El Estado de Honduras deberá responder esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las múltiples denuncias de atropellos cometidos antes, durante y después del golpe cívico militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
La deuda en derechos humanos es "enorme, en particular tras los acontecimientos del 28 de junio, donde sentimos que vivimos una regresión, y hay que trabajar para que eso no se repita", dijo a IPS la fiscal de los Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce.
Ponce integra la delegación que representará a Honduras en el Examen Periódico Universal (EPU) que este país centroamericano rendirá este jueves 4 por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), integrado por 47 países miembros y con sede en Ginebra, Suiza.
Si bien la delegación hondureña encabezada por la vicepresidenta, María Antonieta Bográn, muestra un moderado optimismo, es consciente de que existen "muchas cosas por resolver". "Iniciamos un camino y eso es lo que vamos a exponer", planteó Bográn.
Cuando la Asamblea General de la ONU creó en 2006 el Consejo, lo dotó del mecanismo del EPU, con la misión de evaluar cada cuatro años la situación de los derechos humanos en los 192 estados del foro mundial.
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Una comisión interinstitucional, encabezada por los órganos de justicia y derechos humanos, trabajó los últimos tres meses en el informe que presentará el Estado hondureño este jueves en Ginebra.
Se espera que en el documento el gobierno del derechista presidente Porfirio Lobo especifique las medidas que está tomando para terminar con las violaciones a los derechos humanos denunciadas por diversas organizaciones, y para castigar a los responsables del golpe de Estado cívico militar que derrocó a Zelaya el año pasado.
Otro grave problema es el repunte de la violencia criminal. El número de homicidios en el país pasó de ocho muertes diarias en 2000 a 16 en junio de este año, según un informe del estatal pero autónomo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Tras el golpe de Estado, se han registrado más de 4.000 casos de violaciones a las garantías fundamentales, que van desde censura y cierre de medios de comunicación, a represión de manifestantes, toques de queda y denuncias de tortura y violaciones sexuales, entre otros, de acuerdo a registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos y con sede en Washington, reporta oficialmente siete muertos por razones políticas tras el golpe de junio.
Pero las organizaciones que integran la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras sacan otras cuentas. Para ellos los muertos "son cientos" y solo en los 10 primeros meses de gestión del presidente Lobo, quien asumió en enero, contabilizan más de 1.000 casos de atropellos a los derechos humanos.
"Tenemos registro hasta ahora de 23 asesinatos con posibles móviles políticos, cerca de 200 personas en el exilio y persiste la impunidad en el asesinato de casi nueve periodistas en lo que va de este año, una cifra récord que debe llamar a la reflexión y sed de justicia en la sociedad", dijo a IPS Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, que integra la Plataforma.
Previo al Examen Periódico Universal, Honduras tuvo en octubre otra rendición de cuentas en la CIDH, en el marco de las audiencias periódicas de ese organismo.
En la oportunidad, varias organizaciones nacionales e internacionales presentaron sus informes, donde se destacaron los pocos avances del país, en especial en el tema de la prensa. Robert Shaw, de la no gubernamental organización International Media Support, con sede en Copenhague, comentó a IPS que la audiencia en la CIDH fue productiva.
La CIDH instó al gobierno a "evitar descalificaciones sobre el asesinato de periodistas, al asegurar que fueron motivados por móviles pasionales o del crimen organizado en tanto no se tengan investigaciones fehacientes que así lo demuestren", subrayó Shaw.
Al respecto, el presidente Lobo ha descartado una política de Estado de violación a los derechos humanos, opinión compartida por la fiscal, para quien "no hay indicios reales", por ahora, de que los atropellos obedezcan a un interés premeditado del Estado, por lo que prefiere hablar de "hechos aislados".
Según Ponce, el gobierno presentará como logros en Ginebra la dotación por primera vez de un presupuesto propio a la Fiscalía de Derechos Humanos, así como la creación de una Secretaría (ministerio) de Justicia y Derechos Humanos y la formación de un comité consultivo y otro interinstitucional contra la tortura, donde participarán organizaciones sociales.
Algunas entidades de defensa de los derechos humanos que estarán en Ginebra presentarán una propuesta concreta respecto al Examen Periódico Universal: centrar la atención en el golpe de estado contra Zelaya, que derivó en el gobierno de facto de Roberto Micheletti. Esto implica, según las organizaciones, terminar con la impunidad que prevalece en relación a esos hechos y abolir un decreto de amnistía otorgado por el actual gobierno, que beneficia a todos los involucrados en el golpe de Estado, resultado de la presión internacional para reconocer y dotar de legitimidad al gobierno de Lobo.
Recién en marzo de 2011 se conocerán las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada en mayo para investigar lo ocurrido antes, durante y después del derrocamiento de Zelaya.
Aunque este país centroamericano ha logrado acuerdos con organismos de crédito internacional, aún no es reincorporado a la OEA, de donde fue suspendido tras el derrocamiento de Zelaya, y el gobierno de Lobo tampoco es reconocido por países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay.
