El uso habitual de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad de Egipto en las últimas dos décadas es uno de los factores que contribuyó a las actuales manifestaciones contra el régimen de Hosni Mubarak.
Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch (HRW) señala que la práctica es endémica y ha sido realizada en impunidad en ese país africano.
"Los egipcios se merecen el fin de la práctica de la tortura, increíblemente arraigada", señaló en una declaración Joe Stork, subdirector de la División de Medio Oriente y Norte de África de HRW.
"El pésimo desempeño del gobierno egipcio en este tema es en gran medida lo que aún lleva a las multitudes a las calles hoy", señaló.
La decisión de Mubarak el domingo de designar a Omar Soleiman como vicepresidente fue recibida con rechazo por los manifestantes, debido a la responsabilidad de ese funcionario en las torturas.
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Como jefe del Servicio General de Inteligencia (GIS), Soleiman trabajó con la Agencia Central de Inteligencia de (CIA) Estados Unidos en el programa de "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions"), mecanismo empleado por Washington para capturar a "sospechosos de terrorismo" y transferirlos, sin pasar por tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas.
El último informe de HRW, titulado "Work on Him Until He Confesses: Impunity for Torture in Egypt" ("Denle hasta que confiese: Impunidad para la tortura en Egipto"), señala que la agencia de Investigaciones de Seguridad del Estado (SSI) es la principal responsable de las torturas y las desapariciones forzadas en el país.
La oficina se dedica a vigilar a la oposición política, y es brazo derecho del GIS.
Nasr al-Sayed Hassan Nasr, ex miembro de la islamista Hermandad Musulmana, principal fuerza opositora a Mubarak, contó a HRW los detalles de su detención, durante unos 60 días, en la que un funcionario de la SSI le dijo: "Ésta es la principal fortificación en Medio Oriente para extraer información. Estás a 35 metros debajo de la tierra, en un lugar que nadie conoce, excepto el ministro del Interior".
Nasr dijo que tuvo los ojos vendados todo el tiempo, fue golpeado, torturado con choques eléctricos, humillado y amenazado con ataques sexuales.
Lawrence Wright, autor del libro "La torre elevada", sobre la historia de la red islámica Al Qaeda, sugirió una conexión entre las violaciones a los derechos humanos en las cárceles egipcias —donde fue torturado el número dos de esa organización radical, Ayman Zawahiri— y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
"Al encarcelar, torturar y obligar el exilio a (los miembros de) la Hermandad Musulmana, Mubarak frenó toda posibilidad de revolución islámica", escribió el lunes el columnista conservador Ross Douthat en el periódico estadounidense The New York Times, citando a Wright.
"Pero también ayudó a radicalizar e internacionalizar a los islamistas de su país, empujándolos fuera de la política egipcia y (llevándolos) la yihad (lucha mundial por el Islam)", añadió.
En Egipto rige un estado de emergencia desde 1967, que básicamente le permite a las fuerzas de seguridad operar fuera de la ley. Mubarak, quien ocupa la Presidencia desde 1981, ha justificado su permanencia en el poder, a pesar de las críticas internacionales, arguyendo la continua amenaza del terrorismo.
Estados Unidos otorga unos 2.000 millones de dólares de ayuda militar y económica a Egipto cada año, pero ahora se ve obligado a sopesar su histórica alianza con el régimen de Mubarak frente a las crecientes críticas por sus abusos y violaciones a los derechos humanos.
En un cable de enero de 2009 divulgado por el sitio Wikileaks, la embajadora de Estados Unidos en El Cairo, Margaret Scobey, le informaba a la secretaria de Estado (canciller) Hillary Clinton que el gobierno de Mubarak "no había iniciado serios trabajos para transformar a la policía y a los servicios de seguridad, de forma que dejen de ser instrumentos de poder que sirven y protegen al régimen y se conviertan en instituciones que operen por el interés público".
En marzo de ese año, ante la divulgación de un informe del Departamento de Estado sobre la situación egipcia, Clinton respondió: "Consideramos a Egipto un (país) amigo y todos podemos mejorar".
En los últimos 20 años, las autoridades egipcias han ido cambiando de discurso sobre las torturas. En principio negaban toda acusación, pero poco a poco comenzaron a reconocer la existencia de abusos y prometieron investigar las denuncias.
Pero el informe de HRW, de 95 páginas, indica que factores dentro del marco legal e institucional de Egipto impiden que las víctimas puedan responsabilizar a los perpetradores, incluyendo falta de independencia de los fiscales, conflictos de intereses dentro de las filas policiales e intimidaciones a los testigos.
