Después de un mes y medio de conflicto en Libia, la situación de muchos prisioneros políticos y de guerra en ambos bandos es incierta, y sus derechos fundamentales están en riesgo.
Algunos fueron arrestados en los primeros días de las revueltas, cuando éstas eran todavía manifestaciones pacíficas y los ciudadanos libios aún no habían tomado las armas.
Pero la mayor parte de los desaparecidos son prisioneros de guerra, capturados desde el comienzo de los combates en marzo, en el frente o en sus alrededores: son "shabab", jóvenes combatientes y demás voluntarios, apresados cuando transportaban suministros e iban o volvían de la primera línea de batalla, en la carretera que lleva de Bengasi hacia el oeste, según la organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional.
Se cree que están en manos de las fuerzas de Muammar Gadafi y que habrían sido llevados a los bastiones del líder libio, en Sirte y Trípoli, en el norte y noroeste del país respectivamente.
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Los habitantes del este de Libia están acostumbrados a la represión del régimen, que ha castigado especialmente a esta región del país: cada bengasí tiene un familiar o un amigo que ha sufrido las prácticas del "Aman el Daula" (seguridad interior), la policía política de los regímenes árabes.
Por eso las familias de los desaparecidos y las ONG que trabajan en la zona dicen que éstos corren gran riesgo de que sus derechos básicos sean violados.
Además, no hay canales de comunicación para negociar la puesta en libertad de estos presos —entre los que también hay personal médico y periodistas—, hacer un seguimiento de su situación o simplemente conocer su paradero, por lo cual la mayor parte son oficialmente desaparecidos.
Los rebeldes también han tomado prisioneros políticos y de guerra del otro bando, si bien no existen cifras de detenidos desde el comienzo del conflicto: varias decenas, quizás centenares, aunque la gran mayoría fueron puestos en libertad.
Son los llamados "mercenarios" de Gadafi, sospechosos de luchar en sus filas a cambio de dinero, procedentes de países de África subsahariana y perseguidos en las zonas controladas por los rebeldes, muchas veces injustamente.
Cuando la rebelión se impuso en el este, muchos inmigrantes subsaharianos que residen y trabajan en Libia fueron detenidos, algunos atacados e incluso linchados en las localidades más orientales del país.
En las últimas dos semanas, en las que rebeldes y fuerzas de Gadafi se han disputado el territorio entre Ajdabiya y Ras Lanuf sobre el mar Mediterráneo, el ejército revolucionario también capturó combatientes libios, sobre todo durante el asalto gubernamental a Bengasi.
De ellos se sabe muy poco y sus casos son los más complicados, dijo a IPS la investigadora de Amnistía, Donatella Rovera.
Las autoridades rebeldes aseguran que con esos prisioneros de guerra se sigue de forma "estricta" el procedimiento legal, de acuerdo con los estándares internacionales, según Issam Gheriani, portavoz del Consejo Nacional Transitorio, que actúa como un gobierno interino con sede en Bengasi.
Gheriani dijo a IPS que los detenidos serán investigados y juzgados, pero el problema es que la justicia es prácticamente inexistente tras casi 42 años de dictadura.
"Ahora mismo no hay nada, no hay instituciones, y las pocas que existen quizás no estén capacitadas para llevar a cabo este trabajo", explicó Rovera. Incluso Gheriani admitió que las nuevas autoridades no tienen experiencia y por eso han cometido errores en el tratamiento de estos prisioneros.
El principal error fue exhibirlos ante la prensa internacional, presentándolos como "mercenarios", olvidando su presunción de inocencia y poniendo así en peligro sus vidas y las de sus familiares, algunos de los cuales viven en áreas bajo el control de Gadafi donde podrían sufrir represalias, explicó a IPS el director de la división de emergencias de HRW, Peter Bouckaert.
El activista ha estado trabajando en Libia para evitar que eso ocurra, apelando también a la ética de los medios de comunicación.
Por lo demás, los derechos de estos prisioneros son respetados, según la investigadora de Amnistía, que asegura que el gobierno rebelde está preocupado por salvaguardar su integridad y los mantiene custodiados en lugares "secretos" para evitar incidentes a causa de la rabia popular. No se han registrado casos de tortura o abusos, sostuvo Rovera, que ha podido comprobar su situación.
"Podremos odiarlos, pero no podemos negarles sus derechos humanos básicos", olvidados sin embargo en muchas ocasiones por la inexperiencia y la euforia revolucionaria, admitió Gheriani.
Los "murtazaka", mercenarios, se han convertido en el enemigo público de los rebeldes, en la encarnación de todos los males y de la crueldad del régimen, y en el recurso más fácil. "Siempre es más sencillo pensar que los que te hacen daño no son tus propios hermanos", dijo Rovera.
Eso explicaría la desinformación y secretismo que rodea a los detenidos libios, tanto soldados como civiles fieles al régimen que, por ejemplo en Bengasi, son buscados, detenidos y entregados al Consejo Nacional Transitorio. Su número, su identidad y su destino son inciertos.
