La reforma al sistema educativo de Chile que promueve el gobierno de Sebastián Piñera desató un fuerte debate, tanto por las medidas que incluye como por las que omite.
"No es ni una gran reforma ni una revolución educativa, como dijo (el presidente Piñera) en cadena nacional", consideró Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
"Es un conjunto de medidas, que tienen mucho que ver con lo que se venía haciendo antes y que constituirán avances parciales, dependiendo de cómo salgan la ley y los reglamentos", dijo a IPS esta experta.
El gobierno derechista de Piñera, que considera a la educación un factor clave para llevar a Chile a convertirse en un país desarrollado en la próxima década, sucedió el 11 de marzo a la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó el país sin interrupciones desde 1990 tras el fin de 17 años de dictadura.
La última reforma en el campo formativo fue la Ley General de Educación, promulgada en agosto de 2009 por la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), en reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza aprobada por el hoy fallecido dictador Augusto Pinochet (1915-2006).
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La normativa dictatorial descentralizó la educación, traspasando la administración de las escuelas públicas desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, y promovió su privatización, al permitir la creación de establecimientos particulares pero subvencionados por el Estado.
Si bien la reforma de 2009 introdujo diversos cambios al sistema impuesto en dictadura, no tocó sus pilares fundamentales de descentralización y privatización, a los cuales diversos actores educativos atribuyen la enorme desigualdad en los resultados académicos de los alumnos dependiendo de su nivel socioeconómico.
El proyecto de ley sobre Calidad y Equidad de la Educación de Piñera ingresó al parlamento el 30 de noviembre para ser discutido con suma urgencia, que significa que cada una de las dos cámaras legislativas debe conocer y despachar la iniciativa en 10 días.
Pero debido a las críticas de la oposición centroizquierdista por el poco espacio para un debate amplio que generaba esta medida, el gobierno decidió retirar la urgencia.
El proyecto crea un nuevo sistema para la selección de directores de establecimientos y de jefes de departamentos municipales de educación, entregándoles mayores atribuciones y autonomía, además de mejores remuneraciones.
La iniciativa legal también aumenta la remuneración de los mejores profesores en ejercicio y crea un plan de retiro.
Para financiar las indemnizaciones y los bonos de jubilación, se faculta al Ministerio de Educación a entregar por única vez 20.000 millones de pesos (41 millones de dólares) a los municipios.
Además, Piñera se propone crear 60 "liceos de excelencia" en todo el país, promover el ingreso de los mejores estudiantes a las carreras de pedagogía y aumentar las horas de lenguaje y matemáticas en desmedro de las de historia.
Esta última medida fue rechazada por historiadores, expertos y parte de la sociedad civil, que se manifestó ampliamente a través de las redes sociales de Internet, por considerar que uno de los problemas del país es precisamente la falta de cultura cívica.
"El proyecto de ley postula una serie de reformas laborales que poco y nada tienen que ver con lo que el título se arroga, que es calidad y equidad de la educación", criticó ante IPS Bárbara Figueroa, dirigente nacional del Colegio de Profesores, que cuestionó duramente la urgencia inicial puesta a la iniciativa.
"Son medidas bastante parciales, sesgadas, que insisten en esta lógica de que son los profesores y los directivos los responsables de la mala calidad de la educación, sin hacerse cargo de que las políticas públicas han sido ineficiente en resolver la gran inequidad que tiene nuestro sistema educativo", enfatizó.
A juicio de Figueroa, "el proyecto no se pronuncia respecto de la 'desmunicipalización' de la educación, tampoco del cambio del sistema de financiamiento público a través de subvenciones por alumnos ni sobre la carrera profesional docente". "No aborda los temas que nosotros consideramos claves para generar igualdad de oportunidades", apuntó.
El magisterio no descarta ningún tipo de movilización si no son escuchados por el gobierno y el proyecto termina siendo aprobado "por las cúpulas políticas sin participación de todos los sectores involucrados" en el parlamento, dijo.
Si bien Egaña considera "valioso" que el gobierno le esté dando prioridad a la educación en su agenda, lo cual permitió que se reactivara el debate nacional, considera preocupante que se "reafirme el enfoque de medición de resultados a través de una sola prueba (Simce) y eso se relacione con incentivos".
"Esto quita la mirada sobre cómo se llega a los resultados, sobre qué condiciones se necesitan para logros de aprendizaje, finamente sobre la desigualdad", indicó.
Este martes se dieron a conocer los últimos resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) que es aplicada cada tres años a los estudiantes de 15 años al finalizar la etapa obligatoria.
En lectura, Chile se ubicó en el puesto 44 entre 65 países estudiados, por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que cuenta entre sus miembros a todos los países industrializados.
Sin embargo, es de destacar que los estudiantes chilenos superaron a los de todas las otras naciones latinoamericanas incluidas en la medición. Uruguay quedó en el puesto 47, México en el 48, Colombia en el 52, Brasil en 53, Argentina 58, Panamá en el 62 y Perú en el lugar 63.
Según este examen que auspicia la ODCE y pese a ser el primero de la región, uno de cada tres estudiantes chilenos en promedio no alcanza el Nivel 2 de desempeño, es decir, no tiene las competencias mínimas para desenvolverse en el mundo e integrarse productivamente a la sociedad. En los sectores más vulnerables, uno de cada dos niños está bajo este nivel.
