Durante la campaña presidencial polaca del último verano boreal, falsos carteles publicitarios de los dos principales candidatos aparecieron en las calles. El lema «Polonia es más importante», del opositor Jaroslaw Kaczynski, fue transformado por «Polonia sin transgénicos es más importante».
Igual de llamativo fue el lema del ahora presidente Bronislaw Komorowski: "Unidos permanecemos de pie, divididos caeremos", parafraseado como "Unidos permanecemos de pie, modificados caeremos".
La organización ambientalista Greenpeace intentaba de esta forma llamar la atención tanto de los políticos como del electorado sobre el peligro de los organismos genéticamente modificados.
La mayoría de los actores políticos en Polonia declaran su oposición a los cultivos transgénicos. La cuestión es cuán firme se podrá mantener este país de la Unión Europea (UE) sin violar las regulaciones del bloque, cuando Bruselas tiene una actitud más tolerante hacia los productos modificados.
En septiembre de 2005, la campaña liderada por la Coalición Internacional para Proteger el Campo Polaco logró convencer a las juntas de las 16 provincias del país para que se declararan "zonas libres de transgénicos".
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La Asamblea de Gobernadores de las Provincias Polacas también alertó en una declaración que "la aprobación de los organismos genéticamente modificados podía dañar la imagen pública del campo polaco, considerado una fuente de alimentos saludables, ecológicos y de alta calidad".
Pero había un problema: la declaración carecía de base legal. La posición de la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, era clara: ninguna autoridad local podía prohibir los transgénicos.
Más tarde, en abril de 2007, llegó un más serio desafío: el gobierno polaco notificó a la Comisión su plan de prohibir por ley la plantación de semillas genéticamente modificadas. Según el proyecto, cualquier cultivo debería ser hecho en zonas específicamente designadas, bajo estrictas restricciones.
Como era esperable, la Comisión respondió que el gobierno polaco no estaba autorizado a adoptar esa ley, ya que ese país no había presentado "ninguna evidencia científica nueva que justificara esa prohibición".
Pero, para su pesar, el órgano ejecutivo de la UE hizo la notificación a Varsovia dos meses después del plazo que establecen las propias regulaciones del bloque. Este error le permitió a Polonia derivar el caso a la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
El 9 de diciembre, la Corte falló a favor de Polonia y la Comisión guardó silencio, aunque el caso podría ahora ir a un tribunal de apelaciones.
Existen diversas opiniones sobre la importancia de este veredicto.
"Polonia es un país libre de transgénicos ahora", dijo a IPS el subsecretario de Estado polaco, Maciej Szpunar, quien representó a su país en la Corte de Justicia. "Éste es un gran precedente".
Pero grupos de la sociedad civil señalan que este optimismo es engañoso. Según Roman Sniady, de la organización Polonia Libre de Transgénicos, el veredicto se refiere a un viejo borrador de un proyecto de ley que "no tiene nada que ver con la actual situación" en el país.
Por su parte, Joanna Mis, coordinadora de la campaña de Greenpeace en Polonia, dijo a IPS que, "aun sin el fallo, el gobierno pudo haber implementado la prohibición de las dos variedades de transgénicos autorizadas en Europa: el maíz MON810 y la papa Amflora".
Seis gobiernos de la UE —Alemania, Austria, Francia, Grecia, Hungría y Luxemburgo— ya lo han hecho. La Comisión Europea fracasó en sus intentos de bloquear estas decisiones.
Mientras, Greenpeace alertó que los transgénicos podrían entrar a Polonia por la puerta trasera. La actual ley prohíbe la comercialización de semillas modificadas, pero los agricultores están autorizados a sembrarlas para cubrir sus propias necesidades.
Debido a esta brecha regulatoria, nadie sabe exactamente la extensión de tierra polaca donde hay transgénicos: algunos la estiman en 3.000 hectáreas, pero otros aseguran que sería el doble.
La resistencia a los organismos modificados crece desde los años 90 no sólo en Polonia, sino en la mayor parte de Europa. Una encuesta realizada para la Comisión Europea este año concluyó que 61 por ciento de los consultados en el bloque creían que no se debía estimular el uso de transgénicos, mientras que 23 por ciento estaban a favor de su desarrollo.
Este nivel de rechazo se ve reflejado en que sólo dos cultivos genéticamente modificados han sido autorizados en la UE para su cultivo comercial en los últimos 10 años. Otros 15 están esperando la aprobación.
Pero esto no es igual en todo el bloque. La investigación mostró significativas diferencias entre los países miembro: Gran Bretaña, Irlanda, España y Portugal eran los principales partidarios de los alimentos transgénicos, mientras que en el polo opositor se destacaban Grecia, Chipre, Lituania y Francia.
Para superar esta división, la Comisión propuso darle a los estados miembros el poder de restringir y prohibir el cultivo de transgénicos en sus territorios, en vez de adoptar una política unificada. Esto autorizaría la creación de zonas libres de cultivos modificados, pero daría luz verde a su uso en otras partes de Europa.
No obstante, eso parece improbable, ya que la propuesta recibe fuerte oposición por estados miembro de la UE, incluyendo a Polonia, que cuestionan su legalidad.
El estado de guerra en el bloque continúa. En noviembre, la Corte Federal Constitucional de Alemania autorizó restricciones al cultivo de transgénicos. El tribunal también falló que un agricultor que usara semillas modificadas podía ser considerado responsable de cualquier pérdida económica causada por la eventual contaminación de plantaciones convencionales.
A comienzos de este mes, Greenpeace y el grupo ambientalista Avaaz presentaron a autoridades de la UE más de un millón de firmas pidiendo la prohibición de los cultivos hasta que un nuevo organismo, ético, independiente y científico evalúe su impacto.
