«Ahora me avergüenza haber firmado los documentos para crear este parque, porque no sabía que moriríamos de hambre en medio del bosque», dijo Mpaka-Mbouiti, líder de la aldea de Loussala, en el Parque Nacional Conkouati-Douli de República del Congo.
En Ngoumbi, otra aldea que se ubica dentro del parque, Célestin Mavoungou expresó: «Los animales son más importantes que nosotros. Nosotros no tenemos derechos, ni siquiera cuando los elefantes destruyen nuestros cultivos, y nuestras quejas ante las autoridades y los conservacionistas no son tomadas en cuenta».
Congo tiene 3,6 millones de hectáreas de zonas de conservación, poco más de 11 por ciento de su superficie total. El gobierno está determinado a fortalecer la protección en estas áreas.
Conkouati Douli cubre medio millón de hectáreas en el sur del país, que se extienden desde el océano Atlántico. Alberga a varias especies amenazadas, entre ellas chimpancés, gorilas y elefantes. Y en la zona ribereña hay una de las reservas más importantes de tortugas marinas.
También es hogar de aproximadamente 3.000 personas que viven de la caza, la pesca y la agricultura.
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El ecosistema del parque está amenazado por la deforestación, la contaminación causada por la industria petrolera y la caza furtiva.
En 1999, cuando finalizó allí un proyecto de conservación financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), los patrullajes contra la caza furtiva cesaron también.
Las organizaciones conservacionistas comprobaron un aumento en la cantidad de cazadores profesionales que mataban a los animales para vender su carne en Pointe-Noire, la segunda ciudad más grande del país.
En noviembre de 2008, Congo aprobó la Ley sobre Naturaleza y Áreas Protegidas, que regula a los parques nacionales y las áreas protegidas.
Esta norma despojó a las comunidades que habitan los bosques de todo derecho de uso dentro de las zonas centrales de conservación, al tiempo que definió áreas periféricas donde se permiten la caza, la pesca y la agricultura.
Los cazadores deben tener un permiso, cuyo costo oscila entre 30 y 100 dólares, dependiendo de qué presa se trate.
Pero los habitantes del lugar dicen que la ley ha causado confusión y dificultades.
«Ni siquiera sabemos dónde están las áreas delimitadas para nuestro uso», entonces «hasta dudamos» en cuanto a si cultivar o no, dijo Mpaka-Mbouiti.
La situación no es diferente en los parques del norte del país. «Los guardabosques no sólo nos prohíben cazar, sino que se meten en la cocina, y van directo a nuestras ollas, para tomar un trozo de carne» y así verificar si se trata de algún animal del bosque, dijo Clémentine, quien vive en Ngombé, cerca del Parque Nacional Nouabalé Ndoki.
Confrontado con estos reclamos, el titular del servicio de conservación y manejo de la naturaleza no sólo justificó la acción del gobierno, sino que emitió una advertencia.
Quienes se quejan son «un grupo de gente testaruda que desafía a los guardaparques. En los debates que mantuvimos antes de firmar los acuerdos que crearon los parques ellos sabían muy bien que estaría prohibido cazar», dijo Pierre Kama.
La organización no gubernamental Wildlife Conservation Society (WCS), con sede en Estados Unidos, ha apoyado los esfuerzos de Congo por crear y manejar parques durante 20 años. Y también rechaza las quejas de los lugareños.
«Es mentira. Nadie puede mostrarnos las aldeas donde ocurra esto», dijo Nazaire Massambe, responsable de comunicaciones en la filial congoleña de WCS.
«Si un guardaparques va a ver por sí mismo lo que hay en la olla de alguna mujer, sin dudas perderá su trabajo. Todo lo que intentamos es impedir la venta de carne de animales del bosque a las ciudades. Pero no el consumo local», añadió.
Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos apoyan a las comunidades forestales.
«No nos oponemos a la conservación, pero lo que está ocurriendo aquí es que los derechos de la población local se violan completamente», opinó Roch Euloge N’zobo, del Observatorio Congoleño de Derechos Humanos.
El gobierno reconoce que cometió errores, y anunció algunas revisiones a la implementación de la Ley sobre Naturaleza y Áreas Protegidas.
«Tenemos que admitir que en el pasado las comunidades forestales no participaban. Pero con la implementación de los planes de manejo será necesario crear comités de conservación», señaló Kama.
Uno de esos comités funciona desde 2009 en el norteño distrito de Sangha, donde las comunidades llevan a cabo proyectos para resolver problemas de transporte en particular.
«El gobierno es responsable, considera cuidadosamente los derechos de uso de las comunidades afectadas», dijo Joseph Moumbouilou, encargado de investigaciones y proyectos en el Ministerio de Desarrollo Sustentable.
Para WCS, las poblaciones locales son en realidad las principales beneficiarias de los esfuerzos de conservación.
«Empleamos a más de 300 agentes, y la mayoría procede de estas comunidades», dijo Massamba, agregando que en la norteña localidad de Bomassa, cerca del Parque Odzala Kokoua, los estudiantes reciben educación gratuita.
Estas comunidades también tienen acceso a una tienda donde pueden comprar alimentos básicos con descuentos. El manejo de este parque, que con 1,5 millones de hectáreas es el más importante del país, acaba de ser confiado a una empresa sudafricana: The African Parks Network.
En la aldea de Ntandou Ngoma, cerca del Parque Conkouati Douli, la comunidad accede a agua potable, canales de televisión y antenas satelitales gracias a organizaciones conservacionistas.
«Es una cortina de humo: las comunidades verdaderamente no han ganado nada. La conservación sólo ha alienado sus derechos, y también las ha empobrecido», dijo N’zobo.
«Estamos en proceso de trazar mapas con la participación de la población local, para que sus áreas de actividad puedan ser claramente definidas y garantizadas», expresó.
El tono es confrontativo, pero el resultado no tiene por qué serlo. Daniel Akouele-Oba, presidente del Movimiento de Jóvenes Congoleños para la Reflexión y el Análisis, subrayó el punto esencial.
«La protección y conservación de la biodiversidad sólo tendrán éxito con la participación de las comunidades locales», sostuvo.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
