La oposición trata desde el parlamento de trabar dos iniciativas del gobierno salvadoreño de Mauricio Funes que buscan ampliar la competencia en el sector farmacéutico y abaratar así el valor comercial de los medicamentos para la población.
Diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009, presentaron un proyecto de resolución para cambiar el artículo 14 del Código de Salud, donde se establezca con precisión que el ministerio del sector y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) solo pueden adquirir los fármacos registrados en el país.
En octubre, la cartera de Salud convocó a empresas nacionales y extranjeras a participar en licitaciones para adquirir medicinas por 27 millones de dólares, con la novedad de que a las compañías internacionales no se les exige tener necesariamente registrados sus productos en el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).
Ese organismo estatal, donde participan los gremios de la salud en la forma de juntas de vigilancia, es el encargado de autorizar el uso y comercialización de los fármacos en el país, pero el gobierno izquierdista de Funes y activistas sostienen que desde hace décadas éste ha estado controlado por la industria farmacéutica.
Según las denuncias, el CSSP es juez y parte porque las empresas, con sus influencias dentro del ente, manipulan los controles de calidad y obtienen los registros de sus productos.
"Debido a la influencia que tienen en el CSSP, las empresas definen el control de calidad y ellas mismas manipulan el registro", aseveró a IPS Margarita Posada, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de Salud.
Uno de los directivos suplentes del CSSP, Juan Ernesto Machón, es hijo del propietario del laboratorio salvadoreño Pharmator, mientras que Carlos Felipe Álvarez, otro suplente, es el jefe de control de calidad de laboratorios Vijosa, cuyo dueño es Víctor Jorge Saca, tío del ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), cuarto mandatario de Arena.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que llevó a Funes a la Presidencia, criticó la actitud de Arena y a otros partidos conservadores, por considerarla una evidencia de que la derecha desea continuar con los privilegios del sector.
La más grande importadora y comercializadora de medicamentos del país es la Droguería Santa Lucía, de propiedad del ex presidente Alfredo Cristiani, el primer gobernante de Arena entre 1989 y 1994, y máximo dirigente de ese partido hoy.
El mercado privado de medicinas mueve 190 millones de dólares, 87 por ciento de los cuales son acaparados por compañías extranjeras que han registrado sus productos, según cifras de la Asociación de Industriales Químico-farmacéuticos de El Salvador (Inquifar).
El mercado público, de unos 23 millones de dólares, se divide en partes iguales entre empresas nacionales y extranjeras, según la misma fuente. Cerca de 66 por ciento de la población se atiende en los centros dependientes del Ministerio de Salud y el ISSS.
Por la supuesta manipulación privada del CSSP, el gobierno quiere evitar que los fármacos extranjeros tengan que ser registrados allí para participar en la licitación.
Las autoridades han invocado cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA, según sus siglas en inglés) para otorgarle legalidad respectiva.
"El Tratado es ley de la República, nos brinda las herramientas para eliminar las barreras que impiden la libre competencia en la presentación de ofertas de medicamentos al Estado en los procesos de licitación pública", dijo la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, en un comunicado oficial.
Rodríguez citó una resolución de agosto de 2008 de la Superintendencia de Competencia, en la que "se han identificado obstáculos que permiten el desarrollo pleno de la competencia en el sector de medicamentos".
Si bien los medicamentos no tendrían que estar registrados localmente, se prevé que posean certificados de comercialización avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según Carmen Estela Pérez, directora ejecutiva de Inquifar, la intención del gobierno viola principios constitucionales, pues la legislación nacional establece que los fármacos deben estar registrados localmente. Además, arguyó, los medicamentos son fabricados teniendo en cuenta las zonas climáticas donde serán usados.
"Vemos en todo eso una campaña contra la industria farmacéutica local para favorecer a empresas extranjeras", dijo a IPS Pérez, refiriéndose especialmente al grupo de países que conforman la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El ALBA lanzó en 2009 el proyecto Grannacional Centro Regulador de Medicamentos (Albamed), en el que participan Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que pretende comercializar medicinas más baratas.
El gobierno ya distribuye combustible obtenido a precios preferenciales de Venezuela.
La patronal Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) también rechazó la propuesta gubernamental de ampliar la licitación.
La misma oposición ha resistido el proyecto de Ley de Medicamentos, enviado por el gobierno en febrero, que busca que el registro de los fármacos pase a control del Ministerio de Salud. Las autoridades insisten que El Salvador es el único país del mundo donde esa tarea no depende de esa cartera
La iniciativa legal, bloqueada por los partidos de derecha, también busca quebrar el control que la industria tiene sobre los precios, traspasándolo al Estado.
La OMS establece que los valores finales de un medicamento innovador no deberían exceder en cinco veces su costo de referencia.
Pero en El Salvador los precios al público de ese tipo de fármacos superan 52,2 veces el de referencia, según el informe "Disponibilidad y precio de medicamentos esenciales en El Salvador", publicado en 2006 pero cuyos resultados siguen vigentes, según las autoridades.
