La Corte Penal Internacional (CPI) socavará su propia lucha contra la impunidad si excluye los delitos cometidos en Kisumu y en el asentamiento capitalino de Kibera del caso contra los presuntos responsables de la violencia postelectoral de 2007 en Kenia, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
Los jueces dictaminaron en marzo que el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno-Ocampo, no pudo probar que los asesinatos extrajudiciales perpetrados por la policía en la occidental ciudad de Kisumu y en Kibera, donde también hubo varias personas heridas y violadas, formaron parte de una política estatal encabezada por los tres presuntos responsables.
Los imputados, el ministro de Finanzas, Uhuru Kenyatta, el jefe del Servicio Público, Francis Muthaura, y el excomisario de la Policía, Mohammad Hussein, están vinculados al Partido de Unidad Nacional, del presidente Mwai Kibaki.
Los cargos en su contra van desde crímenes contra la humanidad, asesinato, traslado forzado de personas, violación, persecución y tratos inhumanos en relación con la violencia desatada en la oriental provincia de Valle del Rift.
Hay otros tres sospechosos en otro proceso acusados de asesinato, traslado forzado de personas y persecución.
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El fallo emitido en marzo señala que las pruebas presentadas por Ocampo aportan "motivos razonables para creer" que la policía "realizó un uso excesivo de la fuerza, en particular mediante municiones reales" contra residentes de Kisumu, que dejó más de 60 personas muertas.
Los jueces también señalaron que la policía "arrasó el asentamiento de Kibera" varias veces y que allí fueron perpetrados delitos por la banda de delincuentes Mungiki.
Los magistrados no quedaron satisfechos con las pruebas de los vínculos entre los delitos y una política estatal y entre ellos y los propios imputados, y desestimaron los cargos por lo ocurrido en ambos lugares.
Credibilidad dañada
No perseguir el proceso por lo que ocurrió en Kibera será un gran impacto para la mayoría de las víctimas, señaló Stella Ndirangu, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas de Kenia, en especial a la luz de los hechos de que el asentamiento precario ocupó un lugar destacado en el expediente inicial, presentado por Ocampo.
"Si no hay forma de atribuir responsabilidades, el interés de tratar de evitar que se repita la violencia, de alguna manera, se perderá", señaló Ndirangu.
Consolata Ngugi, de 49 años y residente de Kibera desde 1994, fue violada por tres partidarios de Raila Odinga, quien perdió la elección y ahora es primer ministro, al día siguiente del anuncio del triunfo de Kibaki.
El proceso de la CPI, que ella apoyó, no tendrá sentido si los jueces desestiman la evidencia de los delitos cometidos en el asentamiento, indicó.
"El tribunal trata al asentamiento como un lugar diferente, pero aquí también hubo violencia", señaló. "Si la CPI abandona a Kibera dará una señal clara a los residentes de que no importa cuántas personas hayan sido asesinadas, la ley nunca llegará a los responsables", añadió.
El gobierno reconoce que hubo 1.220 muertos en todo el país durante la crisis que se extendió hasta febrero de 2008, según la solicitud inicial de Ocampo para abrir una investigación.
Pero Pamela Akwede, directora de la oficina de derechos humanos de la Iglesia Católica Cristo el Rey, de Kibera, estimó que murieron por lo menos 1.000 personas sólo en el asentamiento.
La exclusión de Kibera del caso contra Kenyatta, Muthaura y Ali significará la última traición contra las víctimas que ya soportaron malos trato de dirigentes políticos y agresiones de la policía, indicó Akwede.
Los candidatos que se apresuraron a buscar votos en el asentamiento durante la campaña electoral para los comicios de diciembre de 2007, casi ni se vieron después, remarcó.
La policía interrogó a varias víctimas, pero invariablemente concluyó que no había suficientes pruebas para presentar cargos penales. Algunos incluso dijeron a personas que fueron violadas, como Ngugi, que "debieron de haberlo disfrutado", se lamentó Akwede.
"La gente pobre de aquí fue usada por el gobierno de Kenia", acotó Akwede, quien añadió que ahora recomienda las mujeres que se nieguen a ser interrogadas por investigadores policiales.
Ngugi también acusó a la policía y a la justicia local de renunciar a su responsabilidad de investigar la violencia. Ella identificó a sus atacantes, pero la policía se negó a buscarlos y detenerlos, en cambio le dijeron que si los veía les avisara.
"Son unos borrachos", indicó Ngugi. "Andan en bares y clubes nocturnos de la zona. No puedo pararme todos los días afuera de ellos buscando a las personas que destruyeron mi vida", se lamentó.
Las víctimas de Kisumu se llevarán la misma decepción si el caso contra Kenyatta, Muthaura y Ali se concentra sólo en lo que pasó en la provincia de Valle del Rift, señaló Ndirangu, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas de Kenia.
"La mayoría de lo que ocurrió en Kisumu quedó registrado, en especial la violencia policial, y es impensable que los responsables queden impunes", arguyó.
Ocampo puede presentar nuevas pruebas antes de la audiencia de confirmación de los cargos, prevista para septiembre, explicó Jelena Vukasinovic, oficial jurídico adjunto de la CPI.
Ocampo urgió a organizaciones de la sociedad civil a que enviaran información relevante a su despacho durante un encuentro realizado a principios de este mes en La Haya, sede de la CPI, indicó Ndirangu.
