Los funcionarios que rodeaban a Hosni Mubarak no pudieron ser tocados durante años, pero el derrocamiento del mandatario los dejó sin protección. Ahora son investigados por graves cargos de corrupción, y muchos en Egipto esperan que finalmente se haga justicia.
Activistas anticorrupción acusan a Mubarak y a su camarilla de tratar a Egipto como si fuera su propio Estado privado, saqueando sus recursos y acumulando riquezas que escondían en cuentas en el exterior.
Aseguran que un pequeño grupo de funcionarios de gobierno y grandes empresarios con estrechos vínculos co Mubarak recibían tratamiento preferencial en negocios con tierras, y vendían bienes públicos para enriquecerse.
Las sospechas de corrupción siempre existieron, pero nunca fue fácil probarlas.
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La evidencia entregada a fiscales y agencias anticorrupción era rutinariamente ignorada, señalan activistas. Denunciantes y periodistas que escribieron sobre estos casos fueron objeto de ataques, multados o encarcelados.
Ahmed Sakr Ashour, profesor de administración de negocios en la Universidad de Alejandría, dijo que las agencias anticorrupción egipcias se volvieron ineficaces debido a una legislación que las sometió al control del presidente. Sólo se procedieron con las denuncias cuando había autorización del mandatario.
Aunque el derrocamiento de Mubarak el 11 de este mes le dio a esas agencias una mayor independencia, la mala coordinación entre éstas, casi media docena, y la presencia de leales al antiguo régimen entre sus filas podrían entorpecer las investigaciones.
También está por verse hasta dónde los militares, que gobiernan transitoriamente el país, estarán dispuestos a permitir que se investigue una red de corrupción en la que ellos mismos podrían estar envueltos.
"Hay muchos conflictos (de intereses) que pueden socavar las investigaciones", dijo a IPS.
Analistas señalan que los próximos juicios a cuatro altos funcionarios del régimen de Mubarak podrían servir de barómetro para constatar la disposición de los militares a llevar a los tribunales al antiguo régimen.
Los cuatro hombres, entre ellos tres ex ministros de gabinete y un ex líder del Partido Nacional Demócrata (PND) de Mubarak, fueron derivados esta semana a un tribunal penal de El Cairo acusados de corrupción.
El ex ministro del Interior Habib El Adly actualmente bajo una investigación separada por su papel en la organización de la mortal represión contra manifestantes opositoresfue acusado de lavado de dinero y extorsión. La justicia congeló las cuentas de El Adly luego de que un banco notificara a las agencias investigadoras que un contratista privado había transferido 750.000 dólares a su caja personal.
"No puedo ver ninguna razón por la cual un funcionario policial o cualquier funcionario público reciba tal cantidad de dinero en su cuenta personal", dijo El Sharkawy. "Me huele mal", añadió.
El ex ministro de Turismo Zoheir Garranah fue acusado también de corrupción. Los fiscales señalan que utilizó su posición para darle trato preferencial a amigos y socios, vendiéndoles tierras públicas a una fracción de su valor real. También fue acusado de bloquear licencias para operar a sus competidores, a pesar de las decenas de órdenes judiciales obligándolo a retractarse.
Similares acusaciones han sido presentadas contra Ahmed El Maghrabi, ex ministro de Vivienda. Registros públicos muestran que destinó varios terrenos públicos a Palm Hills Development (PHD), una firma en la que era socio.
Algunas de esas transacciones fueron denunciadas en un tribunal, y al menos en una instancia el propio Mubarak anuló la venta. No obstante, El Maghrabi siempre salió airoso de los escándalos.
"No voy a ser un chivo expiatorio. Soy inocente", gritó desde la celda del tribunal cuando comenzó el proceso en su contra.
Muchos egipcios sienten especial desprecio hacia Ahmed Ezz, ex miembro del PND y estrecho amigo y confidente del hijo de Mubarak, Gamal.
Ezz, dicen sus detractores, utilizó sus conexiones políticas para monopolizar la industria de acero del país, ganando control de más de 60 por ciento del mercado. Y fue Ezz, afirman, quien diseñó el fraude de las elecciones parlamentarias del año pasado.
"Ezz administraba la mayor compañía de acero en Egipto y fue ampliamente visto como alguien corrupto", dijo Alia El Mahdi, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de El Cairo. "Pero ninguno de los cargos presentados en su contra permaneció".
El magnate fue acusado de cargos de corrupción relacionados con su polémica adquisición de permisos para abrir dos fábricas de acero en el sur del canal de Suez.
Mientras, las autoridades egipcias han congelado las cuentas de decenas de otros empresarios, ex ministros y funcionarios del PND, y emitieron prohibiciones de viaje en su contra para impedir que abandonen el país.
Los fiscales también han solicitado ayuda internacional para encontrar y repatriar las cuentas extranjeras de estos acusados.
La organización anticorrupción Global Financial Integrity, con sede en Washington, estima que 57.000 millones de dólares obtenidos ilegalmente por funcionarios egipcios han sido sacados del país entre 2000 y 2008.
"El grado de corrupción durante el régimen de Mubarak fue asombroso", dijo Ashour. "Lo descubierto es apenas la punta del iceberg".
