Las últimas redadas de agentes federales en hogares y oficinas de pacifistas son consideradas por defensores de las libertades civiles como una nueva prueba de que Estados Unidos se convierte en un «Estado de vigilancia», donde el derecho a la privacidad y otras protecciones constitucionales desaparecen.
El periódico Minneapolis Star Tribune informó que los allanamientos eran parte de una investigación sobre "actividades relacionadas con apoyo material al terrorismo". Ninguna persona fue detenida.
El portavoz del FBI, Steve Warfield, dijo a periodistas que las operaciones fueron realizadas alrededor de las siete de la mañana. Abogados señalaron que los agentes se incautaron de computadoras, teléfonos celulares y documentos de los activistas.
"El continuado y escandaloso acoso a pacifistas, ambientalistas y otros activistas y disidentes bajo la administración de (Barack) Obama en éste y en otos casos
es inexcusable y debe parar", dijo a IPS el presidente del independiente Comité de Defensa de la Carta de Derechos, Chip Pitts.
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"Esto confirma la urgencia de que simpatizantes de todos los partidos, de todas las edades y de todos los sectores de opinión se unan a la comunidad por las libertades civiles en esfuerzos para resistir al emergente Estado de vigilancia y para restaurar las protecciones constitucionales", añadió.
Pitts indicó que las garantías individuales "se diluyeron con la Ley Patriota y otras similares aprobadas en el miedo políticamente manipulado luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre" de 2001 en Nueva York y Washington.
Activistas dijeron al periódico de Minneapolis que los allanamientos "los sorprendieron". Uno de ellos, Mick Kelly, jugó un papel central en las manifestaciones frente a la Convención Nacional Republicana de 2008 en la norteña ciudad de Saint Paul.
Consultado por el Minneapolis Star Tribune si estaba involucrado en alguna actividad ilegal, respondió: "Absolutamente no".
Ted Dooley, abogado de Kelly, dijo al diario que los cateos fueron en realidad parte de "una investigación sobre las opiniones políticas de ciudadanos estadounidenses y de cualquier organización que se oponga al designio imperialista" de Washington.
Además, explicó que las órdenes de allanamiento se basaron en una ley federal que considera delito proveer o conspirar para proveer apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
Supuestamente se investigaban vínculos con grupos terroristas en los territorios palestinos y en Colombia.
Los activistas recibieron citaciones para comparecer ante un jurado federal el mes próximo en Chicago. También se emitieron citaciones en Michigan (noreste) y Carolina del Norte (este).
Luego de las redadas, organizaciones pacifistas y similares comenzaron a preparar su respuesta. El lunes, unas 150 personas se reunieron fuera de las oficinas del FBI en Minneapolis, algunas con carteles que rezaban: "Oponerse a la guerra no es un crimen".
Están previstos otros allanamientos en distintas partes del país este martes.
Los activistas investigados por el FBI aseguraron no haber cometido ningún delito y anunciaron que continuarían oponiéndose a la política estadounidense en Medio Oriente y América del Sur.
Mientras, el periódico The New York Times informó el lunes que el gobierno de Obama preparaba un proyecto de ley para facilitar que los servicios de inteligencia interceptaran comunicaciones e información en Internet, incluyendo mensajes de correo electrónico y contenido privado en redes sociales.
La Casa Blanca prevé presentar el texto ante el Congreso legislativo el año que viene. La nueva ley requeriría a todos los servicios por Internet ser técnicamente capaces de permitir la interceptación de las comunicaciones por parte de las autoridades federales en caso de una orden, informó el diario.
Los servicios de correo electrónico a través de teléfonos móviles inteligentes como BlackBerry, las redes sociales en la web como Facebook y programas de llamadas por Internet como Skype podrían ser sometidos a vigilancia.
