Un informe que denuncia una larga lista de violaciones a los derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC) ha generado una gran polémica en toda la región de los Grandes Lagos.
La investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona más de 600 casos ocurridos entre marzo de 1993 y junio de 2003, y responsabiliza a Burundi, Ruanda y Uganda.
"Pocos civiles congoleños y extranjeros en el territorio de la RDC han logrado escapar de la violencia. Muchos fueron víctimas de asesinatos, mutilaciones, violaciones, desplazamiento forzado, saqueos, destrucciones de propiedad o violaciones a los derechos sociales y económicos", indica el informe, divulgado el viernes.
"Aparte de su contribución histórica a la documentación de las violaciones y a la constatación de hechos durante ese periodo, el propósito último de este inventario es proveerle a las autoridades congoleñas elementos para ayudarlas a decidir sobre el mejor enfoque para hacerle justicia a las muchas víctimas, y combatir la propagada impunidad de esos delitos", añade.
El experto legal congoleño Charles-M. Mushizi, que trabajó en la investigación liderada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que su publicación coincidía con los preparativos para las elecciones generales en la RDC en 2011.
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La respuesta de las autoridades al informe será una medida de su futuro compromiso con la defensa de los derechos humanos, sostuvo.
Mushizi subrayo la necesidad de "fortalecer un sistema judicial que continúa rindiéndose a la voluntad del parlamento y del Poder Ejecutivo, y que no cuenta con recursos materiales para funcionar en forma adecuada y responder a las demandas de las víctimas".
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la RDC, Emmanuel Luzolo Bambi, aseguró que el gobierno haría "todo lo posible para llevar a los responsables ante los tribunales y para obtener una compensación para las víctimas".
Entre los acusados de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad están los gobiernos de Burundi, Ruanda y Uganda, tres países cuyas fuerzas armadas estuvieron involucradas en diferentes conflictos que azotaron la RDC entre 1995 y 2003.
Uganda rechazó el informe en un comunicado oficial, señalando que sus conclusiones se basaban simplemente en declaraciones de organizaciones no gubernamentales, y que debió haber sido consultada antes de su publicación.
Por su parte, Burundi y Ruanda también criticaron la investigación. Sus respectivas cancillerías alertaron que la ONU ponía en riesgo la integración y la reconciliación en los Grandes Lagos.
Varios estudiantes ruandeses que cruzan la frontera cada día para asistir a una universidad en la ciudad congoleña de Bukavu opinaron que el informe era una conspiración contra su país.
El estudiante Dusabu Muremi no ocultó su malestar a IPS: "La Monusco (fuerza internacional de estabilización) y la ONU le han fallado a la RDC y al mundo. Deberían dejarnos solos para que construyamos nuestro país en lugar de distraernos".
El gobierno ruandés, que había amenazado con retirar sus tropas de las misiones de paz de la ONU en Sudán si se publicaba el informe, sostuvo que el documento era peligroso. El reporte "es un fracaso moral e intelectual, y un insulto a la historia", dijo a periodistas la canciller de ese país, Louise Mushikiwabo.
Ruanda, que sufrió un genocidio en 1994, se niega a aceptar que su ejército pueda ser acusado de masacres similares en la RDC.
La solidez del informe reside en su metodología: expertos en derechos humanos entrevistaron a más de 1.200 testigos en toda la RDC y excluyeron los casos que no pudieron ser corroborados por al menos dos fuentes independientes.
Alan Stam, profesor de ciencia política en la estadounidense Universidad de Michigan y quien realizó una extensa investigación sobre el tema en la región de los Grandes Lagos, sostuvo que el informe podía cambiar la imagen internacional del presidente ruandés Paul Kagame.
"Es el mayor y más sistemático esfuerzo para catalogar los abusos que han ocurrido en la RDC y relacionarlos con personas vinculadas al RPF (Frente Patriótico Ruandés)", sostuvo.
Los acontecimientos son bien conocidos, pero el informe los presenta de forma sistemática para poder procesar a los perpetradores, señaló.
Kagame ha sido elogiado internacionalmente por haber terminado con el genocidio en Ruanda y por estabilizar el país desde que el RPF llegó al poder en 1994, así como por sus progresos hacia los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
Pero grupos de derechos humanos han acusado a su administración de reprimir a los medios independientes y a la oposición política.
Martin Nesirky, portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el informe era un ejercicio preliminar para poner fin al ciclo de impunidad.
"Depende de la RDC elegir sus opciones. La ONU y su informe simplemente intentan ayudar en un proceso que obviamente no ha tenido éxito hasta ahora. Todo se trata de ayudarlos a romper este ciclo", afirmó.
