Perder a un miembro de la familia porque fue asesinado es una de las más traumáticas experiencias que un individuo puede experimentar. Como secuela de su terrible tragedia, los sobrevivientes deben padecer no solo el dolor de la pérdida sino también el tratamiento del sistema penal estadounidense que no siempre se comporta correctamente con los familiares de las víctimas.
Como legislador del Estado norteamericano de New Hampshire, hacer lo posible para asegurar a las víctimas sobrevivientes de un asesinato el derecho a ser consideradas con dignidad, imparcialidad y respeto ha sido siempre primordial para mí. Sin embargo, he aprendido que cuando está en juego la pena de muerte, los familiares de las víctimas no son tratados equitativamente.
Hace 10 años me reuní con Gus Lamm, cuya esposa Victoria había sido asesinada años antes. El asesino había sido sentenciado a muerte. Cuando me encontré con Gus y su hija Audrey, de doce años, estaba claro que ambos se oponían a la pena de muerte. Me duele pensar que de algún modo indirecto, la muerte de mi madre pueda causar que otra persona pierda su vida, dijo Audrey. Matar a otra persona añadió- en modo alguno haría honor a la memoria de mi madre.
Cuando se fijó una audiencia relacionada con el juicio al asesino, cuya ejecución estaba pendiente, Gus y Audrey quisieron dar sus testimonios. Pero se les dijo que no podían hablar. En cambio, a otro pariente de la asesinada que sí apoyaba la pena de muerte se le permitió testimoniar.
Cuando Gus y su hija entablaron un pleito contra la junta del Estado encargada de examinar los pedidos de indulto, acusándola de haberles negado ilegalmente el derecho a hablar, el juez dictaminó que dado que ellos querían hablar contra la sentencia de muerte al asesino, no eran víctimas, tal como es entendido comúnmente ese término.
Por supuesto que Gus y Audrey eran realmente víctimas; eran el esposo y la hija de una mujer brutalmente asesinada y sentirían el impacto de esa pérdida por el resto de sus vidas. Su oposición a la pena de muerte como institución no los hacía menos víctimas y no justificaba esa discriminación de que eran objeto.
A lo largo de los años continué a reunirme con víctimas sobrevivientes de crímenes a los que se les había negado el derecho de hablar, a obtener información o a recibir asistencia de abogados nombrados por los tribunales porque estaban en contra de la pena de muerte. De este modo advertí la necesidad de una legislación que asegurara igual tratamiento a las víctimas sin importar cual fuera su posición sobre la pena de muerte.
En 2009 presenté un proyecto de Ley de Igualdad para las Víctimas de Crímenes que prohibe la discriminación contra víctimas en base a sus convicciones acerca de la pena de muerte. Esa ley aprobada en mi Estado de New Hampshire se transformó en la primera de su tipo en Estados Unidos y en todo el mundo.
Específicamente, esa ley asegura Garantizar sobre bases iguales todos los derechos constitucionales federales y de los Estados a todas las víctimas de crímenes y, no obstante las disposiciones de cualquier ley sobre la pena capital, el derecho a no ser discriminadas o a que sus derechos como víctimas sean denegados, limitados, extendidos o aumentados sobre la base del apoyo o la oposición o la neutralidad con respecto a la pena de muerte.
El objetivo es lograr un comportamiento equitativo para todas las víctimas. Es inaceptable establecer jerarquías de víctimas dentro del sistema judicial y que aquellos que apoyan la pena de muerte reciban un tratamiento más favorable que sus opositores.
En New Hampshire, esta ley recibió el apoyo de una serie de grupos, incluyendo a miembros de instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes y de abogados de las víctimas y ofreció igual oportunidad tanto a partidarios como a opositores de la pena de muerte para expresarse a favor del mantenimiento de los derechos de las víctimas. Los familiares de una víctima de un homicidio, habiendo ya sufrido inmensamente, no deberían ser sancionadas por el proceso de justicia criminal. Asegurar un tratamiento igualitario para todas las víctimas es una meta que todos pueden apoyar. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Renny Cushing, director del Centro para los Derechos Humanos de los Familiares de Víctimas de Asesinatos y ex diputado del Estado de New Hampshire. Su padre, Robert Cushing, fue asesinado en 1988.
