Novecientas páginas de documentos oficiales de Estados Unidos obtenidos por una organización civil revelan que el gobierno sistemáticamente violó los derechos de privacidad de sus ciudadanos.
El gobierno se negó a revelar el número preciso de estadounidenses a los que había intervenido sus teléfonos, su correo electrónico y otras comunicaciones amparado en la Ley de Enmiendas a la Ley de Vigilancia a la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2008.
También se negó a discutir casos específicos, señaló la ACLU.
"Durante dos años hasta hoy, el gobierno tuvo la autoridad para realizar operativos policiales y vigilancias inconstitucionales a las comunicaciones de los estadounidenses, con poca o ninguna supervisión de las decisiones que tomaba", dijo a IPS el abogado Alex Abdo, de ACLU.
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Esto "confirma que el gobierno repetidamente violó incluso los mínimos e inconstitucionales límites establecidos en esta nueva autoridad de vigilancia", añadió. "Aunque sabíamos que estaban ocurriendo abusos, el gobierno retenía todos los detalles clave".
La demanda de ACLU tuvo el objetivo de hacer cumplir un pedido presentado en noviembre de 2009, invocando la Ley de Libertad de Información, para obtener registros oficiales relacionados con la interpretación e implementación por parte del gobierno de la Ley de Enmiendas de la FISA, incluyendo reportes de cómo ésta estaba siendo aplicada, cuántos ciudadanos eran afectados y qué salvaguardas estaban en pie para impedir abusos a la privacidad.
Antes de la divulgación la semana pasada de las 900 páginas de documentos, ordenada por la justicia, el gobierno se había negado a publicar toda la información solicitada. La demanda argüía que la revelación de los registros era necesaria para permitir un debate público sobre si la Ley de Enmiendas de la FISA, que expira en 2012, debe ser anulada, rectificada o extendida.
En julio de 2008, ACLU y la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en ingles) habían presentado una histórica demanda para impedir que el gobierno realizara vigilancia secreta aplicando la Ley de Enmiendas de la FISA.
La iniciativa legal fue presentada en nombre de una amplia coalición de abogados y organizaciones de derechos humanos, legales y de medios.
Un tribunal de distrito desechó el caso, señalando que los demandantes no podían solicitar la no aplicación de la ley de vigilancia a menos que demostraran ellos mismos haber sido víctimas de una violación de su privacidad.
ACLU y NYCLU apelaron y pidieron a un tribunal federal que revisara el caso. Los grupos arguyeron que, debido a la naturaleza secreta de la Ley de Enmiendas de la FISA, ésta nunca podría ser analizada judicialmente si a todos los demandantes se les exige demostrar que han sido vigilados.
"Es lamentable que una vez más tengamos que combatir el secretismo que sigue rodeando gran parte del trabajo de nuestro gobierno", dijo el director legal asociado de NYCLU, Christopher Dunn. "Aunque hemos visto recientes mejoras en la transparencia, todavía debe hacerse mucho antes para tener un gobierno realmente abierto".
Sin embargo, informes de rutina realizados por el propio gobierno confirmaron violaciones a los parámetros legales destinados a proteger la privacidad de los ciudadanos investigados y limitar la cantidad de información que los agentes pueden reunir.
"Los documentos muestran que, aunque los equipos de supervisión no encontraron evidencia de esfuerzos voluntarios o intencionales de violar o eludir la ley ciertos tipos de incidentes continúan ocurriendo, cómo señaló el informe de marzo de 2009", informó el periódico The Washington Post.
El diario añadió que porciones no editadas de los informes se refieren sólo en forma elíptica a esas acciones inconstitucionales, pero el informe de marzo de 2009 indica que "la información reunida como resultado de esos incidentes ha sido o está siendo eliminada" de los archivos.
