Un tratado internacional para el uso seguro de la biotecnología acaba de nacer en Japón, pero los países en desarrollo sostienen que el desafío radica en cómo llevarlo a la práctica.
Funcionarios de 116 países aprobaron el Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación, complementario del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, en la ciudad japonesa de Nagoya, donde el viernes finalizó una reunión de éste último.
Después de todo, insumió seis años elaborar el Protocolo antes de adoptarlo, en una de las reuniones intergubernamentales más grandes sobre el uso seguro de la biotecnología moderna.
Las negociaciones sobre bioseguridad se realizaron previo a debates más internacionales que tendrán lugar en esta ciudad japonesa en el marco de la 10 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se iniciará el día 18, y en el Año Internacional de la Diversidad Biológica.
El nuevo protocolo complementario brinda reglas y procedimientos internacionales que los países podrán utilizar en casos de daños ambientales a la biodiversidad que hayan sido causados por la importación de organismos vivos modificados.
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"Ésta es una ocasión muy histórica
Estamos muy felices de que el mundo haya reconocido la necesidad de responsabilidad y compensación", dijo Gurdial Singh Nijar, director del Centro de Excelencia para el Derecho sobre Biodiversidad en la University of Malaya.
"Malasia comenzó todo este proceso", agregó.
"Asia-Pacífico da la bienvenida a este bebé recién nacido en Nagoya, y está lista para avanzar ( ) en la implementación del nuevo protocolo", señaló Sebastian Marino, de la oficina del presidente de Palau, uno de los dos funcionarios encargados de representar a la región.
El tratado estará abierto a que los gobiernos los firmen, y entrará en vigor 90 días después de ser ratificado por al menos 40 partes del Protocolo de Cartagena, del que es complementario.
A su vez, el Protocolo de Cartagena es complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Pero las preocupaciones de los funcionarios de la región, compartidas por otros países en desarrollo, también se hicieron evidentes.
Ahora que hay un marco legal que refleja un consenso internacional, es tiempo de ver cómo se asignarán recursos a su implementación más allá de la oratoria de la conferencia, dijeron.
Con palabras que se destacaron en medio de unos discursos de clausura ampliamente elogiosos, Marino explicó: "Hay asuntos serios que requieren consideración prioritaria y acción urgente, (que incluyen la asistencia) en el desarrollo de capacidades, recursos humanos e infraestructura".
"Además, al grupo de Asia-Pacífico le gustaría subrayar la importancia de las consideraciones socioeconómicas", agregó.
Marino se refirió así al derecho de los gobiernos a negarse a importar un producto genéticamente modificado si se percibe que, al dañar la biodiversidad, daña el bienestar socioeconómico del país o la comunidad en la que se está introduciendo.
Ésta es una opción de veto que a muchos grupos de intereses les gustaría desapareciera de la atención pública.
De hecho, un murmullo de aprobación pudo sentirse en la sala de conferencias donde se encontraban los delegados africanos, quienes temían que en esta conferencia se apagara el debate sobre este tema.
Somaly Chan, directora del Departamento de Convenios Internacionales y Biodiversidad en el Ministerio de Ambiente de Camboya, dijo que "éste es un buen resultado y un gran logro".
"Estamos satisfechos, pero en realidad solamente entre 80 y 90 por ciento. Todavía tenemos grandes preocupaciones en cuanto a crear conciencia pública, y nos preocupan los recursos financieros. Sin capacidad no podemos implementar efectivamente el Protocolo", declaró a IPS.
Es obligatorio que los firmantes del Protocolo contribuyan con el fondo común, que se usa para financiar el presupuesto central. "Las partes deben hacer esto. No hay escapatoria", resumió la representante europea Lucette Flandroy.
En esta conferencia, ese presupuesto central creció, pero apenas levemente en relación a hace dos años.
"Los europeos culpan a la crisis hipotecaria", dijo un avezado observador, nativo de ese continente. "Resulta interesante verlos alegando pobreza en esta sala".
Cuando se agote el presupuesto central del Protocolo, a los países en desarrollo sólo les quedará buscar contribuciones voluntarias de otros miembros y donantes.
Lidera esta iniciativa el gobierno de Noruega, que hasta el último día de la conferencia se comprometió a donar 75.000 dólares para ayudar a estimular la capacidad de los países pobres para cumplir con el Protocolo.
El movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados plantea cuestiones que todos los gobiernos, ricos o pobres, deben resolver.
"Cuando consideramos importar organismos genéticamente modificados a Noruega, por supuesto consideramos los efectos ambientales, sanitarios y éticos, pero también los socioeconómicos. Es decir, ¿cuáles serán los efectos sobre el desarrollo sostenible? Ése es un tema que no hemos resuelto del todo, incluso en Noruega", dijo a IPS Casper Linnestad, asesor del Ministerio de Ambiente de ese país.
Aparte de la cuestión de los fondos, los países más pobres y los más pequeños tienen que comprender los detalles del nuevo tratado, a fin de usarlo para proteger sus intereses.
"Es muy importante para nosotros, y esperamos que los medios de comunicación nos ayuden a difundir la noticia de este tratado a los países menos adelantados y a las pequeñas islas de nuestra región", señaló Somaly.
Linnestad dijo que "hay muchos asuntos importantes que son muy difíciles de resolver, porque hay muchos puntos de vista diferentes".
"Ponerse de acuerdo en todas estas decisiones es realmente un logro", opinó.
