La ambigüedad de las leyes en Sudán permitió que cuatro menores de edad fueran sentenciados a muerte por robar automóviles en Jur Baskawit, en la provincia de Darfur Sur.
Ibrahim Shrief, de 17 años, Abdalla Abadalla Doud y Altyeb Mohammad Yagoup, de 16, y Abdarazig Daoud Abdelseed, de tan sólo 15, fueron sentenciados junto a cinco adultos el 21 de octubre por robo a mano armada, delitos contra el Estado y fomento de la guerra contra las instituciones, faltas previstas en el Código Penal Sudanés de 1991.
El fallo los señala como miembros del Movimiento Justicia e Igualdad, la organización rebelde más grande de la occidental provincia de Darfur.
Sudán es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe explícitamente la ejecución de menores. Para cumplir con esto, se vio obligado a reformar la Ley de Infancia, aumentando la edad en la que una persona es pasible de ser castigada con la muerte, pasando de 15 a 18 años.
Sin embargo la norma es ambigua, ya que establece la salvedad de que el acusado puede ser juzgado como mayor si así lo considera otra ley aplicable, advirtió el Centro de Estudios de Paz y Justicia (ACJPS, por sus siglas en inglés), con sede en Sudán.
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Esto permitió que los adolescentes fueran juzgados como adultos según el Código Penal, que reconoce la madurez a partir de la pubertad.
Además, los cargos que les imputaron se consideran Huddoud, delitos contrarios al Islam al igual que fornicación, apostasía y el consumo de alcohol.
El robo a mano armada se define como Huddoud, pero el tribunal obvió el hecho de que una persona menor de 18 años no es responsable, según la ley, dijo a IPS Hamed Emam, especialista del Centro Nacional de Trabajo Legal.
"El tribunal basó su sentencia en el aspecto físico de los menores. Pero no es verdad que nos basamos en la shariá (ley islámica) para delitos como los llamados Huddoud, porque las enseñanzas del profeta remarcan que una persona es menor con menos de 18 años", señaló Emam, cuya tesis de doctorado fue sobre la pena de muerte aplicada a jóvenes que delinquen en Sudán.
Los menores quedan expuestos a las ambigüedades del Código Penal, explicó Mohammad Al Hafiz, abogado de derechos humanos y ex magistrado.
"El artículo 8 señala que sólo una persona responsable, que haya alcanzado la pubertad, puede ser castigada con la pena capital, pero es un concepto vago. Puede alcanzarse a los 12, 13, 14 o hasta 15 años", explicó.
Todo menor de 18 años que viole la ley debe ser llevado a un Centro Correctivo para Jóvenes, ya sea al de Jeriaf, que es mixto, o al de Bahri, sólo para varones, según una fuente del Ministerio de Bienestar Social que no quiso revelar su identidad.
"Si un menor comete un delito grave, como asesinato o robo, lo mandan allí, y el Estado se ocupa de ellos durante cinco años", explicó.
El ex juez Al Hafiz relató un caso similar que vivió hace unos años.
"Una persona de 17 años cometió un asesinato y fue condenada a muerte. Yo me opuse a la sentencia y pedí que el caso fuera reconsiderado", relató. La imprecisión legal puede beneficiar al acusado si el juez está de su lado, añadió.
El caso de los cuatro menores de Darfur debe analizarse en el marco del contexto político actual de Sudán, remarcó Al Hafiz.
"Por desgracia, la justicia está politizada en Sudán. El caso de Darfur es un ejemplo de ello. Las nueve personas condenadas a muerte eran del Movimiento Justicia e Igualdad, sino hubiera sido así, el desenlace hubiera sido otro", añadió.
Emam, incluso, duda de la veracidad de su pertenencia a la organización rebelde.
"La técnicas policiales de interrogación se remontan al Imperio Otomano", dijo a IPS.
"Los policías emplean el miedo y el agotamiento mental para sacarle información al acusado. Si emplearon esas técnicas para interrogar a los adolescentes es posible que hayan declarado ser miembros del Movimiento Justicia e Igualdad. Es una posibilidad, pero no es siempre el caso", añadió.
El gobierno sudanés defiende la norma y alega que en la práctica ningún menor es ejecutado. Pero la ACJPS replicó que la presión psicológica de ser condenado a muerte es en sí misma una violación a los derechos del niño.
Arabia Saudita, Irán y Sudán son los únicos países en haber ejecutado menores desde 2009.
Abdulrahman Zakaria Mohammad, de 19 años, fue ejecutado en mayo de ese año en Darfur Norte por los delitos de robo a mano armada y asesinato, cometidos dos años antes.
Varias organizaciones de derechos humanos, entre las que están ACJPS y Human Rights Watch, con sede en Nueva York, revisan el caso de Jur Baskawit y las disposiciones legales a fin de lograr que se respete la prohibición absoluta de condenar menores a muerte, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niños.
