La reforma de la ley contra el narcotráfico y la trata de personas en Gambia incluyó la pena de muerte, ampliando la cantidad de delitos para los que se aplica ese castigo.
El ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Lang Tombong Tamba apeló la condena a muerte que le dieron por traición. La audiencia está prevista para este mes.
Además de Tombong Tamba y sus siete cómplices, en el pabellón de la muerte están, entre otros, Sulayman Bah, acusado de asesinar a su compañero de casa tras una pelea por dinero, y Tabara Samba, una mujer condenada por matar a su esposo vertiéndole agua hirviendo.
Este país fue uno de los primeros de África occidental en derogar la pena de muerte en 1981. Pero el presidente Jammeh la restituyó en 1995 para casos de asesinato y traición.
Más de 20 personas fueron sentenciadas al máximo castigo en Gambia desde entonces. Ninguna fue ejecutada, pero tampoco perdonada ni las penas reducidas.
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Desde la independencia en 1965 sólo fue ejecutada una persona, Mustapha Danso, por asesinar al comandante del ejército, Ekou Mahoney, en el fallido golpe de Estado de 1981.
La restitución de la pena de muerte no contribuyó a reducir la cantidad de asesinatos, dijo el editor del periódico The Daily News, Baboucarr Ceesay.
"De hecho, antes de 1995 rara vez se escuchaba que hubieran asesinatos, pero desde hace unos años es común que ocupen los titulares de prensa", añadió.
En lo que respecta a la traición, Ceesay señaló que no recuerda ningún intento de golpe de Estado mientras estuvo prohibida la pena capital. Pero desde 1995, hubo cuatro intentonas.
En octubre, el máximo castigo se amplió para incluir a los traficantes de droga. Pero no tendrá grandes consecuencias para reducir el narcotráfico, indicó Musa Touray funcionario jubilado.
"La pena de muerte no es necesaria", sostuvo. "Es un castigo muy fuerte. El gobierno debe fortalecer los mecanismos de vigilancia", añadió.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que África occidental se convierte en un lugar de tránsito de drogas. Los traficantes se aprovechan de la pobreza y de la falta de controles y de seguridad para llevar la droga de América del Sur a Europa.
En junio fue encontrado un alijo de dos toneladas de cocaína en Gambia con un valor de venta al público en Europa estimado en poco menos de 1.000 millones de dólares, según versiones de prensa.
La ley enmendada estipula que una persona descubierta con más de 250 gramos de cocaína será pasible de ser castigada con la muerte, al igual que las que sean acusadas de trata de personas.
"La amenaza que suponen el tráfico de droga y las actividades de los grandes traficantes se hizo cada vez mayor en esta jurisdicción en los últimos tiempos", dijo el fiscal general y ministro de Justicia, Edward Anthony Gomez a los legisladores.
La nueva ley "apunta a evitar las consecuencias negativas mediante condenas que sirven para disuadir a quien pretenda utilizar este país como lugar de tránsito o de destino de drogas pesadas", explicó.
"La ubicación estratégica de Gambia como lugar de paso hacia Occidente y nuestra política liberal de inmigración atrajeron la atención de inescrupulosos que pretenden convertir a este país en una ruta de" la droga, añadió.
Pero la medida generó críticas de inmediato.
Los legisladores excedieron sus poderes, pues la Constitución de Gambia excluye la pena capital para delitos no vinculados a la muerte de una persona, señaló el abogado Assan Martins.
"Hay que respetar los derechos fundamentales y la libertad de todas las personas tal y como están consagrados en la Constitución, que es la ley suprema del territorio", añadió.
El legislador opositor, Babanding Daffeh, cuestionó las versiones de prensa que dicen que la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime el proyecto de ley.
"El partido gobernante tiene la mayoría en la cámara baja, así que aun cuando votemos en contra, no cuenta", señaló Daffeh, del Partido Democrático Unido. "Yo estaba contra la pena de muerte. Por más que queramos frenar el tráfico de drogas y la trata de personas, no debemos imponer el máximo castigo sino concentrarnos en la prevención y en reintegrar a los delincuentes a la sociedad", añadió.
El presidente Jammeh, quien llegó al poder tras un golpe de Estado en 1994, lanzó varias advertencias severas sobre su intención de luchar contra el narcotráfico.
"Prefiero morir antes que permitir que ciertos elementos usen a Gambia como zona de drogas", declaró el presidente. Respaldó sus dichos con más fondos y equipos para la Agencia Nacional de Control de Drogas.
La enorme cantidad de dinero que maneja el narcotráfico hace que sea muy complejo frenarlo. Entre las personas acusadas de ese delito hay un antiguo responsable de la agencia antidroga y cuatro de sus colaboradores.
Un ex jefe de policía y dos altos militares están acusados del mismo delito y de tratar de implicar al presidente diciendo que les dio drogas para vender.
La experiencia de países como Tailandia contradice el argumento de que la pena de muerte sirve para disuadir a los narcotraficantes porque se sigue registrando una importante cantidad de delitos vinculados a la droga.
En la actualidad, el país considera derogar el máximo castigo para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Martins y Badinding coinciden en que existe el riesgo de que sean ejecutadas personas inocentes.
"Hay que rehabilitar a las personas que delinquen", subrayó Daffeh. "Sería muy grave descubrir que una persona condenada a muerte y ejecutada era inocente", añadió.
"El miedo es que una persona inocente pueda sufrir o termine siendo una víctima", coincidió Martins. "No estamos a favor de ningún castigo colectivo de personas inocentes o culpables", remarcó.
