a concurrir a las urnas. En cambio agrupaciones opositoras como el movimiento juvenil 20 de Febrero, que encabezaron las manifestaciones callejeras, optaron por boicotear el referendo por no considerarlo democrático.
"La comisión estuvo integrada por respetadas personalidades, profesores, especialistas legales y sociólogos. También se invitó a partidos, sindicatos, instituciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos", dijo a IPS el periodista Abdellah Aoussar.
"Pero el movimiento 20 de Febrero y los izquierdistas Partido Socialista Unificado y el proscrito partido islámico de Justicia y Caridad decidieron boicotear la consulta popular porque los integrantes de la comisión no fueron elegidos sino designados por el rey", apuntó.
"El movimiento sigue organizando marchas y campañas puerta a puerta para convencer a la gente que boicotee la consulta pues una baja concurrencia las urnas cuestionará la credibilidad de la nueva Constitución", indicó Aoussar.
La nueva ley fundamental mantiene la potestad del rey de otorgar amnistías, designar jueces y aprobar a los miembros del gabinete, así como la autoridad sobre el aparto de seguridad y la capacidad de invalidar o disolver el parlamento, lo que, según algunos analistas, permitirá al monarca seguir llevando la batuta.
"La semántica del lenguaje de la nueva Constitución da la impresión de que el Poder Ejecutivo ganará más poder. Por ejemplo, al reemplazar primer ministro por presidente del gobierno parece que tuviera la sartén por el mango, pero en realidad no es así", dijo a IPS el editor Arezki Daoud, responsable del North African Journal.
"Los cambios propuestos son básicamente cosméticos porque el artículo 19, que consagra las potestades del rey y le otorga el título de Comandante de los Fieles, significa que se convertirá en un papa con poderes, podrá mantener todas sus funciones por poder porque todas las nuevas leyes y designaciones requerirán aprobación real", explicó Daoud.
La oposición sostiene que las reformas no satisfacen sus demandas de instaurar una monarquía parlamentaria, liberar a los presos políticos y otorgar dignidad, justicia social y mayores libertades para los casi 30 millones de ciudadanos.
Pero los pronósticos indican que la nueva Constitución se aprobará con un amplio apoyo popular.
"Marruecos tiene una larga tradición de elecciones libres que permitieron a la oposición llegar al poder, lo que le da legitimidad a la monarquía", indicó Schleifer. "Creo que la respuesta del rey es inteligente y sensata y que será respetada por la mayoría que áceptará las reformas", vaticinó.
