La Unión Europea (UE) se resiste a endurecer sus controles al comercio de químicos usados en torturas o ejecuciones, a pesar de la polémica causada por una firma británica que exportó pentotal para la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
En la última semana de octubre, Jeffrey Landrigan, acusado de un asesinato en 1989, fue ejecutado por las autoridades del sudoccidental estado estadounidense de Arizona.
El fiscal general estadual reveló que el pentotal usado había sido importado de Gran Bretaña debido a que la sustancia escaseaba en Estados Unidos.
El pentotal es un barbitúrico empleado como anestésico, pero en Estados Unidos es también utilizado en un cóctel, con cloruro de potasio y bromuro de pancuronio, para ejecutar a los condenados por inyección letal.
Opositores a la pena de muerte lanzaron una campaña para que la UE hiciera más severas sus regulaciones a la exportación de químicos como el pentotal.
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Sin embargo, la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, se resiste a revisar las reglas vigentes desde 2005, arguyendo que esas drogas también tienen aplicaciones médicas.
Consultado sobre si las autoridades en Bruselas investigarían el caso de la sustancia exportada desde Gran Bretaña a Arizona o examinarían cómo endurecer las regulaciones, un portavoz de la Comisión señaló que, si bien el órgano se oponía a la pena de muerte, reconocía que el pentotal era "ampliamente usado" como anestésico.
"La UE tiene reglas que prohíben el comercio de bienes usados para la pena de muerte, la tortura y los maltratos, así como el suministro de asistencia técnica relacionada con esos artículos", dijo el portavoz a IPS.
"Sin embargo, el pentotal no está en la lista de artículos prohibidos o controlados. Está en cambio en la nómina de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud", añadió.
Pero, si bien el químico no es explícitamente mencionado, las regulaciones de 2005 impiden el comercio de insumos para "sistemas de inyección automáticos diseñados para la ejecución de seres humanos a través de la administración de un compuesto químico letal".
Otra alternativa que manejan los activistas es que el pentotal pase a ser considerado sustancia controlada. De esta manera, podría ser exportado solamente a hospitales y clínicas.
El director del estadounidense Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, sostuvo que se deberían examinar diversas vías para fortalecer las regulaciones.
"No quiero pensar que a una compañía le gustaría estar vinculada con el uso de su droga para ejecutar gente", dijo. "Es algo similar a extraditar a alguien que será sometido a la pena de muerte".
La organización humanitaria Reprieve, con sede en Londres, anunció esta semana que demandaría al gobierno británico por las exportaciones de pentotal. El grupo ya había realizado un llamado a regular el comercio de esa droga.
Sin embargo, el secretario de Estado de Comercio e Innovación de Gran Bretaña, Vince Cable, rechazó el llamado, señalando que si Estados Unidos no compraba los barbitúricos británicos, sencillamente los encontraría en otro lugar.
"Una restricción a las exportaciones de Gran Bretaña tiene muy pocas probabilidades de impedir una ejecución en Estados Unidos, ya que la droga está generalmente disponible en todo el mundo", escribió Cable en una carta a los abogados de Reprieve.
La organización defiende a Ed Zagorski, quien será ejecutado en enero próximo en el sudoriental estado de Tennessee, donde también hay escasez de químicos letales para realizar ejecuciones. Otros son Kentucky (este), Oklahoma (sur) y Missouri (centro).
Zagorski tenía apenas 28 años cuando fue enviado a prisión, y ahora está por cumplir 56. Fue condenado a la pena máxima acusado de haber asesinado a dos traficantes de drogas en 1983. Él asegura ser inocente.
Solamente una compañía en Gran Bretaña fabrica pentotal, la Archimedes Pharma UK. La firma insiste en que no controla el uso que le dan sus clientes a sus productos, y negó haberlos provisto sabiendo que serían empleados en ejecuciones.
Sin embargo, está confirmado que Arizona compró suficientes paquetes de la droga en Gran Bretaña para realizar cuatro ejecuciones. Las autoridades estaduales reconocieron que obtuvieron el químico en ese país europeo, pero se negaron a revelar el fabricante.
Una corte local estadounidense había exigido a las autoridades de Arizona que informaran cuál era su proveedor, pero éstas apelaron a la Corte Suprema, que falló a su favor y pudieron mantener la confidencialidad.
Nycomed, otra fabricante europea de pentotal, aseguró que no exportaba el químico a Estados Unidos.
Mientras, la organización Amnistía Internacional llamó a la Comisión Europea a ofrecer "urgentes garantías" para que la droga producida en el bloque no sea utilizada en ejecuciones.
