El ex presidente estadounidense George W. Bush puede haber desaparecido de los titulares de prensa desde que dejó el cargo en enero de 2009, pero los delitos atribuidos a su gobierno no se olvidan.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) divulgó el lunes la "Acusación preliminar por Torturas contra Bush", un documento que describe los aspectos centrales del caso contra el ex mandatario y la forma en que violó la Convención contra la Tortura, suscrita por Estados Unidos.
El CCR presentó la iniciativa junto con otras 60 organizaciones entre las que está el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín. El hecho coincidió con el noveno aniversario del día en que Bush decidió que los llamados "combatientes enemigos" carecían de las protecciones fundamentales previstas en las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra.
Dos víctimas de tortura tienen se propusieron iniciar una demanda penal en Ginebra contra el ex presidente de Estados Unidos, quien tenía previsto llegar a Suiza este sábado 12.
En los casos tortura, la legislación suiza requiere la presencia del imputado en su territorio antes del comienzo de la investigación. Activistas de derechos humanos consideraron que la visita de Bush era la oportunidad perfecta para que Suiza cumpliera sus obligaciones como signatario de la Convención contra la Tortura y al ex mandatario le llegara el mensaje de que no gozará de ninguna exoneración especial, aun como ex jefe de Estado.
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Pero Bush suspendió su viaje.
"En noviembre de 2009, Bush reconoció que autorizó la tortura de detenidos bajo custodia de Estados Unidos", dijo a IPS la abogada del CCR Katherine Gallagher, también vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
"Se supone que somos un país con un sólido Estado de derecho y cuando actuamos con impunidad de forma tan descarada damos un pésimo mensaje al mundo", añadió. El submarino "es legal porque los abogados dicen que es legal. Yo no soy abogado", dijo Bush en noviembre de 2010 al ser entrevistado por el periodista Matt Lauer. "Claro que lo haría", respondió el ex presidente a pregunta de si volvería a tomar la misma decisión.
Además del caso presentado por el CCR, hay dos más iniciados en España sobre las acciones de los abogados constitucionales del gobierno de Bush (2001-2009), el llamado "Bush 6", autores del manual de tortura y arquitectos del marco legal que invocó el entonces presidente cuando comenzaron las acciones judiciales en su contra.
"Ambos temas forman parte de los esfuerzos de asignar responsabilidades que, espero, se cierren sobre Estados Unidos", dijo Gallagher a IPS. "El Bush 6 lo integran personas que pretenden que la tortura es aceptable, pero no es así", añadió.
La Casa Blanca permanece en silencio, mientras jueces de Madrid hasta Ginebra arremeten contra el anterior gobierno. Ni el presidente Obama ni nadie de su entorno ofrecieron apoyo a alguno a los ciudadanos que luchan contra la impunidad.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) pidieron a Washington que investigara de forma exhaustiva las denuncias contra el ex presidente estadounidense y reclamaran el fin inmediato de la impunidad.
"Al menos deberían investigar la posibilidad de procesamiento", dijo a IPS la portavoz de HRW, Laura Pitter.
"No hay razón para que los tribunales de Estados Unidos no abran una investigación de ese tipo, aun sólo basándose en lo que Bush ha reconocido públicamente", añadió.
El impertérrito rostro de Obama quedó al descubierto por los miles de documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks a fines del año pasado. Los cables revelaron que su gobierno mantenía contactos con funcionarios españoles para mantener las investigaciones ocultas.
"Es una gran decepción viniendo de un presidente que solía ser profesor de derecho constitucional", dijo Gallagher a IPS.
Las organizaciones de derechos humanos siguen adelante con los procesos, pese a la indiferencia de Washington.
"Bush es un torturador y debe ser recordado como tal", dijo Gavin Sullivan, del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales.
"Es responsable de autorizar torturas contra miles de personas en Guantánamo, Cuba, y en los sitios secretos que la CIA tiene en todo el mundo. Bush tiene razón en estar preocupado porque todos los países tienen la obligación de procesar a los torturadores", añadió.
Y quizá, más importante que las acusaciones sean los supervivientes, cuyas voces están apagadas o siguen ocultos en Guantánamo y que merecen que se haga justicia.
