Las autoridades de Egipto iniciaron decenas de investigaciones penales sobre contratos de tierras por cientos de millones de dólares concedidos a personas asociadas al ahora derrocado presidente Hosni Mubarak sin los procedimientos adecuados y por debajo de los precios del mercado.
"El régimen autoritario (de Mubarak) apoyó a una clase de especuladores de tierras y los presentó como si fueran verdaderos empresarios con proyectos reales" dijo Mamdouh Hamza, profesor de ingeniería civil en la Universidad del Canal de Suez y frecuente orador público sobre temas de corrupción relacionados con tierras.
"De hecho, el vínculo más cercano que tenían con los negocios eran sus relaciones con el régimen, del que solían obtener tierras baratas. Luego de un tiempo, inflaban los precios y las vendían para hacer grandes ganancias, dándole al pueblo una miseria a cambio", señaló.
Las investigaciones, apoyadas por las Fuerzas Armadas, que asumieron el poder en forma interina luego de que Mubarak fuera desalojado el 25 de enero, están claramente destinadas a aplacar el malestar de la población egipcia, que se siente saqueada por el anterior régimen.
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La Organización Central de Auditoría, órgano gubernamental marginado por Mubarak pero que continuó almacenando informes sobre corrupción oficial, estima que este país podría recuperar unos 75.000 millones de libras egipcias (12.700 millones de dólares) de tierras públicas vendidas como zona de cultivo baratas pero luego ofrecidas como lugares residenciales de lujo.
Estas se encuentran especialmente a lo largo de la Carretera del Desierto, de 220 kilómetros de largo, que va desde El Cairo hasta la norteña ciudad de Alejandría.
Al menos una decena de funcionarios cercanos al ex presidente, que gobernó Egipto por 30 años, y a su hijo, Gamal, son objeto de pesquisas o aguardan ser juzgados por contratos corruptos.
Casi todos eran miembros del otrora gobernante Partido Nacional Democrático. La fiscalía impidió a varios salir del país y congeló a otros sus cuentas bancarias.
Aunque se descubren casos irregulares casi a diario, muchos de los que ya habían alertado en el pasado estas prácticas ilegales aseguran que se trata sólo de la punta del iceberg.
"El fin de la corrupción estatal en los bienes raíces acaba de comenzar", dijo Sameh El Alaily, decano de la Facultad de Planeamiento Urbano en la Universidad de El Cairo y quien ha escrito mucho sobre el tema.
A comienzos de este mes, un panel legal recomendó la anulación de un contrato que concedió 93 hectáreas de terrenos públicos en el noroeste de El Cairo a la empresa Palm Hills Developments, la segunda inmobiliaria más importante del país.
El panel descubrió que el contrato había sido otorgado no por licitación sino "por orden directa", y a precios muy inferiores a los del mercado. Como consecuencia, Egipto perdió millones de dólares en el valor real de la tierra.
El ex ministro de Vivienda Ahmed Al Maghrabi está ahora en prisión, acusado de haberle otorgado a Palm Hills Developments, empresa de la que es accionista, cientos de hectáreas de tierras "usando sólo su firma".
El fiscal general, Abdel Megeed Mahmoud, ordenó esta semana el congelamiento de todas las cuentas de Al Maghrabi y de su socio, el presidente y jefe ejecutivo de Palm Hills Developments, Yasseen Mansour, cuyo imperio familiar incluye acuerdos con multinacionales como General Motors, Opel, Philip Morris, McDonalds, Red Bull y Mantrac.
Palm Hills señala en su sitio web que es socio de The Ritz-Carlton Hotel Company y del Jumeirah Group, de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Palm Hills también tiene un acuerdo con los Taj Hotels de India.
Al Maghrabi afronta otras varias acusaciones, como vender tierras a 300 libras egipcias (50 dólares) por metro cuadrado, cuando el precio real era de 5.000 libras (850 dólares), a un magnate saudita en El Cairo.
La mayor empresa inmobiliaria del país, Talaat Moustafa Group, también está siendo investigada por haber recibido más de 1.000 hectáreas a un precio menor y sin el adecuado procedimiento de licitación.
Un fallo judicial antes de la salida de Mubarak ya había concluido que el contrato era fraudulento. No obstante, el régimen pisó fuerte y volvió a entregar las tierras el año pasado a la misma empresa y al mismo precio.
