Tras recibir diversas acusaciones en su contra, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) atraviesa uno de los momentos más críticos desde que comenzó a funcionar en 2008.
"Es normal que se den esta serie de ataques porque se tocó al gran monstruo que durante años ha operado en el Estado. Hoy queda demostrado que los funcionarios investigados por la Cicig contaban hasta con sicarios para eliminar a quienes querían", dijo a IPS Norma Cruz, de la no gubernamental Fundación Sobrevivientes, que lucha contra diversos tipos de violencia.
Investigaciones de la Cicig llevaron a la captura el 13 de agosto del ex director del sistema penitenciario Alejandro Giammattei, hoy preso en el país, y del ex ministro de Gobernación (interior), Carlos Vielman, el 13 de octubre en Madrid.
Ambos, ex funcionarios del gobierno del ex presidente derechista Oscar Berger (2004-2008), son acusados de la ejecución extrajudicial de siete internos de la Granja Penal de Pavón durante una operación el 25 de septiembre de 2006 para retomar el control de la prisión tras un motín.
Pero Vielman, ligado al sector empresarial más conservador del país, fue liberado a fines de noviembre debido a que el gobierno no solicitó su extradición a España, lo cual generó una serie de dudas y críticas.
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De hecho, el costarricense Francisco Dall'Anese, actual jefe de la Cicig, acusó al gobierno de entorpecer el retorno del ex ministro.
"Nuestro trabajo siempre está sujeto a variables externas y éstas responden a la voluntad política de las instituciones guatemaltecas, que se mueven para que la justicia sea imposible. La credibilidad de la Cicig no está en juego; lo que cae estrepitosamente es el crédito de las instituciones de Guatemala", criticó Dall'Anese.
La Cicig, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), inició formalmente sus actividades en enero de 2008 con el mandato de investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos en Guatemala, y colaborar en su desarticulación.
La intriga llegó al límite cuando la ex fiscal costarricense de la Cicig, Giselle Rivera, afirmó, al dejar su cargo, que el ex director de esa comisión, el jurista español Carlos Castresana, ocultó información que también inculpaba a Vielman en la muerte de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano el 19 de febrero de 2007.
De hecho, la ex fiscal dijo que renunció al cargo en la Cicig, que ocupó de 2008 a 2009, porque esta línea de investigación y otras que señalaban a Vielman no fueron consideradas.
"El que la Cicig callara estos hechos tan graves la hizo incurrir en las mismas actuaciones de encubrimiento que ha hecho el Ministerio Público (coordinador de las investigaciones)", dijo Rivera en una de las incontables declaraciones sobre el caso.
En respuesta, en noviembre la Cicig le quitó la inmunidad que le otorgaba la ONU como investigadora y hoy tiene pendiente una orden de captura internacional por los supuestos delitos de "patrocinio infiel, doble representación y encubrimiento".
Dall'Anese también ha afirmado que todo es parte de una campaña de desprestigio por el trabajo desempeñado.
Marco Antonio Canteo, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, dijo a IPS que las declaraciones de la ex fiscal de la Cicig "deben ser investigadas, pues "es algo sano y a su vez necesario".
No obstante, aclaró que "la comisión debe ser apoyada por todos porque por primera vez en la historia del país se ha investigado a personas que en el pasado era impensable", en referencia a ex funcionarios de gobierno, "razón por la cual hay reacciones en contra".
En agosto de 2009 el parlamento prorrogó el periodo de funcionamiento de la Cicig hasta el 4 de septiembre de 2011, mientras que el presidente guatemalteco, el socialdemócrata Álvaro Colom, anunció esta semana que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitará el país entre marzo y abril para aplazar por dos años más la vigencia de la Cicig.
Carmen Aída Ibarra, del no gubernamental Movimiento Pro Justicia, señaló a IPS que las organizaciones de derechos humanos "siempre hemos creído en la Cicig", como un mecanismo para acompañar al país en la lucha contra la impunidad que alcanza al 98 por ciento de los casos investigados por la justicia, según el propio organismo.
Sin embargo, "es necesario que la comisión esclarezca las acusaciones en su contra en el marco judicial, pues si quedan en el aire podrían afectar su trabajo", añadió.
El Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, ha pedido que se investigue al ex director de la Cicig por las denuncias en su contra.
Castresana, que encabezó el organismo desde su instalación en septiembre de 2007, renunció en junio argumentando falta de apoyo estatal para combatir la impunidad y una campaña de desprestigio en su contra.
Por encima de críticas y embrollos legales, el trabajo de la Cicig en el país ha generado expectativas en la población desde su llegada.
Entre otros casos, en enero de este año la comisión logró la detención del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), acusado de un fraude millonario, y de los hermanos empresarios José y Francisco Valdez Paiz, sindicados de asesinar al abogado Rodrigo Rosenberg.
Tres días antes de ser asesinado, el 10 de mayo de 2009, Rosenberg grabó un vídeo en el que acusaba al presidente Colom y a otros funcionarios de su muerte, lo que provocó una crisis nacional. Pero, en un resultado insólito, la Cicig concluyó que Rosenberg había ordenado su propia muerte.
La Cicig también ha promovido leyes trascendentales para el combate del crimen, como la de armas y municiones y las reformas a la de delincuencia organizada, ambas de 2009, además de la ley de extinción de dominio para incautar bienes obtenidos con recursos ilícitos, aprobada por el Poder Legislativo esta semana. A pesar de ello, hay quienes creen que el país no necesita de la Cicig. El abogado penalista, José Toledo, dijo a IPS que "nunca han sido beneficioso para un país las intervenciones foráneas de instituciones impuestas".
A su criterio, "Guatemala debe tener su propia capacidad de fortalecer sus instituciones de justicia" aunque ambiguamente reconoce que la comisión "es un mal necesario".
En la lucha contra la impunidad, la Cicig deberá trabajar de la mano de la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, de 54 años, la primera mujer en ocupar ese cargo en Guatemala. La designación comunicada por el presidente Colom el jueves fue aplaudida por diversos sectores sociales que valoraron su capacidad profesional, pero también criticaron que la intervención del mandatario en este proceso de elección "sigue comprometiendo" la independencia de las investigaciones.
