Estados Unidos salió maltrecho de su primera incursión por el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde soportó este viernes un escrutinio acucioso de muchos de los 47 estados miembros del organismo y también de países observadores.
Un experto, el director de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos (USHRN, en inglés), Ajamu Baraka, evaluó que, si la delegación de Washington pretendía "reclamar el liderazgo mundial de los derechos humanos, ha fracasado rotundamente".
Las preguntas dirigidas a la delegación de Estados Unidos giraron en torno a violaciones graves de los derechos humanos que se cometen en territorios bajo jurisdicción de ese país y sobre los planes de su gobierno para erradicarlas.
Algunas de las preocupaciones expuestas sobre la situación en Estados Unidos fueron la pena de muerte, la cárcel de su base de Guantánamo en la isla de Cuba, la discriminación racial, la violencia contra inmigrantes, los abusos en la lucha contra el terrorismo, la ignorancia de derechos económicos, sociales y culturales en los campos de la vivienda, la salud y la educación, y la mora en la ratificación de tratados internacionales sobre la materia.
La delegación de Washington, encabezada por la subsecretaria de Estado Esther Brimmer, respondió a gran parte de las preguntas con explicaciones sobre las causas que impiden al país cumplir con las normas internacionales.
En el caso de la pena capital, el asesor jurídico del departamento de Estado, Harold Koh, alegó que la legislación internacional de derechos humanos no prohíbe en general el empleo de ese recurso extremo.
Un representante de Bélgica lamentó que la pena de muerte todavía permanezca vigente en Estados Unidos en el ámbito federal y en por lo menos 35 estados.
El director del departamento legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), Jamil Dakwar, comentó que el gobierno de Barack Obama podría por lo menos abolir la pena capital en la jurisdicción federal que le compete.
Por su parte, la jefa de la misión de Uruguay, Laura Dupuy, recomendó a Estados Unidos que retire la reserva al párrafo del artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe imponer la pena de muerte a quienes hubieran cometido delitos siendo menores de 18 años.
Laura Murphy, directora de ACLU, observó a IPS que durante la sesión del Consejo numerosos países demandaron a Washington que considere como mínimo el establecimiento de una moratoria a la pena de muerte, con miras a su abolición.
La activista, quien siguió los debates del examen periódico universal (EPU) junto con representantes de otras numerosas organizaciones no gubernamentales estadounidenses, llamó la atención sobre las solicitudes de varios países al gobierno de Estados Unidos para que cierre la cárcel de Guantánamo, donde retiene a detenidos acusados de actos terroristas.
Esas demandas fueron acompañadas de pedidos para que se establezcan las responsabilidades de los funcionarios estadounidenses de alto rango que autorizaron la aplicación de torturas, dijo Murphy.
España fue uno de los países que preguntó si el gobierno estadounidense espera proceder en breve al cierre de Guantánamo, "tal y como declaró el presidente Obama" y se interesó también por la suerte de una cincuentena de personas que permanecen en esa prisión sometidos a un régimen de detención indefinida.
Koh respondió que Obama sigue comprometido a clausurar Guantánamo, pero estimó que ese asunto "se ha convertido en algo muy complejo" porque requiere la intervención del Congreso legislativo.
Murphy reseño que en Estados Unidos existen graves problemas de derechos humanos. Se aplican torturas tanto en Guantánamo como en las prisiones en el propio país, a pesar de que el presidente Obama ha repudiado la doctrina legal que las autorizaba, aseguró.
Ante las preguntas sobre el atraso de Estados Unidos en la ratificación de tratados de derechos humanos, Koh expuso la teoría de que algunos países adoptan y ponen en vigor esos instrumentos internacionales, para luego hacer apenas lo posible para aplicarlos.
En cambio, en Estados Unidos se comienza por cumplir con los principios contenidos en esas normas desde las esferas locales, luego en los estados y finalmente, cuando se respetan en el orden nacional, llega el momento de la adhesión al instrumento internacional.
El mismo delegado defendió el empleo de aviones sin tripulación para operaciones de espionaje o lanzar ataques contra blancos terroristas, principalmente en Afganistán. Sostuvo que esas misiones, que han causado víctimas entre la población civil, solo apuntan a eliminar dirigentes terroristas.
Añadió que ese tipo de operaciones se ajustan al derecho internacional vigente.
La delegación de Washington afrontó preguntas incómodas sobre el trato que reciben los inmigrantes. La representación de México recomendó que Estados Unidos prohíba el uso de estereotipos o perfiles raciales en la aplicación de las leyes migratorias.
Un diplomático mexicano aseguró que se realizan detenciones sobre la base de criterios raciales que han derivado incluso en casos en los que ciudadanos de Estados Unidos han sido confundidos con inmigrantes indocumentados y deportados a México.
Murphy mencionó que los reclamos de acciones específicas contra el empleo de estereotipos y de racismo se extienden también al campo de la justicia penal.
Los países demandaron que Estados Unidos se ocupe de la grave crisis humanitaria creada por "las atroces detenciones practicadas en la frontera" contra los inmigrantes, señaló la directora de la ACLU.
Murphy se declaró desilusionada por el nivel de la misión enviada por Estados Unidos y en particular por la ausencia de legisladores. Sin embargo, estimó que puede mejorar su comportamiento en derechos humanos y comprometió el apoyo de ACLU en esa tarea.
Ahora hay un clima político más hostil hacia los derechos humanos, pero el presidente conserva todavía un gran poder para actuar, se ilusionó.
En un resumen de los resultados del EPU de Estados Unidos, Baraka dijo que Washington fracaso en el propósito de convencer al mundo de su historial positivo en los derechos humanos.
Lo que hemos escuchado en Ginebra ha sido una defensa elocuente de la visión de unos Estados Unidos "excepcionales", sostuvo el director ejecutivo de USHRN. Esa visión hace creer que se trata de un país que goza de "estatus especial" que le exime de adaptarse a las normas y estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente, afirmó.
