Dos de las más influyentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de Estados Unidos presentaron una demanda cuestionando la autoridad del gobierno para realizar «asesinatos selectivos» de ciudadanos estadounidenses en zonas de conflicto.
La Unión para las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) afirman que el gobierno de Barack Obama se atribuye autoridades muchos más amplias de lo que le conceden la Constitución y el derecho internacional.
Las organizaciones arguyen que, "fuera de un conflicto armado, tanto la Constitución como el derecho internacional prohíben los asesinatos selectivos a excepción de que sean como último recurso para protegerse de concretas, específicas e inminentes amenazas de muerte o de graves daños".
"Una política de asesinatos extrajudiciales por la cual los nombres son añadidos a las listas de la muerte de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y de los militares a través de un proceso ejecutivo secreto y mantenidos allí por meses es algo claramente que no está limitado a amenazas inminentes", señalaron.
El CCR y ACLU fueron contratados por Nasser Al Awlaki para presentar la demanda en conexión con la decisión del gobierno de autorizar el asesinato selectivo de su hijo, el estadounidense Anwar Al Awlaki, incluido en las listas de la muerte de la CIA y del Departamento de Defensa.
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La demanda pide a la justicia que declare ilegal el uso de la fuerza letal lejos del campo de batalla y sin ningún proceso judicial, y que prohíba al gobierno realizar asesinatos selectivos a excepción de los casos contemplados en la Constitución.
También pide al tribunal que le obligue al gobierno revelar los criterios que utiliza para incluir a ciudadanos estadounidenses en las "listas de la muerte".
Anwar al Awlaki, de 39 años, nació en Las Cruces, en el meridional estado de Nuevo México, y es un conferencista islámico con doble ciudadanía estadounidense y yemení.
Es también un líder espiritual y ex imán acusado de haber inspirado a terroristas islámicos. Tres de los atacantes suicidas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington habrían asistido a sus sermones.
La demanda fue presentada esta semana contra la CIA, el Departamento de Defensa y el presidente de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
De acuerdo con la acción legal, el gobierno no ha revelado los criterios que utiliza para autorizar el asesinato premeditado y deliberado de ciudadanos estadounidenses ubicados lejos del campo de batalla. Los activistas sostienen que el público tiene derecho a saber las razones para este tipo de decisiones.
"Estados Unidos no puede simplemente ejecutar a las personas, incluyendo a sus propios ciudadanos, en cualquier lugar del mundo basándose en su propia opinión", dijo el director ejecutivo del CCR, Vince Warren.
"La ley prohíbe al gobierno matar a alguien sin juicio y sentencia previa, a menos que se trate de una amenaza inminente que no dé tiempo para la deliberación o el debido proceso", explicó.
"Que el gobierno incluya a personas en listas de la muerte después de un proceso burocrático y las mantenga allí por varios meses va en contra de la Constitución y del derecho internacional", añadió.
Los activistas alertan que personas inocentes podrían ser víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos detuvo a muchas personas acusadas de terrorismo, pero más tarde tribunales concluyeron que la evidencia no era sólida.
Michael Leiter, director del Centro Nacional Contraterrorista, defiende el derecho de Washington a asesinar a ciudadanos que considere una amenaza, y cita como principal ejemplo a Al Awlaki.
Leiter no ha mencionado expresamente si Al Awlaki estaba en la lista, pero otro alto funcionario en el gobierno de Obama confirmó que el clérigo era uno los objetivos.
Gran parte de la discusión hasta el momento se ha concentrado en la constitucionalidad de los asesinatos. Pero la carta magna no es la única en juego, sino también las leyes sobre la guerra.
"No es tan importante si el objetivo es un ciudadano" estadounidense, explicó a IPS la activista Daphne Eviatar, de la organización Human Rights First.
"El problema con el programa de aviones no tripulados del gobierno es que no le ha dado al público la suficiente información para determinar si está cumpliendo con esos requisitos legales", sostuvo.
"El hecho de que alguien sea sospechoso de tener vínculos con (la red radical islámica) Al Qaeda o incluso apoyarla no lo convierte en miembro de una fuerza extranjera que lucha contra Estados Unidos", añadió.
