El sistema jurídico de Estados Unidos no se asegura que presos del pabellón de la muerte, inmigrantes con juicios de deportación y víctimas de tortura, violencia doméstica y discriminación racial puedan defenderse como es debido, según un estudio de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU).
"Beneficiarse de un proceso justo es un derecho fundamental y un principio elemental del sistema democrático estadounidense, que incluso forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defendida por Estados Unidos hace 62 años", dijo a IPS el director del programa de derechos humanos de ACLU, Jamil Dakwar.
"El acceso a la justicia y a una reparación efectiva disminuyó severamente en la última década, en especial para los que más la necesitan", indicó. "Es hora de que nuestro gobierno y el sistema judicial reanuden su compromiso de respetar y promover el derecho esencial", añadió.
"Las acciones de los distintos poderes del Estado restringieron gravemente el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos civiles y humanos y limitaron la disponibilidad de reparaciones efectivas", señala el informe "Slamming the Courthouse Doors" (golpeando las puertas de la justicia), realizado por ACLU.
El documento cita ejemplos de personas condenadas a muerte que pretenden presentar nuevas pruebas de su inocencia o denunciar graves violaciones constitucionales, pero se les niega ese recurso.
[related_articles]
La legislación federal, en especial la Ley de Pena de Muerte Efectiva y Antiterrorista, de 1996, y decisiones de la Corte Suprema limitan mucho la posibilidad de que haya una revisión federal de condenas a muerte dictadas por un tribunal estatal, señala el informe.
Además, las víctimas de violaciones, de distintas agresiones como las de carácter religioso y otros graves abusos sufridos en prisión no pueden presentar una demanda ante un tribunal por las limitaciones de la ley federal, afirma ACLU.
Inmigrantes con argumentos legítimos para permanecer en Estados Unidos renuncian, sin saberlo, a la oportunidad de defenderse y son deportados con rapidez mediante procedimientos injustos, añade el documento.
Las víctimas de torturas y de "entregas extraordinarias", la práctica de Estados Unidos de transferir, sin paso previo por tribunales, a sospechosos de terrorismo a cárceles clandestinas en terceros países donde son torturados, tampoco pueden recurrir a la justicia.
ACLU señala que el gobierno del presidente Barack Obama ha tratado de poner fin a juicios realizados por sobrevivientes de torturas mediante "doctrinas de carácter jurídico como el privilegio del secreto de Estado y la inmunidad calificada para impedir un proceso sobre tratos inhumanos, crueles o degradantes, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, sin considerar los méritos.
Al invocar el privilegio del "secreto de Estado", el gobierno no sólo impide el conocimiento de la verdad, sino que anula un juicio entero sin demostrar al juez la validez de la acusación del demandante.
A los inmigrantes se les niega de forma sistemática el acceso a la justicia debido a los enormes obstáculos que encuentran cuando piden que se revise una orden de expulsión.
Las autoridades alegan que no existe el derecho a una revisión judicial de las garantías diplomáticas que obtiene el gobierno cuando trata de transferir a una persona a países conocidos por emplear la tortura.
Funcionarios federales de migraciones también utilizan un procedimiento conocido como "traslado estipulado" para deportar a ciudadanos extranjeros sin tener una audiencia con el juez de inmigración.
ACLU señala que "no hay salvaguardas significativas que aseguren que las personas con alguna discapacidad mental, pasibles de ser deportadas, se beneficien de un proceso justo".
"Eso lleva a que residentes permanentes y personas que buscan asilo de forma legítima hayan sido deportadas de forma injusta porque su propia condición no le permitió defenderse", añade.
La organización pide al Congreso legislativo que reforme las disposiciones de la Ley de Pena de Muerte Efectiva y Antiterrorista relativa al hábeas corpus para que los tribunales federales puedan tener contacto con presos que denuncian violaciones a la Constitución.
ACLU reclama la creación de una organización de defensa estatal con suficientes fondos, independiente de la justicia y con recursos suficientes para brindar asistencia de calidad a personas indigentes y acusadas de delitos capitales.
El Congreso debe aprobar normas para crear procedimientos que eviten el abuso del privilegio del secreto de Estado. El gobierno de Obama debe prohibir el recurso de "garantías diplomáticas" para deportar o expulsar personas.
El especialista en asuntos legales Frances Boyle dijo a IPS que "por la deliberada ampliación de la cantidad de magistrados realizada por los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), de George Bush (1989-1993) y de George W. Bush (2001-2009), 60 por ciento de los jueces federales de todos los niveles, incluida la Corte Suprema, han sido miembros de la Federalist Society".
Boyle calificó a la organización de ser de "derecha, racista, intolerante, elitista, sexista, belicista y totalitaria."
Casi todos los abogados involucrados en un escándalo de tortura en el gobierno de Bush eran, y todavía son, miembros de la Federalist Society, afirmó.
