De Escandinavia al Mediterráneo, Europa está siendo atravesada por cambios sociales y políticos de tan vasto alcance que ponen en discusión sus principios fundamentales. También la diversidad, que ha sido una constante europea enriquecedora de nuestra historia, es vivida ahora como una amenaza. Las señales están delante de nuestros ojos: intolerancia y fanatismos que se propagan, un creciente apoyo a partidos populistas y xenófobos, la presencia siempre más masiva de inmigrantes sin estatus y sin derechos, comunidades “paralelas” que no interactúan con el resto de la sociedad; libertades individuales oprimidas y democracias en crisis.
De frente a este preocupante escenario he aceptado, en julio pasado, la invitación del Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, a formar parte de grupo restringido de “personalidades” europeas, presidido por el ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Joschka Fischer, con el mandato de preparar un informe sobre cómo combinar libertad y diversidad -dos conceptos centrales de la identidad europea- en el siglo XXI. El fruto de nuestro trabajo, hecho público el 11 mayo, opone una alternativa a esta oleada de populismo e intenta indicar el camino para una Europa más fuerte y más segura de sí misma y que integre las diversidades en lugar de rechazarlas inútilmente. Nos hemos preguntado que si es posible ser afro-estadounidense o ítalo-estadounidense ¿será imposible imaginar un europeo seguido de un guión, por ejemplo anglo-asiático o ítalo-africano o euro-mediterráneo?
Nosotros pensamos que una Europa de tal tipo pueda existir a condición de que todos los que en ella residen establemente sean aceptados como ciudadanos, con prescindencia de su fe religiosa, su cultura o su etnia. Como todos los otros ciudadanos en una democracia, ellos deben poder concurrir al establecimiento de las leyes, conscientes de que ni una religión ni una excepción cultural pueden convertirse en una excusa para violarlas.
En el informe proponemos una especie de manual de las diversidades que contiene 17 principios guía para gobernantes, legisladores y activistas en general. Básicamente, debe haber un consenso sobre el hecho de que la legalidad vale para todos, pero poniendo a cada uno en condiciones de comprender que dicen las leyes y como pueden ser cambiadas. Son necesarias medidas particulares para asegurar la igualdad de oportunidades a miembros de comunidades marginadas. La libertad de expresión debe ser defendida siempre, jamás limitada con el pretexto de aplacar comportamientos violentos o intimidatorios. Al mismo tiempo, no pueden ser subestimadas las declaraciones públicas que alimenten prejuicios contra minorías o inmigrantes.
Para poner en práctica estos principios invitamos a los Estados que integran el Consejo de Europa a conceder los derechos y deberes derivados de la ciudadanía, incluso el derecho de voto, al mayor número posible de habitantes y, como paso intermedio, otorgar a todos los residentes extranjeros el derecho de voto en las elecciones administrativas. También se debe corregir la imagen estereotipada de los inmigrantes y proporcionar a la opinión pública un cuadro más realista de las necesidades en cuestión de fuerza de trabajo, ya que las proyecciones demográficas indican que, sin inmigrantes, seremos siempre menos y más viejos. La Comisión Europea calcula que, en los próximos 50 años, en sus 27 Estados miembro, la población activa disminuirá en cerca de 100 millones, no obstante el aumento constante de la población en ese período.
No ponemos en discusión el control sobre los flujos de inmigrantes sino el hecho de garantizar a quienes solicitan asilo y a los inmigrantes un tratamiento equitativo y humano. El escándalo mayor –lo señalamos con fuerza en el informe- es el trato sufrido por la mayor minoría en Europa, la comunidad rom (gitana), estimada entre 10 y 12 millones de personas. Al contrario de otras minorías, en Europa los rom no son unos recién llegados y una vasta mayoría tiene la ciudadanía de países europeos. Se distinguen del resto de la población sobre todo a causa de su exclusión social. En todos los países europeos su rédito medio y su nivel de instrucción y de empleo los coloca en el fondo de la escala social.
Ningún otro grupo es objeto de tal discriminación y ningún país europeo puede decirse orgulloso del trato que le reserva a los rom. Su condición se traduce en una de las violaciones más persistentes cometidas de lo que nosotros, los europeos, amamos llamar “nuestros valores”. En Italia, el ministro del Interior ha llegado al punto de lamentar de no poder repatriarlos porque “aquí muchos tienen la ciudadanía italiana, tienen derecho a quedarse y no se puede hacer nada.”
Pero Italia no está sola en la promoción de políticas de no integración o incluso de sello racista o xenófobo: ese mismo tipo de políticas prolifera en cada ángulo de Europa. Una tendencia peligrosa que es necesario revertir mientras estemos en tiempo de hacerlo. Por ello pedimos al Consejo de Europa y a la Unión Europea que trabajen conjuntamente en una política común para la inmigración. Y al mismo tiempo tender la mano a nuestros vecinos de Cercano y Medio Oriente y del Norte de África, ofreciéndoles una posibilidad seria de participar, con el estatus adecuado, en las instituciones y en las convenciones europeas. Si se sigue este camino, pensamos que Europa podrá convertirse en un lugar mejor del que es ahora. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Emma Bonino, Vicepresidenta del Senado italiano, dirigente del Partido Radical y miembro del Grupo de Personalidades Eminentes del Consejo de Europa.
