Varios países preparan planes para frenar la deforestación como forma de compensar la contaminación climática mundial, una iniciativa muy publicitada por la ONU y el Banco Mundial. La pregunta del millón es quién se ocupará de que se apliquen las normas sociales y ambientales.
En algunos lugares, particularmente Indonesia, no está claro que se vayan a adoptar esas políticas, conocidas como salvaguardias.
De aprobarse el mecanismo REDD (Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques), los países más ricos pagarían para mantener bosques de regiones tropicales como forma de compensar sus emisiones de carbono, el principal de los gases que recalientan la atmósfera.
De este modo, esos países obtendrían "créditos de carbono" que los ayudarían a cumplir su compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero.
Bajo el REDD, que se acordó en las reuniones sobre cambio climático realizadas en 2007 en la isla indonesia de Bali, se crearon varias iniciativas para distribuir los fondos que aportarían los países donantes a los beneficiarios.
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Entre ellos el Programa REDD-ONU y dos del Banco Mundial: el Fondo Cooperativo Para El Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) y el Programa de Inversión Forestal (FIP).
Los órganos directivos de esas tres iniciativas se reunirán el 6 de este mes en Washington para discutir cómo dirigir el apoyo a las estrategias nacionales del REDD. Esta semana ya tuvieron lugar algunas reuniones entre participantes y observadores en el FCPF.
En esos encuentros, un tema álgido ha sido la propuesta del Banco Mundial de permitir que otras instituciones multilaterales se asocien en su tarea de canalizar los fondos del REDD hacia los países en desarrollo.
La propuesta complicará aún más una ya caótica red de instituciones que actúan como intermediarias entre quienes pagan y quienes cumplen con la conservación forestal mandatada por el REDD.
Sin embargo, representantes de organizaciones no gubernamentales parecen conformes con la idea, siempre y cuando no profundice los muchos problemas potenciales que ya enfrentan los programas del REDD.
La principal manera de hacerlo es incluir en las políticas salvaguardias que garanticen el cumplimiento de ciertos estándares sociales y ambientales.
Actualmente, el Banco Mundial tiene una fuerte política de salvaguardias. Algunos líderes de organizaciones no gubernamentales que participaron esta semana en las reuniones del FCPF temen que otras instituciones no puedan replicar ese modelo.
Si esto no ocurre, la propuesta puede hacer que un país del REDD se vea tentado de elegir a la agencia con los estándares más bajos en materia de salvaguardias como su socia para el financiamiento, sostuvo Susanne Breitkopf, asesora de políticas forestales en Greenpeace.
El director de campañas del Bank Information Center (BIC), Mark Rentschler, dijo que es muy raro que los países —especialmente los del REDD— tengan salvaguardias tan fuertes como las del Banco Mundial, y que implementarlas es todo un desafío para ellos.
Sin embargo, tienen que cumplirlas porque algunas de las actividades previstas bajo el REDD pueden dañar a comunidades e incluso al ambiente, opinó.
Éste ha sido particularmente el caso de Indonesia, donde en el pasado el gobierno ha desalojado a comunidades indígenas, entre otras, de áreas forestales destinadas a la conservación, o incluso concedidas a emprendimientos mineros o plantaciones.
Como ocurrió en otros países de Asia, América Latina y África, tierras que pertenecían a comunidades originarias en o cerca de áreas forestales fueron asignadas a otros intereses sin previa consulta.
Un motivo para esta violación de derechos es la falta de salvaguardias que protejan a esas comunidades en los códigos legales nacionales, problema que tiene que abordarse a medida que los países continúen definiendo sus políticas en el marco del REDD. Esto sostiene un estudio presentado este miércoles en Washington por una coalición de organizaciones indígenas y de la sociedad civil.
Indonesia, que recibe casi 3.000 millones de dólares por concepto de preparativos del REDD, difundió un proyecto de estrategia para implementar este mecanismo en septiembre, pero el texto fue criticado por no llegar demasiado lejos en el abordaje de cuestiones de gobernanza y de salvaguardias.
"Como este dinero fluye hacia el gobierno, el problema es la falta de mecanismos necesarios para diseñar, administrar y liberar el dinero que está ingresando", dijo Jelson García, quien coordina desde Manila el trabajo de BIC en Asia sudoriental.
"Indonesia juega un rol muy importante en lo relativo a la mitigación del cambio climático, particularmente en referencia al rol de los bosques. Y lo que ocurre en Indonesia en materia de planificación del REDD en realidad se aplica a todos los otros países que tienen proyectos bajo el REDD", señaló.
En los últimos años, Indonesia se convirtió en el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, en buena medida debido a la deforestación y a la degradación de sus manglares.
Casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes relacionadas a las actividades humanas en el mundo se originan en la deforestación.
Desde el próximo enero, una moratoria de dos años a la tala de bosques en Indonesia frenará el avance de algunas plantaciones en el país a cambio de un fondo de 1.000 millones de dólares que aportará Noruega.
Indonesia atraviesa "un momento muy importante", dijo Breitkopf citando esta moratoria.
