Unos 40 ex diplomáticos estadounidenses y analistas políticos urgen al presidente Barack Obama a no vetar una propuesta de resolución para el Consejo de Seguridad de la ONU que esperan reafirme la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados.
En una carta divulgada el miércoles en Washington, ex embajadores de Estados Unidos en Israel, así como políticos que otrora se dedicaron a temas de Medio Oriente, advirtieron que la "credibilidad de Estados Unidos" en la región estará en juego cuando la resolución se someta a votación, probablemente el mes próximo.
"En esta coyuntura crítica, cómo elija Estados Unidos votar sobre una resolución en torno a los asentamientos tendrá un efecto definitorio sobre nuestra posición como mediadores en la paz de Medio Oriente", afirma la misiva, que fue firmada, entre otras figuras diplomáticas, por el ex embajador ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Thomas Pickering y el ex secretario de Defensa Frank Carlucci.
"Pero el impacto de esta votación se sentirá mucho más allá de la arena de los acuerdos israelo-palestinos. Están en juego nuestra seriedad como garantes del derecho internacional y la legitimidad internacional", continúa el texto.
"Está en peligro la credibilidad de Estados Unidos en una región crucial del mundo, una región en la que están desplegados cientos de miles de nuestros efectivos y donde enfrentamos las mayores amenazas y desafíos a nuestra seguridad. Ésta es una votación de interés para la seguridad nacional estadounidense por excelencia. Les urgimos a hacer lo correcto", concluye.
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La carta, firmada tanto por integrantes de gobiernos demócratas como republicanos, además de ex funcionarios de carrera del servicio exterior y de inteligencia, se difunde en medio de lo que parece ser un caos entre los actuales políticos estadounidenses para Medio Oriente, y tras el colapso, el mes pasado, de sus esfuerzos por persuadir al gobierno israelí de acordar una moratoria parcial de tres meses a la actividad de las colonias en Cisjordania.
El gobierno esperaba que Israel accediera, a cambio de miles de millones de dólares en nuevos aviones de guerra, varias garantías de seguridad y el compromiso de vetar toda resolución del Consejo de Seguridad que criticara al Estado judío en el correr del año. Y también que esto ayudara a convencer al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, de revivir las negociaciones de paz directas que se interrumpieron en septiembre, cuando expiró una moratoria parcial, de 10 meses, a los asentamientos.
La construcción de colonias en Cisjordania y la demolición de propiedades palestinas en Jerusalén oriental han aumentado mucho desde entonces, según la ONU y observadores israelíes y palestinos de derechos humanos.
Abbas se negó a regresar a las conversaciones directas a menos que Israel congele toda la actividad de los asentamientos en los territorios ocupados, entre ellos Jerusalén oriental. El año pasado el gobierno de Obama le hizo un reclamo similar al primer ministro Benjamín Netanyahu, pero fue rechazado en lo que muchos analistas consideran un importante golpe a la credibilidad de Washington en toda la región.
Mientras el enviado especial de Obama para Medio Oriente, George Mitchell, se esfuerza por mantener vivas las conversacionse de proximidad entre las dos partes, los palestinos y sus aliados hacen circular un borrador de resolución del Consejo de Seguridad que condena a los asentamientos, señalándolos como ilegales bajo el derecho internacional y como un obstáculo para la paz.
La resolución es parte de un esfuerzo diplomático mayor, que también incluye lograr el reconocimiento internacional formal a un Estado palestino en los territorios ubicados dentro de las fronteras de 1967.
Ese esfuerzo logró algunos éxitos significativos en las últimas semanas, cuando varios estados latinoamericanos —entre ellos Brasil y Argentina—, anunciaron que reconocerían un Estado palestino, mientras que miembros clave de la Unión Europea (UE) incrementaron sus relaciones diplomáticas con la ANP o están considerando hacerlo.
El gobierno señaló su oposición a esas medidas, aunque permitió que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) izara por primera vez la bandera palestina en el exterior de su oficina en Washington.
Sin embargo, incluso esa medida generó duras críticas de parte del llamado "lobby israelí" en Estados Unidos y de sus partidarios en el Congreso legislativo, especialmente la nueva presidenta republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen.
"Izar esta bandera en (el distrito de Columbia) es parte del plan de la dirigencia palestina para manipular la aceptación internacional y el reconocimiento diplomático de un Estado palestino a ser creado, al tiempo de negarse a negociar directamente con Israel o aceptar la existencia de Israel como Estado judío y democrático", se quejó.
El principal contribuyente con la campaña de Ros-Lehtinen, Irving Moskowitz, financia a muchos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental.
La legisladora también condenó la resolución propuesta por la ANP como "parte de la misma dirigida a lograr concesiones sin que se requiera cumplir compromisos internacionales".
Con respecto a esa resolución, el gobierno de Obama parece estar entre la espada y la pared. Por un lado tiene a la nueva mayoría republicana y pro-Likud en la Cámara de Representantes, además de a la mayoría de los legisladores demócratas, temerosos de enfrentar al lobby israelí. Y por el otro está el creciente apoyo internacional —que también brindan sus principales aliados europeos— a la creación de un Estado palestino, así como la propia credibilidad de Washington como mediador de buena fe en el conflicto entre israelíes y palestinos.
En el marco del IV Cuarto Convenio de Ginebra, muchas naciones consideran ilegales a los asentamientos israelíes en los territorios conquistados durante la guerra de 1967.
Aunque el gobierno de Obama ha mantenido la política de sus antecesores, evitando declararse abiertamente en contra de los asentamientos, en un discurso pronunciado en junio de 2009 en El Cairo el presidente dijo que no aceptaría la "legitimidad" de las continuas actividades de los colonos israelíes.
El hecho de que al gobierno le incomode que lo interroguen directamente sobre la legalidad de las colonias quedó en evidencia el martes, cuando periodistas acribillaron a preguntas al portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Philip J. Crowley, sobre si Estados Unidos vetaría la resolución.
"Nuestra posición sobre los asentamientos es bien conocida", insistió, pero señaló que el gobierno se opone a llevar la resolución al Consejo de Seguridad y dijo que "estos asuntos deberían resolverse mediante negociaciones directas".
Pero la carta, que originalmente fue publicada por Steve Clemons, de la New America Foundation, en su sitio web thewashingtonnote.com, enfatiza que el gobierno debería dejar de dar rodeos sobre este tema.
"Usar el veto perjudicaría severamente la credibilidad y los intereses de Estados Unidos, situándonos firmemente fuera del consenso internacional y diminuyendo aún más nuestra capacidad de mediar en este conflicto", plantea.
