La justicia militar de Egipto condenó a ocho civiles, empleados de una fábrica del ejército, por protestar contra las condiciones de seguridad de las instalaciones.
"Desde el comienzo fue un juicio injusto", señaló el lunes tras conocerse el veredicto Adel Zakaria, portavoz del independiente Centro de Servicios para Trabajadores y Sindicatos.
"Los trabajadores civiles no deben ser procesados por la justicia militar, que incluye disposiciones que violan las garantías legales y constitucionales que los protegen", explicó.
Los ocho trabajadores de Helwan Engineering Industries Company fueron acusados de detener la producción de forma deliberada, dañar bienes de la compañía y agredir a funcionarios públicos cuando el 3 de este mes ocuparon la fábrica.
La protesta siguió a la explosión de un cilindro de nitrógeno, que mató a un trabajador e hirió a seis más, en las instalaciones ubicadas en el sur de El Cairo.
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"Los trabajadores acusaron a la compañía de negligencia", señaló el abogado defensor Hafez Abu Seada. "Fue una disputa en la que participaron trabajadores civiles en una fábrica militar. El asunto debió ser procesado por un tribunal civil", remarcó.
Los tribunales castrenses suelen ocuparse de casos relacionados con la seguridad nacional. Las sentencias suelen ser rápidas, duras y no se pueden apelar.
Los juicios militares elevan la importancia del delito de forma injusta y socavan severamente la capacidad de la defensa legal, critican activistas de derechos humanos.
Los abogados defensores no pudieron hacerse de una copia de las actas del proceso, que comenzó el 22 de este mes, y sólo pudieron leer algunas partes en las sesiones a puertas cerradas.
"El tribunal rechazó las solicitudes de los abogados defensores de copiar los documentos del caso, alegando que podían contener secretos militares", indicó Zakaria.
El tribunal encontró a cinco de los imputados culpables de dañar los equipos de la fábrica y los sentenció a entre seis meses y un año de cárcel, además de pagar una multa equivalente a unos 175 dólares, cada uno. Además, tres trabajadores fueron declarados inocentes.
Los ocho implicados fueron absueltos de detener el trabajo y de agredir al presidente de la fábrica, que es un funcionario público.
La justicia también desestimó los cargos de "revelar secretos militares" contra uno de los imputados que ofreció información sobre las normas de seguridad de la fábrica a un sitio de Internet opositor.
"Las condenas fueron menos severas de lo esperado", dijo a IPS Abu Seada. "Pero en definitiva, el juicio es un claro mensaje político a los trabajadores de fábricas militares sobre que no se tolerarán protestas", añadió.
No es común que la justicia castrense procese civiles. Pero muchos activistas recordaron que en 1952 dos trabajadores del septentrional pueblo de Kafr el-Dawar fueron derivados a un tribunal militar por hacer una huelga en reclamo de incentivos y mejores salarios. Los dos hombres fueron declarados culpables de tratar de derrocar al régimen y, luego, ejecutados.
Organizaciones de derechos humanos temen que el gobierno recurra a la amenaza de realizar juicios militares para eliminar el creciente movimiento de trabajadores.
"Hay miles de protestas, huelgas y ocupaciones, en el sector privado y público, en reclamo por el alto costo de vida, mejores salarios y condiciones laborales adecuadas", reza un comunicado de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
"En ese contexto preocupa la última decisión de pasar una disputa civil a la orbita militar", añade.
La Organización Internacional del Trabajo colocó en junio a Egipto entre los 25 países donde más se violan los derechos laborales. Las condiciones se deterioran, apuntó. Además, el gobierno viola beneficios sindicales.
El Centro de Derechos Sociales y Económicos registró 478 protestas en 2008, entre las que hubo 184 ocupaciones, 123 huelgas y 106 manifestaciones. La mayoría de las movilizaciones fueron por aumento de salarios y condiciones laborales deplorables.
Los trabajadores de Helwan Company for Engineering Industries alegaron que la gerencia de la empresa ignoró en reiteradas oportunidades sus quejas sobre las malas condiciones de la fábrica.
"En vez de procesar a los trabajadores por lo que, al parecer, ser reclamos legítimos respecto de su seguridad laboral, las autoridades egipcias deberían esforzarse al máximo por mejorar la seguridad laboral", añadió el comunicado de Amnistía Internacional.
