«Tenía miedo. Cuando miré, todas las madres habían terminado de dar a luz, y yo aún estaba allí. Mi sangre se había secado y cubría todo mi cuerpo», contó Lisa, una madre filipina de 19 años, casada y con tres hijos, al recordar su traumática experiencia.
Lisa presentaba una grave hemorragia cuando fue trasladada de urgencia al Centro Médico Gat Andres Bonifacio Memorial, una semana después de sufrir fiebre, dolor severo y sangrado como consecuencia de intentar inducir un aborto bebiendo brandy y vino de quina.
Este fue uno de los casos citados en el informe "Vidas abandonadas: el nocivo impacto de la prohibición del aborto en Filipinas", publicado en agosto por el Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), con sede en Nueva York.
Se trata del primer estudio completo sobre los efectos de la ley que prohíbe la interrupción del embarazo en este país mayoritariamente católico de Asia sudoriental.
Según el informe de 126 páginas, resultado de dos años de investigación, Lisa sufrió varios abusos cuando procuró atención médica: fue atada, su privacidad fue violada y recibió insultos de parte de médicos y enfermeras que amenazaron con denunciarla a la policía por haber abortado.
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Cada año, añadió el informe, 560.000 mujeres filipinas recurren al aborto, 90.000 sufren complicaciones y 1.000 mueren por métodos crueles y extremadamente dolorosos, practicados por parteras tradicionales.
Algunas de estos son masajes abdominales intensos, la introducción de catéteres en el útero y el consumo no supervisado por un médico de Cytotec, medicamento que contiene misoprostol e induce las contracciones uterinas, así como la ingestión de hierbas y brebajes preparados por vendedores callejeros.
Las complicaciones relacionadas con el aborto se ubican entre las 10 razones de la hospitalización de mujeres en este país de 94 millones de habitantes, lo que hace de este fenómeno una preocupación para las autoridades de salud.
La población filipina crece a un ritmo de 1,96 por ciento anual, y su tasa total de fertilidad es de 3,23, esto es, un promedio de tres hijos por mujer. Hay unos dos millones de nacimientos cada año.
Defensores de la salud señalan que la prohibición del aborto deja pocas opciones a las mujeres con embarazos no deseados que recurrir a clínicas clandestinas.
En la cultura católica, la interrupción del embarazo carga un fuerte estigma social, y los anticonceptivos son motivo de polémica.
La discusión pública queda atrapada en argumentos morales, particularmente por parte de la poderosa Iglesia Católica, que objeta las iniciativas de salud reproductiva.
"Los abortos continúan y aquí estamos", dijo Florence Tadiar, presidenta del Instituto para Estudios Sociales y Acción, que defiende los derechos de salud de las mujeres.
La experta señaló que el diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno se ha centrado particularmente en la educación sexual y en la paternidad responsable, pero se eluden temas clave como la necesidad de una ley sobre salud reproductiva.
"Nosotros en las organizaciones de la sociedad civil también queremos hablar porque deseamos explicar que el proyecto de ley evita (que las mujeres opten por los) abortos, pero no quieren ponerse a nuestro nivel" para dialogar, señaló.
Pocos días después de que fuera divulgado el informe del CRR, el arzobispo Oscar Cruz afirmó: "La anticoncepción impide la vida".
"No hay una ley específica en el país que atienda este problema de salud pública", dijo Clara Rita Padilla, directora ejecutiva del grupo EnGendeRights.
El CRR señala que Filipinas es uno de los pocos países que prohíben y castigan penalmente el aborto sin reconocer excepciones legales, como por ejemplo si el embarazo supone un riesgo para la salud de la mujer, si ésta ha sido víctima de una violación o si el feto presenta una discapacidad grave.
"El gobierno filipino ha creado una dura crisis de derechos humanos", dijo la presidenta del CRR, Nancy Northup, en una declaración al divulgar el informe.
"Miles de mujeres recurren al aborto para proteger su salud, sus familias y su sustento. Sin embargo, el gobierno se queda ocioso negándose a encarar el problema o reformar las políticas que lo exacerban", indicó.
Melissa Upreti, consejera legal del CRR para Asia, dijo que muchos países con mayoría católica penalizan la interrupción del embarazo, pero Filipinas se destaca por tener una legislación extremadamente severa.
"La ley ha creado un ambiente de juicio y estigma. Las mujeres que buscan tratamiento al sufrir complicaciones en el aborto por lo general son acosadas y sufren abusos por parte de trabajadores de la salud, o reciben un tratamiento de menor calidad", señaló.
Este país, ex colonia española, se rige por una ley "anticuada" aprobada en 1887 y reproducida en el Código Penal Revisado de 1972, que castiga el aborto sin ninguna excepción, explicó el ex juez Alfredo Tadiar, presidente de la Organización por el Desarrollo Internacional del Derecho.
